Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.
En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.
El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.
En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.
En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.
La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:
- Asociación Un Nuevo Camino
- Alianza Libres Sin Violencia
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
- Comunidad de Derechos Humanos
- Coordinadora de la Mujer
- Fundación CONSTRUIR
- Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
- Construyendo Redes para el Desarrollo
- Asociación de Personas Transgénero de La Paz
- Asamblea Permanente de Derechos Humanos
- Fundación Tribuna Constitucional
El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.
Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.
Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional
El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.
Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.
Bolivia, 16 de junio de 2017.
Tribunales disciplinarios procesan a 140 jueces por retardación de justicia
A febrero de este año, los tres tribunales de Justicia Disciplinaria en Cochabamba tienen 510 casos contra magistrados, vocales y funcionarios subalternos, de los cuales 140 denuncias, equivalente al 27.4 por ciento , son contra jueces en Cochabamba.
Del 100 por ciento de las denuncias contra jueces en Cochabamba, el 70 por ciento es por retardación de justicia, según datos del Consejo de la Magistratura.
En los 47 municipios de Cochabamba existen 173 jueces, de los cuales el 81 por ciento , equivalente a 140, tiene una denuncia y un proceso pendiente en uno de los tres tribunales de justicia disciplinaria.
La encargada Distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Victoria Beatriz Negrete Lafuente, advirtió que todos los procesos llegarán hasta el final y que la misión “cero corrupción” devolverá en un corto tiempo la credibilidad en los administradores de justicia.
Sin embargo, la retardación judicial en Cochabamba, al igual que en gran parte de Bolivia, es uno de los problemas más visibles de la administración de justicia que hasta ahora no se ha podido resolver.
Aunque existen factores que explican la retardación, “también hay muchos casos en que el administrador de justicia dilata deliberadamente el proceso para favorecer a una de las partes”.
El Juez del Tribunal de Justicia Disciplinario 1 de Cochabamba, Rubén Coca Muñoz, confirmó el hecho y recordó que la mayoría de los 170 casos que hay en su despacho es por retardación de justicia, un problema que se intenta frenar.
En el marco de la transparencia en los procesos judiciales y la eliminación de la retardación de justicia, Coca Muñoz exhortó a la población a presentar las denuncias sin temor.
Insistió en que la gente está muy cansada con el problema, pero también admitió que es un mal estructural que se viene arrastrando desde hace muchos años.
En la mayoría de las demandas presentadas, los querellantes sostienen que el juez ha dilatado deliberadamente los plazos procesales para inclinar la balanza de la justicia para uno de los lados.
La segunda causa de las denuncias es por el mal trato que reciben los litigantes, durante el proceso ordinario.
Negrete explicó que existen funcionarios que no respetan, por ejemplo, la preferencia de las personas de la tercera edad o a las mujeres en periodo de gestación.
El Juez del Tribunal de Justicia Disciplinario 1 también explicó que muchas personas son víctimas de discriminación o mal trato por su condición social, origen o forma de vestir.
La tercera causa de las denuncias tiene que ver con una posible parcialización abierta del administrador de justicia. En estos casos, según Coca, los administradores de justicia ignoraron las evidencias de un hecho y emitieron fallos contrarios a Ley.
El cuarto tipo de denuncias está relacionado con la comisión del delito de soborno contra los administradores de justicia.
Aunque no son muchos casos, el Juez del Tribunal de Justicia Disciplinario 1 explicó que estas acusaciones son muy delicadas, pero aclaró que se actúa con rapidez.
“Cuando el proceso disciplinario sobre soborno encuentra indicios de responsabilidad del denunciado, formaliza inmediatamente el caso ante el Ministerio Público para que investigue el caso en el marco de una acción penal en la vía ordinaria.”.
GUÍA DE DENUNCIA El Consejo de la Magistratura presentó una guía para formalizar una denuncia contra un vocal, un juez o un funcionario subalterno.
