Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.
En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.
El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.
En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.
En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.
La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:
- Asociación Un Nuevo Camino
- Alianza Libres Sin Violencia
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
- Comunidad de Derechos Humanos
- Coordinadora de la Mujer
- Fundación CONSTRUIR
- Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
- Construyendo Redes para el Desarrollo
- Asociación de Personas Transgénero de La Paz
- Asamblea Permanente de Derechos Humanos
- Fundación Tribuna Constitucional
El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.
Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.
Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional
El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.
Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.
Bolivia, 16 de junio de 2017.
Falta de recursos y retardación de justicia, trabas para aplicar la Ley 348
La Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348) cumple hoy cuatro años de ser promulgada y en este tiempo la retardación de justicia, la falta de recursos y de prevención aún son obstáculos para su aplicación, observaron organizaciones.
La Razón entrevistó a representantes de dos organismos internacionales, ONU Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidades (UNFPA) y tres instituciones bolivianas que defienden los derechos de las féminas: Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Rebeldía y Pan y Rosas.
La representante de UNFPA en Bolivia, Ana Angarita, identificó cuatro debilidades para la aplicación de la Ley 348: la falta de recursos financieros y humanos, y la ausencia de la declaratoria nacional por violencia pese a los altos índices de casos. También que la norma no llega a zonas rurales porque no existen servicios legales integrales municipales (SLIM), ni la atención de delitos sexuales; y la falta de capacitación de personas en la atención de violencia.
Pero resaltó que hay aspectos positivos, como la creación del Juzgado Séptimo especializado en materia de violencia, de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), y de manuales como el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sipasse).
La Ley 348 fue promulgada el 9 de marzo de 2013 y su reglamento fue aprobado un año y medio después. La norma tipifica el feminicidio en el Código Penal y lo sanciona con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, además de reconocer 16 formas de violencia.
El colectivo Pan y Rosas observó que el reglamento fue implementado tarde y calificó a la ley como insuficiente porque no resuelve los problemas estructurales.
“Se exigió declarar emergencia nacional en 2016 por los casos de feminicidios y el Gobierno se negó alegando que no hay presupuesto”, indicó su coordinadora, Violeta Tamayo.
Conmemoración
Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, instituido por la Organización de Naciones Unidas en homenaje a las obreras que en 1857 salieron a las calles de Nueva York (Estados Unidos) a protestar por las míseras condiciones laborales.
Para Tania Sánchez, del Centro Gregoria Apaza, hay tres cuellos de botella para aplicar la 348: la retardación de justicia, la falta de presupuesto incluso para asignar más ítems de fiscales en materia de violencia, y la falta de prevención.
La representante de ONU Mujeres, Carolina Taborga, observó que en lo que va del año hubo 26 feminicidios, cuando en 2016 se llegó a similar cifra hasta junio. “Es un tema que alarma y preocupa, y como sociedad y Estado debemos declarar la emergencia”.
Angarita señaló que la cantidad creciente de feminicidios refleja los problemas de la Ley 348.
Guadalupe Pérez, coordinadora del Colectivo Rebeldía (Santa Cruz), indicó que una de las falencias de la norma es que no hay compromiso de los administradores de justicia. “Faltan autoridades judiciales con mayor comprensión de la problemática de la violencia”.
Reconoció que la 348 es integral y con un mejor contenido que la anterior y la de otros países.“Falta voluntad política, más recursos y una comprensión cabal de todo lo que se teje alrededor de la violencia y cómo prevenirla, cómo rechazarla y cómo no aceptarla y frenar la naturalización”, aseguró la coordinadora de Rebeldía. (08/03/2017)
Solo una de 10 instituciones está a la cabeza de una mujer en la Llajta
Solo uno de diez cargos de poder en diez instituciones públicas de Cochabamba está ocupado por una mujer. Se trata del Consejo de la Magistratura que se encuentra a la cabeza de Victoria Negrete Lafuente, quien fue designada hace dos semanas en reemplazo de Silvano Arancibia.
Las demás entidades como la Gobernación, Alcaldía, presidencia del Concejo Municipal, Asamblea Legislativa Departamental, Tribunal Departamental de Justicia, el Comando de la Policia y de las Fuerzas Armadas, Brigada Parlamentaria, Tribunal Electoral Departamental y Rectorado de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), están bajo la dirección de hombres.
El Día Internacional de la Mujer se celebra hoy y las expertas en temas de género Cecilia Estrada e Irma Campos consideran que uno de los principales factores que frena el acceso de mujeres a la cabeza de las instituciones es la falta de políticas públicas concretas que promuevan la equidad de género en los ascensos laborales.
Las especialistas consideran fundamental la aplicación de normativa que “obligue” a las instituciones a dar espacios a las mujeres en todos los cargos jerárquicos, de manera equitativa.
Para Campos, la decisión pasa por los criterios que rigen en la cada entidad. “Sin una reglamentación clara acerca de la participación femenina equitativa en la institución, los puestos siempre estarán ocupados por hombres”.
