Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.
En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.
El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.
En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.
En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.
La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:
- Asociación Un Nuevo Camino
- Alianza Libres Sin Violencia
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
- Comunidad de Derechos Humanos
- Coordinadora de la Mujer
- Fundación CONSTRUIR
- Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
- Construyendo Redes para el Desarrollo
- Asociación de Personas Transgénero de La Paz
- Asamblea Permanente de Derechos Humanos
- Fundación Tribuna Constitucional
El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.
Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.
Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional
El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.
Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.
Bolivia, 16 de junio de 2017.
TSE y el Legislativo coordinan elección en Órgano Judicial
Reducirán el número de candidatos en la papeleta
A diferencia de la "megapapeleta" de 77 postulantes del 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional afina un reglamento en el que se racionalizará en la papeleta la presencia de postulantes, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional(TCP) de 65 a solo nueve postulantes.
El mecanismo, para dicho efecto, será una papeleta diferenciada y con listas separadas por cada departamento.
Según, Víctor Borda, presidente de la Comisión de Justicia Plural, para la elección judicial prevista para el 22 de octubre de este año, la papeleta solo tendrá nueve candidatos, seis por el TSJ y tres por el TCP.
Según el asambleísta, debido a la gran cantidad de nombres y fotos incluidos en la papeleta se generó una total confusión, no se conocían a los postulantes, lo que generó una inoperatividad del proceso de elección.
"Ahora se intenta que sea uno por cada departamento en el caso del Tribunal Constitucional, por lo tanto habrá tres postulantes en la papeleta. En cambio para el TSJ habrá seis postulantes en la papeleta de los cuales se elegirán un hombre y otro mujer, es decir dos por departamento", precisó.
En el caso de otras instancias. En las únicas dos instituciones del Órgano Judicial, donde habrá una papeleta única a nivel nacional, será en el Tribunal Agroambiental con 15 postulantes y el Consejo de la Magistratura con nueve. Sumadas ambas harán un total de 24 postulantes en la boleta de sufragio.
Todos esos cambios estriban, argumentó Borda, en el hecho que a partir de la próxima gestión, vía la reforma de la Ley del Órgano Judicial se piensa incrementar el número de magistrado en el TSJ de nueve a 18, dando cumplimiento a la paridad de un varón y otro mujer por departamento. En tanto, en el TCP, los magistrados subirán de siete a nueve, cuya representación también recaerá en uno por cada departamento.
En cambio, en el Tribunal Agroambiental, el número se reducirá de siete a cinco miembros y en el Consejo de la Magistratura de cinco a tres consejeros.
Al respecto, el decano del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Jorge Isaac von Borries, manifestó que hace dos años atrás se presentó un Proyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa, para aumentar el número de Magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, de nueve a dieciocho autoridades judiciales con el propósito de paliar la carga procesal existente en algunas salas, como también brindar mayor celeridad en la atención de los casos llegados a esa instancia.
Von Borries manifestó que existen dos razones fundamentales para proponer esta modificación en la Ley. “Primero porque los magistrados trabajamos simultáneamente en cuatro salas especializadas del Tribunal Supremo; estas salas atienden áreas fundamentales, desde hace muchos años y sus labores fueron profundizadas de una manera especial con la Ley 620, que regula los procesos en lo Contencioso y lo Contencioso Administrativo”.
Otras voces. El Colegio de Abogados de Chuquisaca señaló que la modificación de la composición y número de magistrados, debe ser realizada de acuerdo a la carga procesal. A cuyo efecto, además de estar de acuerdo con el incremento del número de magistrado en el TSJ, plantea disminuir el número de personal de apoyo.
En cambio, sugiere que el Tribunal Constitucional debe tener al menos 10 para conformar tres salas de tres y el presidente solo sesiona en Sala Plena y proponer la creación de salas constitucionales, que ya están implementadas.