El juez Coca recordó que los tribunales disciplinarios nacieron para transparentar los procesos judiciales e insistió que no le temblará la mano para hacer justicia.
PRIMER PASO Las personas que se sientan agraviadas o que consideren que el administrador de justicia no está cumpliendo con el rol de sus funciones, deben presentar una denuncia formal y entregarla en la ventanilla de trámites.
SEGUNDO PASO Después de presentar la denuncia formal, el caso será sorteado a uno de los tres juzgados disciplinarios.
Aclaró que las denuncias deben estar enmarcadas en hechos, actos, omisiones del juez o funcionario en el desarrollo de sus funciones porque la ley prohíbe, en razón del principio y de independencia, a analizar cuestiones de fondo del mismo proceso.
TERCER PASO El juez disciplinario analiza el caso y si encuentra indicios de responsabilidad del denunciado con los delitos que se le acusa, emitirá un fallo disciplinario.
En ese marco, el acusado tiene tres días para presentar sus descargos y cinco días para entregar un informe circunstancial en relación a los hechos que se le acusan.
En esta fase y en el marco de su competencia para llegar a la verdad el juez puede realizar las entrevistas en los mismos juzgados del acusado
CUARTO PASO El Tribunal Disciplinario emite una resolución, que es equivalente a un fallo o una sentencia disciplinaria contra el administrador de justicia en Cochabamba.
Apuntes
Retardación de justicia
La retardación de justicia en Cochabamba, al igual que en gran parte de Bolivia, es un tema que a diario el mundo litigante reclama con la finalidad de hacer respetar sus derechos y garantías constitucionales.
Causas
Entre las causas principales de la retardación de justicia están: la falta de recursos humanos, infraestructura, de valores, vocación de servicio, falta de interés en el trabajo, excesiva carga procesal, falta de requisitos para ocupar el cargo, equipamiento, remuneración justa, capacitación y evaluación permanente.
Chicanería
“En la retardación de justicia uno de los factores externos es el abuso del derecho de acceso a la justicia por parte de malos abogados que actúan sin ética y presentan demandas y peticiones sin sustento alguno acrecentando aún más la recargada labor judicial. Lo cual ha llevado que la sociedad pierda la confianza y credibilidad en la Justicia”.
Elsa Cabrera M. Defensa Pública
Tres tipos de sanciones
El Consejo de la Magistratura, a través de los tres juzgados disciplinarios, impone tres tipos de sentencia.
La sanción por un delito leve es cuando el juez disciplinario entrega una llamada de atención y determina un descuento de haberes contra el acusado. La sentencia por un delito grave es cuando el juez disciplinario suspende de sus funciones al acusado desde un mes hasta seis meses de sanción.
La sentencia por la comisión de un delito gravísimo es cuando el acusado (juez o vocal) es destituido del cargo y se remite los antecedentes al Ministerio Público para que inicie un proceso en la vía ordinaria.
El Juez del Tribunal de Justicia Disciplinario 1 Coca explicó que esto significa que terminó el proceso y comenzó una investigación penal en la justicia ordinaria.
Consejo detecta títulos falsificados de al menos tres funcionarios
Al menos tres funcionarios de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Tribunal Departamental de Justicia falsificaron sus títulos en provisión nacional y mintieron sobre sus estudios superiores, según una investigación de la Dirección de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura.
Los casos de las tres personas serán enviados al Ministerio Público por Asesoría Legal, informó la encargada Distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Victoria Beatriz Negrete Lafuente.
Según el primer expediente, Marisol I.C.T, funcionaria de la DAF del Tribunal, presentó docu- mentación que no correspondía a la profesión que había indicado para acceder al cargo y además no cumplía con el perfil requerido.
Control y Fiscalización le solicitó en reiteradas oportunidades que presente sus títulos en provisión nacional y no lo hizo. Paralelamente, tras un requerimiento, la Universidad Simón y Patiño certificó que la funcionaria nunca cursó la carrera que había señalado y, por lo tanto, no le extendió ningún título.
