Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.
En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.
El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.
En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.
En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.
La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:
- Asociación Un Nuevo Camino
- Alianza Libres Sin Violencia
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
- Comunidad de Derechos Humanos
- Coordinadora de la Mujer
- Fundación CONSTRUIR
- Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
- Construyendo Redes para el Desarrollo
- Asociación de Personas Transgénero de La Paz
- Asamblea Permanente de Derechos Humanos
- Fundación Tribuna Constitucional
El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.
Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.
Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional
El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.
Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.
Bolivia, 16 de junio de 2017.
El Alto, encima del promedio de Latinoamérica en homicidios
De acuerdo con datos del Ministerio de Gobierno, en la urbe alteña hay 28,6 delitos contra la vida por cada 100 mil habitantes. En la región la cifra es de 27.
Habrá ley de sustancias controladas: Montaño
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que sí habrá una ley de sustancias controladas, que en parte reemplazará a la Ley 1008, contrariamente a las declaraciones de su colega Susana Rivero.
Montaño explicó que la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, más conocida como 1008, será reemplazada por la Ley General de la Coca; la ley de sustancias controladas y el Código del Sistema Penal.
"La Ley 1008 va ser definitivamente sepultada con tres cuerpos legales", indicó al manifestar que en la presente legislatura avanzará con el proyecto de Ley de Sustancias Controladas, toda vez que la Ley General de la Coca sólo aguarda su promulgación.
El miércoles, Rivero aseguró que ya no era necesaria una ley de sustancias controladas.
Más de 170 postulantes dan examen para jueces
Más de 170 postulantes a 21 cargos de jueces en siete de los nueve departamentos del país rindieron la prueba escrita ayer. El miércoles de la próxima semana será el examen para los postulantes a vocales.
Ayer, en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, ocho postulantes se presentaron a rendir la prueba para el cargo de juez en el municipio de Huacareta.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó que el examen se dio en los tribunales departamentales de justicia de Santa Cruz, La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba, Beni y Chuquisaca. Una Notaria de Fe Pública acompañó el acto en cada uno de los departamentos, apuntó.
Choque explicó que la elaboración del examen estuvo a cargo de una comisión que durante la mañana de ayer, trabajó a puerta cerrada y en presencia de una Notaria de Fe Pública en el Consejo de la Magistratura.
Antes de las 16:00, hora prevista para el examen, se envió la prueba a todos los distritos. Una vez que los postulantes rindieron el examen, el mismo fue reenviado a Sucre en un sobre cerrado para su calificación.
EXAMEN PARA VOCALES
El Presidente del Consejo de la Magistratura confirmó que el examen para postulantes a vocales a diferentes distritos judiciales del país que debió rendirse hoy, viernes, fue postergado para este miércoles.
En el caso de Chuquisaca, hay 17 postulantes para copar dos cargos de vocales de nueva creación en el Tribunal Departamental de Justicia.
Choque informó que en una sesión de Sala Plena del Consejo de la Magistratura se decidió modificar una parte de la convocatoria y se dejó sin efecto el examen oral debido a la falta de recursos económicos.
El examen del miércoles no será oral y una comisión conformada por los presidentes y decanos del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de Magistratura se encargará de la revisión de las pruebas.
Senado iniciará juicio de responsabilidades contra miembros de la Magistratura en abril
El Tribunal de Sentencia (Senado) aprobó este jueves el Auto de apertura del juicio de responsabilidades en contra de cuatro miembros del Consejo de la Magistratura y la audiencia del proceso para el 4 de abril.
Los consejeros que serán procesados son Cristina Mamani, Wilma Mamani, Freddy Sanabria y Gonzalo Triveño, quienes fueron acusados por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes.
Según la investigación, los procesados cometieron irregularidades al dejar sin efecto el nombramiento de un juez que ganó ese lugar en una convocatoria en la ciudad de La Paz, sin ningún argumento.
El pasado mes de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la suspensión temporal de sus cargos y la acusación contra las cuatro autoridades, el caso se remitió al Senado para que en su calidad de Tribunal de Sentencia abra el juicio de responsabilidades.
Este jueves, la audiencia de apertura del juicio se realizó donde los legisladores definieron para el 4 de abril a las 15:00 el inicio del juicio de responsabilidades.
Esperan que el código penal absorba la ley antidrogas
El Gobierno debate para cambiar de planes y propone cerrar la posibilidad de tener una ley general de la coca y otra de sustancias controladas para liquidar la Ley 1008, vigente desde 1988. Ahora, el oficialismo analiza si el nuevo código del sistema penal absorberá las sanciones y no será necesaria otra norma, además de la aprobada la semana pasada y que legaliza la posibilidad de ampliar la producción de coca a 22.000 hectáreas.
