Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia

El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.

En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.

El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.

En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.

En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.

La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.

La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:

  • Asociación Un Nuevo Camino
  • Alianza Libres Sin Violencia
  • Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
  • Comunidad de Derechos Humanos
  • Coordinadora de la Mujer
  • Fundación CONSTRUIR
  • Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
  • Construyendo Redes para el Desarrollo
  • Asociación de Personas Transgénero de La Paz
  • Asamblea Permanente de Derechos Humanos
  • Fundación Tribuna Constitucional

El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.

Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.

Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional

El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.

Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.

Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.

Bolivia, 16 de junio de 2017.

 

 



El proyecto de Código del Sistema Penal está en el Legislativo para su debate.

El actual Código Penal prevé una pena máxima de dos años de cárcel.

El proyecto de ley del Código del Sistema Penal plantea nueve excepciones para la despenalización del aborto. Esta nueva norma  difiere del actual Código Penal que considera un delito que es castigado con hasta seis años de prisión.
 
El parágrafo V del artículo 157 del documento que está en la Asamblea Legislativa  Plurinacional señala que  "no constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer y concurran cualquiera de las siguientes circunstancias”.
 
Cuando: "1) se realice durante las primeras ocho (8) semanas de gravidez, por única vez y además la mujer: a) se encuentre en situación de calle o pobreza extrema; b) no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia; c) sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención o d) sea estudiante”.
 
Además,  la norma permite la interrupción del embarazo "2) en cualquier etapa de la gestación cuando: a) Se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, b) se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada, c) se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, d) El embarazo sea consecuencia de violación o incesto; o, e) la embarazada sea niña o adolescente”.
 
El proyecto también indica que "el sistema nacional de salud deberá precautelar la libre decisión, la salud y la vida de la mujer, no podrá negar la interrupción del embarazo ni su atención integral en los casos previstos en el parágrafo precedente alegando objeción de conciencia y estará obligado a mantener el secreto profesional”.
 
Además, detalla que "el único requisito para la interrupción del embarazo en los casos señalados en el parágrafo precedente será el llenado de un formulario de constancia del consentimiento informado de la mujer y el señalamiento de la causal y circunstancias de su decisión, sin necesidad de otro trámite, requisito o procedimiento previo de ninguna naturaleza”.
 
La directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Tania Nava, opina que se debería ampliar  la interrupción del embarazo de ocho a 12 semanas. 
 
"Si no podemos ampliar este lapso de tiempo estaríamos en un escenario conservador (...)
 
Creemos que un término para hablar de la despenalización parcial en determinadas causales
debería ser de un mínimo de 12 semanas”, declaró.
 
    Sin embargo, mencionó que el objetivo de su organización era la despenalización total y que la norma no esté en el Código Penal; de lo contrario, sea manejado como un tema de salud pública.
 
Sobre las causales, Nava las calificó de "pertinentes”. "Tras un análisis de la realidad en Bolivia, incorpora todos aquellos problemas que ocasionan que las mujeres deban recurrir a una interrupción del embarazo”, afirmó la activista.
 
Obligación de denunciar
 
El artículo 503 da cuenta que tendrán la obligación de denunciar "los funcionarios y servidores públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones; y,  los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier rama de las ciencias médicas”.
 
Sin embargo, aclara que la denuncia "dejará de ser obligatoria si diera lugar a la persecución penal propia, del cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional”. El proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Constitución para su tratamiento.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en grande y en detalle, el proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, que entre otras cosas plantea que los informantes antidroga se beneficien con hasta el 5% del valor de lo confiscado.

La aprobación se produjo esta madrugada, tras un prolongado debate que había comenzado ayer. La norma pasó al Senado para su tratamiento y podría ser sancionada hasta la próxima semana, según proyectó el presidente de esa cámara, José Alberto Gonzáles.

El proyecto, que forma parte de las tres normativas que reemplazarán a la polémica Ley 1008, vigente desde hace 29 años, también prevé la legalización de las escuchas telefónicas para el combate contra el narcotráfico.