Un segundo factor mencionado por Estrada y Campos es la visión machista y patriarcal que persiste en algunos hombres. Esto impide la implementación de políticas de igualdad al interior de las empresas o entidades públicas.
Campos dice que “los hombres consideran que tienen más capacidad que las mujeres”.
PARTICIPACIÓN No existe una normativa específica que garantice igualdad de oportunidad en el ámbito laboral.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Jimmi Ruddy Siles, explica que para la nominación de autoridades no hay ninguna instrucción acerca de paridad.
Menciona que los presidentes son elegidos por los vocales de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley del Órgano Judicial (025) que señala que es la sala plena del Tribunal Departamental de Justicia la que elegirá a su presidente o presidenta, mediante voto de los vocales.
En las últimas tres gestiones fueron elegidos dos hombres y una mujer.
Lo mismo sucede en el ámbito policial. Según una fuente oficial, no hay leyes ni disposiciones nacionales sobre el tema de género en la designación o ascenso de los policías.
La misma fuente señala que la institución se basa en una ley orgánica y en la Constitución Política del Estado (CPE). La Policía fue la precursora en tener generales mujeres y tuvo la primera promoción de oficiales mujeres entre las instituciones uniformadas.
Actualmente, el comandante designado para Cochabamba es el coronel Ronald Sánchez. En el departamento no se registró ningún caso de una comandante departamental que sea mujer.
En el caso de la designación de los representantes distritales de los Consejos de la Magistratura, se trata de nominaciones desde el ámbito central. Campos dice que las mujeres pueden respaldarse en la Constitución y en la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación (045).
La Ley 045 tiene el fin de eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación.
Campos y Estrada coinciden en que existe avance, debido a la presión de colectivos sociales que trabajan a favor de los derechos de las mujeres. “Esto no es suficiente”, insiste Campos.
NORMATIVA Para la expresidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, María Isabel Caero, es necesaria la promulgación de leyes y normas específicas. De esta manera se podría garantizar la inclusión de las mujeres en espacios de decisión y no solo en mandos medios, tanto en el sector público como en el privado y en el empresarial.
La exautoridad mencionó, por ejemplo, que la Ley de Régimen Electoral establece la paridad y la alternancia en las listas de los candidatos.
De esta manera, se garantiza la participación de las mujeres en los concejos municipales, en las asambleas legislativas departamentales y en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En el caso del rectorado de la UMSS, Juan Ríos del Prado, fue elegido por voto docente estudiantil entre cinco candidatos varones. Si bien en la UMSS fueron designadas dos rectoras el último año, fue por sucesión y en elecciones directas.
Organización
Las expertas
sugieren la conformación de plataformas para elaborar propuestas de políticas públicas de inclusión.
8 Marzo
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, se celebra el 8 de marzo. Se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad.
Protocolo busca evitar que jueces estereotipen a la mujer
El Comité de Género del Órgano Judicial presentó este martes el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que tiene el objetivo de que se eviten estereotipos contra la mujer en las resoluciones de los jueces.
“Los principal es que las juezas y jueces en sus argumentaciones y resoluciones eviten todo tipo de discriminación en razón de sexo, sesgo de género”, indicó la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Maritza Suntura.
La magistrada explicó que con este protocolo se pretenden evitar en las resoluciones judiciales criterios discriminatorias, como por ejemplo vincular una violación a la vestimenta de la mujer.
El acto central de presentación se realizó en La Paz. En el mismo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, señaló que este Protocolo trata de acabar con los estereotipos que provoquen discriminación de género.
La Presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial, Cinthia Armijo, resaltó que el documento incorpora la perspectiva de género para ayudar a las autoridades judiciales a visibilizar las relaciones de poder existentes, fundadas en el sexo, género o preferencia u orientación sexual distinta.
Asimismo, se destaca que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género busca dejar de lado el “sesgo de género” negativo al momento de emitir fallos.
El Comité de Género del Órgano Judicial es impulsado por magistradas y consejeras del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Comienzan las renuncias de cara a elección judicial
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca se quedó con nueve de diez vocales tras la renuncia irrevocable de José Antonio Revilla quien retornó a la docencia en la Universidad y estaría con la intención de postularse a la magistratura en las próximas elecciones judiciales. Se conoce extraoficialmente que al menos dos de los magistrados en ejercicio sólo esperan la reglamentación para habilitarse en las elecciones.
Después de más de seis años y medio como vocal, haber asumido la Presidencia en dos periodos seguidos, y ocho años como juez, Revilla decidió marcharse del TDJ, presentó su renuncia irrevocable al cargo de vocal el pasado 3 de marzo, aunque su carta lleva la fecha de 15 de febrero.
En su nota de renuncia, Revilla no especifica las razones, sólo indica que es de “carácter irrevocable dada la voluntariedad del ejercicio de la función jurisdiccional”. Sin embargo, se conoce que retornó a la docencia después de casi cinco años de estar declarado en comisión sin goce de haberes.