Requisitos
Abogados de Chuquisaca piden más rigidez
Propuesta. Una vez conocida la fecha de realización de la elección judicial para el 22 de octubre, el Colegio de Abogados de Chuquisaca sugiere que en el tema de la preselección de candidatos la norma o el reglamento a ser emitido deberá establecer también el perfil de los postulantes de acuerdo con el cargo al que postulen.
Entre ellas anota como vital la formación y desarrollo profesional del postulante (títulos, formación posgrado, especialización para el cargo, etc.)
Además del liderazgo, conducta, formación ética y moral.
ENTE. Además sugiere la composición de la Comisión, para ser más efectiva no debe ser ampulosa, a dicho efecto argumenta que dada la jerarquía de las autoridades a ser electas no se debe dar examen.
Además, a futuro menciona, dicha Comisión debería tener representación del Órgano Judicial para garantizar la carrera judicial.
Policía advierte sobre pérdida de 5 competencias
La Policía Boliviana observa 21 artículos del proyecto del nuevo Código de Sistema Penal que le quitan al menos cinco competencias que actualmente tiene. Una comisión de oficiales tiene encuentros con asambleístas y otras instancias para hacer conocer sus sugerencias.
"La constitución está siendo violentada. El hecho de emplear algunos términos pretenden disgregar algunas competencias desde el punto de vista institucional”, afirmó el director de la fuerza anticrimen, Johnny Aguilera, quien forma parte de la comisión policial destinada a hacer conocer las observaciones.
Los policías se reunieron ayer con los miembros de la comisión de y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados en la Academia Nacional de Policías (Anapol). Ahí expusieron sus preocupaciones.
Uno de los artículos observados del proyecto es el 389. En éste se establece que en cada Fiscalía Departamental "se organizará” la Unidad de Análisis Criminal.
El asesor legal de la entidad del orden, Alejandro Grandy, explicó que actualmente es la Policía la que tiene a su cargo esa unidad, por lo que se sugiere que ese artículo sea cambiado para que esta repartición siga organizada por la Policía Boliviana.
Asimismo, el artículo 391 señala que en caso de que el policía investigador cometa una falta, el fiscal a cargo le abrirá un proceso disciplinario. Sin embargo, la Policía se rige por la Ley 101.
"El proyectista genera una nueva norma disciplinaria, pero nosotros nos sometemos a la 101.
Tiene que haber una corrección”, manifestó Grandy.
Por otro lado, la nueva norma le quita a la Policía el trabajo científico que hace actualmente el Instituto de Investigaciones Técnico Científicos de la Universidad Policial (IITCUP).
El nuevo código indica que los exámenes de cualquier caso penal podrán realizarse en el Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF) o "en otros organismos o entidades, policiales o civiles, públicos o privados”. El IITCUP no aparece acreditado en el artículo del código.
"Es una preocupación que no se tome en cuenta que del 100% de hechos, en el 1% acudió el IDIF y en el resto estuvo la Policía”, apuntó Grandy.
En la misma línea, el artículo 426 establece que "serán designados peritos, quienes, según reglamentación aprobada por el IDIF, acrediten idoneidad en la materia”.
"El IITCUP también debe certificar a los peritos. Tenemos más de 18 especialidades”, dijo Grandy, y sugirió que en el nuevo Código de Sistema Penal se incluya a esta institución científica para que certifique a los nuevos peritos, toda vez que hay policías que estudian en Argentina ciencias forenses, por ejemplo.
La Policía pretende hacer conocer las observaciones a la nueva norma en las instancias hasta que se modifiquen los códigos.
Comisión señala que sigue el debate
El presidente de la comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, Franklin Flores, dijo que, tras la exposición de los policías sobre algunas limitaciones en sus funciones establecidas en el nuevo Código de Sistema Penal, se hará un seguimiento a lo que determine la Comisión de Constitución, instancia encargada de revisar la nueva norma.
"Está en debate. Nosotros, como parte que coordina con la Policía Boliviana, hemos escuchado todas las propuestas en relación con el proyecto. Estaremos acompañando por lo que el debate está abierto”, dijo luego de terminar la intervención de la Policía.