Los otros dos instrumentos legales son la Ley de la Coca, sancionada el miércoles por el presidente Evo Morales, y el nuevo Código del Sistema Penal, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados.

El proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas contiene 124 artículos, divididos en 5 capítulos y 11 disposiciones transitorias e incluye pequeños cambios al primer documento, aunque mantiene innovaciones respecto a la Ley 1008, como el pago a informantes, escuchas telefónicas y la extinción de dominio de bienes, informa La Razón en su edición impresa de este viernes.

Detalla, por ejemplo, que en el artículo 9 del documento se plantea la entrega de una remuneración económica a las personas que entreguen información “oportuna y fidedigna” sobre una determinada actividad del narcotráfico.

El monto de pago se encuentra fijado en el parágrafo III del artículo 63 del proyecto, que sugiere que “hasta el cinco por ciento (5%) de los recursos destinados a la UELICN (Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico) podrán ser asignados al pago de informantes”.

Esta figura no se encuentra contemplada en la Ley 1008. (10-03-2017)

Con la propuesta de Chuquisaca de incluir a las organizaciones sociales en tareas de seguridad ciudadana, ayer, jueves, se inauguró la precumbre de la región de los Valles, que concluirá hoy, viernes, a mediodía.

Representantes del Ministerio de Gobierno, Comando General de la Policía, comandos departamentales, gobernaciones y municipios de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca se reúnen en el Salón de Convenciones de la Gobernación de Chuquisaca en la precumbre de seguridad ciudadana de cara a la cumbre nacional, que se realizará la próxima semana en Potosí.

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, durante el acto de inauguración, dijo que la labor de seguridad ciudadana no sólo es responsabilidad de la Policía, sino también de la sociedad civil; por ello propuso asignar roles a las organizaciones sociales empezando por la creación de carteras de seguridad ciudadana en las organizaciones vecinales y comunales.

La precumbre analiza y propone soluciones a los temas de infraestructura, equipamiento y personal, para brindar un mejor servicio de seguridad ciudadana.

La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle a primeras horas de este viernes el proyecto de Ley de Sustancias Controladas, que se constituirá en una de las normas que reemplazará la Ley 1008.

El proyecto de Ley contiene 124 artículos, 11 disposiciones transitorias, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones abrogatorias y derogatorias, además de cinco disposiciones finales, y anexos con cinco listas.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, dijo que desde las 16:00 del jueves hicieron el tratamiento del proyecto de esta "ley nacionalizada, porque fue elaborado por los bolivianos y no por Estados Unidos como la Ley 1008" que próximamente será abrogada.

"Después en este mes vamos a tratar el Código Penal y con eso estaría saliendo de circulación la Ley 1008, que era muy antipatriota, sólo nos trajo dolor y luto a Bolivia", remarcó Montaño en un contacto con Red  Uno. La primera norma que fue promulgada para reemplazar la Ley 1008 fue la Ley General de Coca.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, afirmó que en el tratamiento del proyecto de Ley de Sustancias Controladas expresó su decisión de no apoyar su aprobación.

"Nuestra posición es no aprobar porque lamentablemente los artículos 6 y 7 salen de las convenciones y tratados de control de estupefacientes, además establece que la cooperación internacional no es cooperación sino una responsabilidad internacional, por eso llaman soberanía de lucha contra el narcotráfico", remarcó.

Sin embargo, Montaño aseguró que la oposición en principio dijo que no se iba oponer al proyecto de Ley y que sólo tenían observaciones.

"Entonces el ministro de Gobierno (Carlos Romero, que expuso el proyecto ante los diputados) ya les absolvió sus observaciones, por lo tanto pensamos que hay un doble discurso de la oposición", lamentó.

Los diputados hicieron el tratamiento del proyecto de Ley durante toda la noche y ahora la propuesta de la norma pasa para su análisis a la Cámara de Senadores.

Sam Mills Jersey