La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, informó de que no habrá una ley de sustancias controladas, sino que todo el tema punitivo vinculado a los ilícitos del narcotráfico estará incluido en el código del sistema penal. Consultada sobre si ya no será necesaria una ley de sustancias controladas, Rivero respondió: “No. Todas las infracciones estarán en el sistema penal”, reiteró la legisladora, y manifestó que se terminará con el método que en todas las leyes se incluían sanciones con diferentes tipos penales.
Sin embargo, hay contradicciones. El jefe de bancada del MAS, David Ramos, dijo a ANF que se aceleraría la aprobación de la ley de sustancias controladas para sancionar a los narcotraficantes. “Se viene trabajando en otra ley de tráfico de sustancias controladas, que no solo tiene que ver con el desvío de coca para el narcotráfico, sino de otras sustancias ilícitas”, sostuvo.
Este medio accedió al anteproyecto de ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Desde el artículo 38 fija las atribuciones del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), que tendrá todos los bienes incautados a su nombre y será administrado por Dircabi. Desde el artículo 67 hasta el 122 se hace referencia a todo el trabajo que se hará bajo el régimen de la pérdida de dominio de bienes que en 2012 provocó una agria disputa entre el ministro Carlos Romero y la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado.
Los artículos 13, 14, 15 y 16 permiten la acción de los informantes, la cooperación eficaz, la interceptación de comunicaciones y la exención de la confidencialidad, que es rechazada por los especialistas
Sin embargo, la ley de la coca y este proyecto no eliminan por completo la Ley 1008, porque 74 de los 132 artículos quedan vigentes. Los aspectos punitivos, de todas formas, deben ser discutidos en una tercera ley: el código del sistema penal.
La sancionada ley general de la coca abroga los artículos del 1 al 31 de la norma, todos referidos al arbusto. Mientras que el proyecto de ley de sustancias controladas elimina otros 27 artículos, referidos al transporte de las sustancias controladas.
Permanecen vigentes 74 artículos que hacen referencia a las penas y a los tipos de delitos relacionados con el transporte de la coca y la droga fabricada; además, conserva también una extensa lista de fármacos que son considerados drogas y que
no pueden ser comercializados libremente
Delito de narcotráfico pasará al Código del Sistema Penal
La actual Ley 1008 desaparecerá y los delitos por narcotráfico serán tipificados en el nuevo Código de Sistema Penal.
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, confirmó que la nueva norma tendrá en su potestad las sanciones sobre estos casos.
Medidas. Antes se había indicado desde el oficialismo que de la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas iban a desprenderse dos normas: una de ellas la Ley General de la Coca, que la pasada semana ya fue aprobada y otra de sustancias controladas. "No habrá 1008 a partir de la promulgación del nuevo Código del Sistema Penal, las figuras jurídicas sí, la conformación de los tipos penales son distintos, precisamente porque esta (la Ley 1008) es una ley muy antigua, que no reflejaba la realidad boliviana", dijo Rivero.
A su turno, la senadora oficialista Adriana Salvatierra indicó que al unificarse estos puntos en el nuevo Código, este tendrá las diferentes clasificaciones como delitos, faltas o crímenes respecto al narcotráfico. "Se está unificando toda la estructura de delito en una sola norma. La hoja de coca ya no es considerada un estupefaciente, por eso hemos separado su clasificación y ahora los delitos van a estar en otra norma", señaló Salvatierra.
Rivero aseguró que ya no será necesaria una ley de sustancias controladas, porque "el Código establece todas las sanciones de tráfico, almacenaje, transporte" que se incluían en la 1008. "En el Código Penal se fijan penas durísimas pero con graduaciones", porque precisó que no pueden llenarse las cárceles de "mulas" y no así de los que financian el ilícito del tráfico de drogas.
Norma base. Rivero adelantó que en los próximos días se iniciará el tratamiento del Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, por lo que pidió a la oposición debatir sanamente y pensando en el pueblo que se beneficiará con la mejora de la justicia, dejando de lado la distorsión con fines políticos.
Según explicó, el proyecto de ley fue elaborado por profesionales bolivianos en el ámbito jurídico y también fue asesorado por expertos internacionales, "pero hemos construido este Código pensando en Bolivia, en las necesidades del pueblo y, sobre todo, en el mandato que nos dio el pueblo en la Cumbre de Justicia, así que exhortamos a que cuando iniciemos esta discusión sea una discusión técnica".
Salvatierra considera que no habrá mayores trabas dentro del tratamiento de este nuevo Código, dado que asegura estaría plasmando lo solicitado por los sectores en la Cumbre judicial.