La Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia cuestiona el reglamento de preselección de candidatos a magistrados que impulsa el Gobierno de Evo Morales al considerar que pueden prevalecer los intereses políticos en este proceso. Así lo expresó David Rosales, presidente de esta entidad durante una entrevista con EL DEBER Radio.
Rosales indicó que se presentaron sugerencias a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para fortalecer la selección mediante la conformación de un comité integrado por miembros de organizaciones sociales, académicas y civiles en donde se identificaba a las universidad públicas y privadas y los colegios de abogados, pero que esta no fue tomada en cuenta.
"Lo ideal hubiese sido (que este comité) participe propiamente de la evaluación, del concurso de méritos, de la fase de evaluación de conocimiento y la entrevista (...) esto sigue de mano de la ALP", dijo Rosales a EL DEBER Radio en concordancia con miembros de la oposición que también cuestionan el proceso de preselección.
La ALP ha dado la posibilidad a estas instituciones de participar en la elaboración de las preguntas que se les formula a los candidatos a magistrados, pero que "ellos no tienen voto para la calificación".
Por su parte, la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa, ha respondido a las críticas y plantea que sean las organizaciones sociales las que supervisen el proceso de postulación, preselección y selección de los candidatos.
Habrá dos papeletas
A diferencia de la votación de 2011, que tuvo una sola boleta de sufragio para 125 aspirantes a magistrados, en este proceso habrá dos papeletas de votación.
La propuesta contempla una boleta para elegir en circunscripción nacional a los miembros del Tribual Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y en la otra papeleta se elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son electos en circunscripción departamental.
Los miembros del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europea llegaron a La Paz con el objetivo de interiorizarse sobre la problemática carcelaria en Bolivia. Visitaron, junto al defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, el penal de San Pedro y recibieron información sobre la situación de los sentenciados y detenidos preventivos.
“Recorrieron (los legisladores europeos) algunos espacios y recibieron información sobre la situación de quienes cumplen una condena y de los que se encuentran con detención preventiva, además de otras condiciones y características del modelo penitenciario”, informó la Defensoría del Pueblo en un boletín institucional.
La mayor cantidad de la población carcelaria no tiene una sentencia, por lo que tiene la condición de detenido preventivo mientras dure la investigación.
Tezanos Pinto sostuvo una reunión con los legisladores y luego visitaron el penal de San Pedro, en La Paz.
Un informe de la Defensoría del Pueblo titulado “Situación de los Centros Penitenciarios de Bolivia”, divulgado en septiembre de 2016, reveló que a pesar de los indultos decretados desde 2012 el número de privados de libertad se incrementó a 14.816, lo que ocasionó como un problema crítico el hacinamiento.
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, descartó este jueves que el país, y la Asamblea Legislativa en específico, convoquen a veedores internacionales para el proceso de preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial, tal como plantearon bloques opositores.
“Consideramos que el proceso de preselección que va realizar la Asamblea no amerita que tengan que venir veedores para que puedan ver como se están haciendo las cosas. Hay mecanismos para garantizar que el proceso sea transparente”, remarcó el legislador oficialista en declaraciones a la televisora Cadena A.
La propuesta de convocar a misiones internacionales para vigilar el proceso de preselección que encarará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue planteada por legisladores de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos con representación en el pleno camaral, además de Soberanía y Libertad (Sol.bo), del alcalde de La Paz, Luis Revilla.
En criterio de Gonzales, en el país “no estamos atravesando una situación de crisis o de hecatombe como podría suponerse” para asumir esa medida.
Aseguró que la participación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que acompañará el proceso con ocho delegados, es garantía de idoneidad y transparencia.
“Además de la presencia del sistema universitario, estarán los medios de comunicación, la opinión pública, cualquier ciudadano. Es un proceso limpio y transparente que no tiene nada que esconder”, sostuvo Gonzales.
El Legislativo además garantizó, a diferencia del proceso de 2011, la ponderación de la meritocracia y un sistema “ciego” de calificación que impedirá el favorecimiento a algún aspirante.