Este diario intentó comunicarse con Revilla pero sin éxito. En el TDJ se conoció que el ahora ex vocal expresó su intención de postularse a la magistratura en las próximas elecciones, al igual que algunos magistrados que trabajan en ese sentido.
El TDJ, por Ley, tenía diez vocales, con la modificación de la norma se incrementaron a 12, pero los últimos dos aún no fueron designados. De momento, el Tribunal Departamental de Justicia se queda con nueve vocales pero esperan que con la convocatoria en curso la vacancia sea cubierta, según la decana en ejercicio de la presidencia, Lilian Paredes.
POSTULACIONES
Al menos dos magistrados del TCP y del Órgano Judicial no descartaron la posibilidad de postularse una vez que se conozca la reglamentación de la convocatoria a magistrados.
Según la interpretación del presidente del TCP, Oswaldo Valencia, la Ley establece que no pueden postularse al mismo Tribunal en el que están ejerciendo el cargo, pero sí pueden hacerlo para otro Tribunal o el Consejo de la Magistratura.
El Magistrado, en una entrevista, dijo que era prematuro hablar de las nuevas postulaciones pero tampoco descartó esta posibilidad después que se publique el reglamento de la elección. El presidente del TSJ, Pastor Mamani, también estaría entre los postulantes para el TCP.
Su colega, Zenón Bacarreza, del TCP, dijo que particularmente no tiene interés, pero habría que esperar el reglamento de la convocatoria emitido por la Asamblea Legislativa sobre el plebiscito judicial entre abril y mayo. “Entretanto, nadie está pensando en la postulación, sino en terminar su gestión”, aseguró.
En esa misma línea, respondió el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, quien prefiere esperar la reglamentación con la modificación a la Ley 025 para asumir una determinación. “Si habría la posibilidad, por qué no, de todas maneras está la responsabilidad primero de terminar una gestión”, dijo Choque.
Magistratura examina hoy a los postulantes a vocales
Hoy se procederá a tomar examen a los postulantes para vocales en todo el país con la intención de cubrir al menos 25 acefalías, informó el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque.
La autoridad dijo que se reactivó la comisión de consejeros de la Magistratura y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además se invitará a los colegios de abogados y la Escuela de Jueces para la elaboración de los exámenes.
Garantizó la transparencia del proceso; los postulantes estarán incomunicados con el exterior, una vez ingresen a los ambientes recién recibirán los exámenes y se prevé que hasta el jueves o viernes la comisión proceda a la revisión de las pruebas en Sucre. La lista de aprobados pasará a Sala Plena del TSJ. “Serán los magistrados del TSJ quienes designen a los nuevos vocales una vez que tengan las listas”, remarcó.
Bolivia presentará nuevas leyes antidroga ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentará los contenidos de la nuevas leyes de la coca y de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas en el 61 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se desarrollará entre el 13 y el 15 de marzo en Viena, Austria, informó el lunes el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
"Con las dos leyes, Bolivia, a la cabeza del ministro de Gobierno, Carlos Romero, y posiblemente el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni, vamos a asistir el día lunes al 61 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas", informó en conferencia de prensa.
Recordó que ambas leyes reemplazarán a la Ley 1008, de régimen de la coca y sustancias controladas.
Según Cáceres, las dos leyes serán promulgadas por el presidente Evo Morales hasta el fin de semana, para ratificar "con mucha solvencia y precisión", ante la comunidad internacional, que la lucha contra el narcotráfico para Bolivia es una política de Estado.
Anunció que en ese encuentro internacional explicarán, particularmente, por qué la nueva Ley General de la Coca permitirá que la cantidad de cultivos de esa hoja milenaria se extienda de 20.300 hectáreas a 22.000 hectáreas.
"Pusimos esta meta de las 22.000 hectáreas para que el Estado nacional tenga control sobre ellas mismas y lleve adelante nuestra política de lucha contra las drogas en todo el territorio nacional, en este caso evitando que no haya coca excedentaria que alimente la actividad del narcotráfico", explicó.
Adelantó que Bolivia explicará que la nueva cifra de cultivos en el país fue pensada para que unas 14.000 hectáreas sean destinadas al acullico (masticado tradicional) y unas 7.000 se usen en la industrialización, "con fines estrictamente para uso médico y farmacéutico".
El Viceministro de Defensa Social dijo que en el caso de la Ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, Bolivia explicará que esa nueva norma incorporará una lista de productos químicos que tendrán un comercio controlado en el país, entre ellos, cemento y una diferenciación de penas entre grandes transportadores de droga y pequeños traficantes.
"En la nueva ley estamos hablando también de la discriminalización de la pobreza. Definitivamente el problema de la adicción de drogas no debe ser criminalizado (...) Tiene que ser un problema de salud pública", agregó.
Cáceres dijo que con esos argumentos del Gobierno demostrarán que la nueva norma para el caso de sustancias controladas estará acorde a los principios y los estándares internacionales de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. (06/03/2017)
Una guía apuesta a eliminar el machismo en causas judiciales