En el segundo caso, también de otro funcionario de la DAF, Dayler C.A. presentó su currículum para el puesto indicando que era profesional, lo que probó con una certificación de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en Cochabamba.
Negrete dijo que después de verificar los documentos, los delegados de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura acudieron a oficinas de la UMSS, donde comprobaron que el empleado del Tribunal Departamental de Justicia nunca cursó una carrera en esa casa de estudios y tampoco se le extendió ninguna certificación o título, por lo que se estableció la falsificación de documentos.
El tercer funcionario observado, también de la DAF, Alberto E.O. presentó documentación acreditando que era ingeniero de sistemas; sin embargo, por las certificaciones emitidas por la misma universidad se halló que nunca fue alumno regular.
La encargada Distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba explicó que los tres casos fueron confirmados el mes de febrero después de una investigación que comenzó el año pasado. Tras conocer el expediente en su contra, los dos funcionarios varones renunciaron ya a sus cargos, mientras que Marisol I.C.T continúa trabajando en la DAF.
Los tres empleados fueron designados por instancias nacionales en Sucre.
Buscan mejorar la atención a los litigantes
El Consejo de la Magistratura se dio a la tarea, ante las reiteradas faltas contra jueces y funcionarios, de vigilar la labor en los diferentes juzgados, incluso de provincias, y en Derechos Reales, área de la que se recibe gran cantidad de denuncias por corrupción.
La encargada Distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Victoria Beatriz Negrete Lafuente, informó que se comenzó con recorridos la pasada semana en los juzgados de Quillacollo y Colcapirhua, donde algunos litigantes denunciaron que jueces y empleados subalternos se ausentan de sus oficinas. “Hemos constatado que no estaban los jueces ,y mediante Transparencia lo que estamos haciendo es verificar si evidentemente ellos tenían algún permiso legal para ausentarse de sus fuentes de trabajo. Hemos recorrido unos 25 juzgados”.
Durante la fiscalización se hizo recuerdo a los funcionarios que deben portar sus credenciales, tiquear el ingreso y salida de sus fuentes laborales y, sobre todo, dar atención de calidad a los usuarios y preferencial en caso de grupos específicos como las personas de la tercera edad.
La instrucción más importante, indicó Negrete, es “cero corrupción”. A la denuncia de algún litigante o de algún abogado, agregó, se procederá a iniciar un proceso y a la sanción inmediata si corresponde.
En cuanto a Derechos Reales, el Consejo de la Magistratura advirtió a los responsables y funcionarios que no pueden recibir coima para ningún trámites o dar prioridad a los documentos de determinadas personas por amistad o algún otro tipo de influencia. “Sabemos que hay tramitadores que se ocupan de vender inclusive los espacios. Hay gente que está haciendo cola desde muy tempranas horas, pero que se dan el lujo de vender esos espacios”, explicó la encargada distrital.
“Todos los trámites tienen que entrar por orden cronológico, hemos hablado eso con el encargado de Derechos Reales y con la subregistradora que es la que debe controlar los sellos, porque al ingresar un trámite tiene su sello y no se puede permitir agilizar algunos trámites”, advirtió.
El hacinamiento en la cárcel de Palmasola supera el 700 por ciento
El Centro de Rehabilitación “Palmasola” tiene un hacinamiento superior al 747 por ciento. Se construyó para 800 privados de libertad; y cuenta con 6.000, según la Dirección General de Régimen Penitenciario.
El hacinamiento junto a las precarias condiciones son el principal motivo para la aparición de conflictos y las pugnas de poder entre reos. Por otro lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió que hay “negociados” entre reos y policías.
El pasado miércoles, el penal fue escenario de una nueva pelea. El comandante departamental de la Policía, Juan Carlos Dalence, informó que la reyerta terminó con la vida de un interno.
El delegado de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz, afirmó que Palmasola se ha convertido en un problema estructural por la sobrepoblación, que origina la retardación de justicia y la deficiente seguridad.
