Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.
En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.
El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.
En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.
En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.
La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:
- Asociación Un Nuevo Camino
- Alianza Libres Sin Violencia
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
- Comunidad de Derechos Humanos
- Coordinadora de la Mujer
- Fundación CONSTRUIR
- Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
- Construyendo Redes para el Desarrollo
- Asociación de Personas Transgénero de La Paz
- Asamblea Permanente de Derechos Humanos
- Fundación Tribuna Constitucional
El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.
Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.
Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional
El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.
Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.
Bolivia, 16 de junio de 2017.
TSE alista dos papeletas para la elección judicial
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó ayer a elecciones de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el domingo 22 de octubre de este año y aprobó el calendario electoral respectivo. Según el cronograma, el 14 de julio se iniciará el empadronamiento masivo.
La jurisdicción agroambiental avanza hacia las audiencias de “oralidad pura”
El magistrado del Tribunal Agroambiental (TA), Lucio Fuentes, quien fue presidente de esta instancia en 2014, señaló que se ha realizado un avance significativo en estos casi seis años de gestión, que se enfocan, sobre todo, en relación a la instalación de sistemas informáticos en los despachos de jueces y en salas de audiencia que permitieron optimizar el tiempo y la calidad en la resolución de causas.
Magistratura facilitará información de antecedentes de los postulantes
El Consejo de la Magistratura otorgará información a la Asamblea Legislativa, sobre la existencia de antecedentes penales por violencia intrafamiliar o procesos ordinarios con imputación formal de todos los postulantes que se presenten para los cargos en el Órgano Judicial.
Suman 13 postulantes para las elecciones judiciales
Hay 13 postulantes registrados para las elecciones judiciales de octubre, a cuatro días de cerrarse el plazo de presentación de requisitos, según los datos difundidos por la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Senadores.
Hasta el momento, al Tribunal Constitucional Plurinacional se postulan Willy Calle Mamani, de Oruro; Emilio Calle García, autoidentificado como indígena originario campesino, procedente de La Paz; y Bergman Cuéllar Arauz, del Beni. Para el Tribunal Supremo de Justicia Benigno Omar Durán Rojas (La Paz); Ernesto Félix Mur (Tarija); Loida Rita Iriarte Ramos (Tarija); Vianey Méndez Sotiz (Chuquisaca); y Juan Tomás Mostacedo Martínez (Chuquisaca).
Magistrados prometen entregar tribunales saneados hasta 2018
A siete meses de concluir con su gestión de seis años, los presidentes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura hicieron una evaluación de su trabajo durante este tiempo. Si bien admiten las críticas y cuestionamientos por parte de la población hacia todo el Órgano Judicial, también señalan que hicieron el mayor esfuerzo por dar celeridad a la administración de justicia.
Siete puntos mínimos que el Reglamento de Preselección debe contener para garantizar la elección de magistrados independientes
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
Con motivo de la Cumbre Nacional de Justicia, el 10 de junio de 2016, miembros de redes y organizaciones de la sociedad civil, nos pronunciamos sobre la necesidad de garantizar la independencia judicial, entre otros mecanismos, mejorando el proceso de preselección de postulantes para conformar el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, propuesta que fue acogida por la Cumbre y se incluye en sus conclusiones.
Esta propuesta, está basada en los estándares internacionales existentes para la selección de miembros/as de “altas cortes”, los cuales exigen que se regulen mecanismos públicos, trasparentes, participativos e incluyentes orientados a identificar el mérito y la capacidad profesional de los postulantes, y que aseguren condiciones de igualdad y no discriminación de ninguna índole, especialmente entre hombres y mujeres.
Estos estándares deben estar reflejados en el Reglamento de Preselección que será utilizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional para escoger a los postulantes mejor calificados. Es por ese motivo que, a manera de aporte para el debate legislativo, presentamos públicamente los siguientes puntos mínimos, que consideramos deben recogerse en el nuevo Reglamento, a fin de garantizar la selección y elección de los/as profesionales más idóneos/as para ocupar tan importantes cargos.
1. Los requisitos mínimos para acceder al cargo (tanto generales como específicos) deben ser claros y objetivos, y no ser susceptibles de interpretación
Los requisitos mínimos constituyen el primer filtro que los/as postulantes deben superar para ser seleccionados/as. Por lo tanto, deben estar formulados objetivamente de forma clara y detallada, basados en la Ley. Deben evitarse requisitos formulados de forma amplia, vaga y susceptible de interpretación, pues ello puede generar que se excluyan o se incluyan posibles candidatos de manera arbitraria.