La oposición, no obstante, sostiene su desconfianza en el proceso que es liderado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que tiene mayoría en el Órgano Legislativo, pese a que se convocó a las fuerzas opositoras para elaborar el reglamento y ajustar las normas que rigen la preselección. (20/04/2017)
Los 171 nuevos juzgadores que egresarán este viernes de la Escuela de Jueces del Estado (EJE) están formados para priorizar en sus fallos el respeto a los derechos fundamentales, dictar resoluciones fundamentadas, facilitar la conciliación, dirigir audiencias y agilizar los juicios; pero tendrán que esperar su designación para cubrir las acefalías y piden al Consejo de la Magistratura frenar las convocatorias públicas.
Después de más de dos años de formación, de los 200 postulantes habilitados en diciembre de 2014, egresarán 171 jueces. La EJE anunció que hoy remitirá listas al Consejo de la Magistratura para que los incorpore en la nueva carrera judicial, informó el director interino Carlos Ramos.
El funcionario señaló que los jueces tienen una preparación mucho más amplia para desempeñarse en los juzgados públicos, civiles, familia, niñez y adolescencia, laboral y penales.
Aclaró que la fase de formación teórica práctica de 12 meses no fue plenamente virtual sino semipresencial, a través de talleres; la práctica durante ocho meses se desarrolló en los juzgados.
De 165 días de trabajo, los postulantes tenían 147 actividades de evaluación y con tareas casi cada dos días, explicó Ramos, quien rechazó las opiniones que cuestionan la formación a distancia y a través de cursos virtuales en la EJE. En su opinión, volver a los cursos presenciales sería un retroceso.
Comentó que los materiales de aprendizaje fueron preparados por expertos en el tema; en el caso de los materiales del Código Civil estuvieron los mismos proyectistas de esa norma, lo propio en las otras especialidades.
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
Ramos dijo que hasta octubre de este año, la EJE tiene previsto lograr la certificación de calidad ISO 9001/2015 del proceso de formación, convirtiéndose en la primera institución judicial en obtenerla. Sobre esa base se tramitará la certificación de calidad de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Además de estas dos certificaciones pretenden que los nuevos jueces, al margen de tener su título de egreso, accedan a un diplomado y la maestría.
“Luego de un proceso exhaustivo de casi dos años, con la habilitación de 200 postulantes, 100 varones y 100 mujeres, estamos logrando la promoción de 171 personas, 88 mujeres y 83 varones”, señaló Ramos.
Recordó que la modalidad de estudio en el extinto Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB) establecía ocho meses de formación que eran solventados a través de becas a los funcionarios postulantes, a quienes se les cancelaba el total de su salario; hasta el octavo y último curso todavía persistían las becas de Bs 1.500 a 2.000.
Con el nuevo régimen se acabaron las subvenciones porque no había recursos económicos, peor para sostener a 200 personas por 20 meses y se adoptó por la educación a distancia como instrumento para mejorar el nivel cultural de la población y asumir la pluralidad de la sociedad boliviana.
Von Borries: No tendría que haber más convocatorias
El decano del TSJ, Jorge von Borries, aseguró que los nuevos jueces tienen que ir a cubrir las acefalías en los lugares donde estudiaron; no obstante, remarcó que no todos tienen el cargo asegurado porque para ello se tendría que doblar la cantidad de jueces en Bolivia. No tendría que haber más convocatorias externas del Consejo de la Magistratura, remarcó.
El artículo 217 de la Ley del Órgano Judicial establece dos mecanismos de ingreso a la carrera judicial, a través del concurso de méritos y exámenes de competencia o la promoción de jueces de la EJE.
Carlos Ramos, dijo que la Cumbre Nacional de Justicia estableció desechar los concursos de méritos y recomendó privilegiar el ingreso a la carrera judicial con los egresados de la EJE.
Además hizo referencia al artículo 224 parágrafo 3 de la misma Ley que señala que las calificaciones podrán determinar la priorización de destinos de los jueces y la ubicación en el escalafón.