“Existe mucha gente enferma, mucha pobreza, mucho abuso, muchas sorpresas dentro de Palmasola. Entonces debemos de una vez poner en la agenda regional el tema de Palmasola como una prioridad”, agregó Paz.
Recordó que estos hechos de sangre no son recientes, puesto que el año pasado falleció el productor musical del grupo Jake Mate, Mauricio Baldelomar, y en 2014 se registró la trágica muerte de 35 personas.
El delegado de la Defensoría del Pueblo aseguró que las distintas instituciones deben asumir sus funciones antes que “Palmasola se convierta en una bomba de tiempo”.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Enrique Bruno, recordó que hace casi un año se entregó un terreno de 34 hectáreas para la construcción de una cárcel, pero lamentó que hasta la fecha no se conozca ni el proyecto.
PLANTEAN CENTROS PRODUCTIVOS
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Efraín Chambi, recordó que el año pasado planteó la propuesta de construir centros penitenciarios productivos, y que Palmasola, en comparación con las demás cárceles del país, es el que cuenta con mayores condiciones para ese fin, sobre todo por su amplia superficie.
Chambi lamentó que hasta la fecha los distintos niveles de Gobierno no hayan brindado la atención necesaria a este tema, lo que da lugar a que se desaten conflictos. Palmasola no es la única cárcel con hacinamiento. Según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, los centros en el país tienen una capacidad para albergar a 5.013 privados de libertad, pero existen 15.831, lo que implica un hacinamiento de 216 por ciento.
TSE pedirá a la Asamblea ajustar norma para elecciones judiciales
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé reunirse esta semana con las principales autoridades de la Asamblea Legislativa para pedir “reformas puntuales” de Ley 026 de Régimen Electoral, de cara a las elecciones judiciales previstas para octubre.
Los ajustes a la normativa electoral apuntan a mejorar el trabajo y la logística del proceso, respecto al diseño de las papeletas y la presentación de los postulantes para hacerlos visibles ante la población, y así generar un voto informado.
El vocal José Luis Exeni sostuvo a La Razón que estas “reformas puntuales” de la actual ley electoral permitirán una “mejor administración” de los comicios de octubre.
En la primera elección judicial de 2011, por ejemplo, “la papeleta era gigante, inmanejable donde había que poner cinco votos y sabemos que hubo dificultades de una parte de la ciudadanía en emitir esos votos”, explicó Exeni, quien no descarta, incluso, dos papeletas.
En tanto, la presidenta del TSE, Katia Uriona, explicó a este rotativo que se solicitará al Legislativo hacer modificaciones “que faciliten tanto las características de la presentación de todos los postulantes y (…) el alcance de la visibilización de los perfiles de las candidaturas”.
Elección. El proceso previo para las elecciones judiciales se extenderá por 150 días: en los primeros 60, la Asamblea realizará el proceso de preselección de postulantes y en los restantes 90 días el Órgano Electoral deberá difundir los perfiles, organizar y realizar la logística para la jornada electoral.
En criterio de Exeni, se trata de un proceso “complejo y difícil”, sobre todo por lo que representa la difusión de méritos, el acceso a la información y la generación de espacios para conocer a los postulantes, lo que no hubo en las primeras elecciones de octubre de 2011.
La nueva Constitución Política, en sus artículos 182, 188, 194 y 198, dispone la elección mediante sufragio universal de las principales autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional.
Hace casi seis años, Bolivia asistió por primera vez para elegir a esos funcionarios, que durante su mandato fueron cuestionados por una serie de irregularidades, al punto que el Gobierno admitió que “se cometieron errores” durante el proceso de selección.
Violencia en la cárcel de Palmasola deja al menos un reo muerto y tres heridos
Un enfrentamiento este martes entre reos del penal de Chonchocoro, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, terminó con el saldo de cuatro personas heridas y al menos un reo muerto.
Un reporte de la red PAT, familiares de los reos se encuentras apostadas en puertas del penal en busca de información.