2. Además de los requisitos mínimos, debe regularse un perfil que describa las cualidades y aptitudes que se espera de los/as futuros/as magistrados/as e integrantes de las “altas cortes”.
El perfil es la principal herramienta para identificar el mérito de los/as postulantes; por lo tanto, el Reglamento de Preselección debe incorporarlo como un parámetro diferente de los requisitos mínimos para acceder al cargo, pues se trata de conceptos distintos.
Los requisitos (edad, nacionalidad, antigüedad en el ejercicio de la profesión, experiencia especifica en el ámbito judicial, ausencia de condenas disciplinarias, etc.) describen condiciones legales mínimas que habilitan a una persona para postular al cargo, y permiten descartar a quienes no pueden ser magistrados/as de las más “altas cortes”. El perfil, en cambio, describe el conjunto de cualidades, habilidades y aptitudes que debe tener el futuro magistrado/a, como parámetro para identificar a quienes serían los postulantes más idóneos.
El perfil de las más altas autoridades de justicia puede ser medido en base a criterios objetivos (que también deben desarrollarse en el Reglamento de Preselección), y debería incorporar cuando menos los siguientes elementos:
- Independencia e imparcialidad frente a intereses políticos, sociales y económicos.
- Reconocida honorabilidad, una historia de conducta intachable y trayectoria vinculada al ejercicio del derecho.
- Conocimiento legal sobresaliente y especializado para el cargo al cual se postula.
- Compromiso con la protección de los derechos humanos, los valores democráticos, la transparencia y la institucionalidad del Órgano Judicial.
- Habilidad analítica y capacidad de expresión oral y escrita.
- Capacidad para entender las consecuencias sociales y jurídicas de sus decisiones
- Capacidad de realizar análisis de derechos, a partir del enfoque de género.
- Aporte Intelectual en los procesos de reforma al sector judicial.
3. La instancia técnica de calificación de méritos debe ser autónoma, distinta de las entidades políticas encargadas de la pre-selección.
En ese sentido, el anuncio de una comisión académica, integrada por ocho profesionales y conformada desde el sistema universitario es un avance importante, pero deben precisarse sus atribuciones para que asuma la tarea técnica e independiente de calificar el mérito de los postulantes mediante el examen de sus conocimientos y el análisis de sus respectivos currículos, conforme a criterios de valoración y una escala preestablecida.
4. El proceso de preselección debe ser transparente y público en todas sus etapas
No basta que se haga público un listado con los nombres de los/as postulantes, sino que toda la información presentada por ellos, como sus hojas de vida, para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos y de los elementos del perfil, deben ser públicamente accesible a la ciudadanía, en un plazo razonable y suficiente para poder ser contrastada. Asimismo, deben ser públicos los informes que habiliten o inhabiliten aspirantes, y los reportes de calificación de cada una de las etapas de evaluación. De igual forma, debe definirse previamente una política para el manejo de eventuales conflictos de interés entre los miembros de la instancia de preselección y los postulantes.
5. Se deben realizar audiencias públicas con los postulantes para evaluar sus capacidades
Es importante que se celebren audiencias públicas que permiten evaluar o corroborar ciertos aspectos del perfil de los postulantes. Estas entrevistas deben ser de acceso público y transmitido por radio, televisión nacional e internet, para que la ciudadanía pueda conocer mejor las ideas de los postulantes en cuanto al derecho y el papel de la judicatura en la sociedad.
6. La participación de la sociedad civil debe ser un principio rector del proceso
El Reglamento de Preselección debe incorporar mecanismos y prever condiciones que permitan una participación ciudadana efectiva (Entidades civiles, centros de estudio, organizaciones de DDHH, colegios de abogados, entre otras), desde la posibilidad de presentar información relevante así como impugnar la participación de algunos de los postulantes, dentro de un plazo razonable (las que deben ser investigadas y verificadas), y de proponer -mediante un conducto adecuado- preguntas para las entrevistas públicas.
En este proceso se debiera incorporar el uso de medios tecnológicos para mayor transparencia y participación ciudadana.
7. Se debe garantizar diversidad en la composición de las “altas cortes”
El Reglamento de Preselección debe incorporar mecanismos para que la composición de los tribunales de las “altas cortes” refleje la diversidad de la sociedad, tanto en lo referido a género como a interculturalidad.
La Paz, 27 de abril de 2017.
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