El encuentro fue en la Anapol, donde funciona el IITCUP. Las autoridades policiales llevaron a los miembros de la Policía a conocer las diferentes unidades del instituto para que conozcan de cerca el trabajo de los profesionales uniformados y civiles.
Piden reconsiderar reducción de número de magistrados
El presidente del Tribunal Agroambiental, Javier Peñafiel, pidió reconsiderar la propuesta de reducir el número de magistrados en función al incremento de causas sobre delitos medioambientales. Afirmó que la propuesta de bajar de siete a cinco magistrados puede ser racional si se proporcionan las condiciones técnicas y humanas; sin embargo, observó que la comisión de la Asamblea Legislativa omitió en cierto grado el análisis de los casos y de proyección de causas que pueden colapsar.
En cambio, el Tribunal Supremo de Justicia planteó el aumento de nueve a 18 magistrados para conformar tres tribunales de juicio de responsabilidades, propuesta que fue reiterada por su decano, Jorge von Borries, quien dijo que el tema será debatido en la Asamblea Legislativa, y afirmó que hay un respaldo del ministro de Justicia, Héctor Arce, para revertir esta situación en el Legislativo.
En el Consejo de la Magistratura no hay reclamos. Su presidente, Wilber Choque, señaló que la propuesta de reducir de cinco a tres el número de consejeros es de consenso entre las autoridades de la comisión interorgánica. La sugerencia de mantener en nueve los miembros del TSJ fue aceptada.
La elección de los magistrados tendrá dos papeletas
Habrá cambios en la elección judicial del 22 de octubre. A diferencia de 2011, que tuvo una sola boleta de sufragio para 125 aspirantes a magistrados, en este proceso habrá dos papeletas de votación.
Según el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, la propuesta contempla una boleta para elegir en circunscripción nacional a los miembros del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y en la otra papeleta se elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son electos en circunscripción departamental.
Otro cambio está referido al periodo de difusión de los méritos de los candidatos, que será de 60 días y no de 40, como en el anterior proceso. También se eliminará las restricciones a los medios de comunicación para entrevistar a los aspirantes, pero respetando la equidad y la pluralidad.
Reacciones
Al respecto, el diputado Víctor Borda (MAS) calificó de positivos los cambios porque, en su criterio, permitirán que el elector acuda informado a emitir su voto. Por el contrario, su colega opositora del PDC, Norma Piérola, opinó que ese cambio debe producirse desde la Asamblea Legislativa y delegar la preselección de los aspirantes a un cuerpo colegiado para garantizar que los candidatos a magistrados no tengan militancia ni vinculación con el MAS ni con ningún otro partido político
Baltasar Garzón y otros juristas extranjeros ayudarán en la reforma de la justicia boliviana
El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó sobre la conformación de un equipo internacional de juristas de alto nivel que acompañará el proceso de reforma de sistema de justicia en Bolivia. Entre quienes conforman este grupo está el exjuez español Baltasar Garzón Real.
Garzón es un jurista español reconocido a nivel mundial por una orden de arresto contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato y por crímenes contra la humanidad. Además, el jurista fue asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange, entre otros cargos de relevancia.
A Baltasar Garzón se suman en el equipo de juristas, el profesor, experto y exmagistrado argentino Eugenio Raul Zafaroni; el penalista también argentino Carlos Alberto Binder y el constitucionalista español Roberto Viciano Pastor, según un boletín de prensa del Ministerio de Justicia.
Este fin de semana, Arce se reunió con algunos integrantes del equipo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para intercambiar criterios y experiencias sobre las reformas judiciales en América Latina, fundamentalmente desde el ámbito penal.
En el caso de Binder, el Ministerio de Justicia precisó que éste participó en la redacción del proyecto de Código del Sistema Penal boliviano que actualmente se considera en la Cámara de Diputados.