La agencia estatal ABI informó que el reo que perdió la vida es Jaime Fernández, de 46 años, producto de una reyerta provocada por desacuerdos en una asamblea de internos que discutía el programa de festejos del carnaval, afirmó el comandante departamental de la Policía local, Juan Carlos Dalence.
La pelea se registró aproximadamente a las 17.00. Fernández, según Dalence, era "un reo de alta peligrosidad (...) que purgaba una pena por intento de homicidio".
Otros tres internos resultaron heridos por una pelea con armas punzocortantes. Fueron trasladados hasta el hospital San Juan de Dios, agregó el jefe uniformado.
Supremo y TCP proponen incrementar magistrados
Un proyecto del Tribunal Supremo de Justicia plantea el incremento de magistrados de nueve a 18 y lo propio en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de siete a 14. El tema está en debate en las comisiones interorgánicas conformadas por autoridades judiciales, del Legislativo y el Ejecutivo.
En el TSJ, el decano Jorge von Borries justificó este requerimiento de nombrar más magistrados en vez de asistentes para conformar seis tribunales de juicio de tres magistrados cada uno, lo que permitiría acelerar el trámite de los juicios de responsabilidades pendientes de autorización en la Asamblea Legislativa.
“Estoy pidiendo que se haga de inmediato porque ya no podemos seguir con las causas normales, cada vez hay más recursos contenciosos que es imposible despachar”, aseguró von Borries.
El magistrado dijo que aproximadamente 148 procesos están para autorización en la Asamblea Legislativa y serán remitidos a juicio de responsabilidades a este alto Tribunal de Justicia en los que están involucrados ex prefectos, ex alcaldes y ex ministros que serán procesados con la anterior Ley de juicio de responsabilidades.
Por su parte, el TCP, además de las salas constitucionales en los departamentos, sugiere el incremento de siete a 14 magistrados. Su presidente, Oswaldo Valencia, informó que en la última reunión de la subcomisión interorgánica, las autoridades judiciales también pidieron el incremento del número de vocales y la modificación de atribuciones de los juzgadores para hacer más dinámica la administración de justicia.
En las reuniones de la subcomisión, según palabras del viceministro de Justicia, Diego Jiménez, se hace un trabajo técnico sobre las propuestas que pasan a una Comisión a cargo de los dos presidentes de las cámaras del Legislativo.
CONTENCIOSOS
Según datos del Decano Jorge von Borries, en la extinta Corte Suprema de Justicia ingresaban alrededor de 300 causas contencioso administrativas al año, en 2015 se incrementaron a 900 y en 2016 a 1.800, este año podrían superar las 2.000.
Agregó que hay más procesos contencioso - administrativos en materia social de personas que reclaman beneficios sociales por los años de trabajo en una pugna con las empresas públicas y privadas.
Reclusas de San Sebastián se amotinan por prohibición de visitas conyugales
Las internas del penal de mujeres San Sebastián organizaron hoy un motín exigiendo la destitución de la nueva gobernadora Nidia Gutiérrez, debido a que no se les permite tener visitas conyugales. La protesta inició aproximadamente a las 8:30 de la mañana, pero al momento la situación ya permanece en calma; hay resguardo de efectivos policiales en el lugar.
Las reclusas argumentaron que desde el ingreso de Gutiérrez, hace una semana, se les prohibió este derecho.
"La nueva Gobernadora en vez de trabajar con nosotras nos quiere quitar el derecho a compartir con nuestras familias, con nuestros esposos (...). Se ha olvidado que tenemos derechos, muchas hemos perdido nuestros esposos, nuestros padres estando acá", aseguró una de las internas.
Por su parte, Gutiérrez señaló que desde su ingreso intentó "poner orden" en el lugar debido a que se observaron muchas irregularidades. Según la autoridad se ha visto a esposos ingresar a los dormitorios infringiendo la Ley de Ejecución Penal y Supervisión Nº 2298.
Gutiérrez señaló que existen reclusas con mayores privilegios que serán investigadas.