Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia

El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.

En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.

El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.

En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.

En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.

La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.

La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:

  • Asociación Un Nuevo Camino
  • Alianza Libres Sin Violencia
  • Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
  • Comunidad de Derechos Humanos
  • Coordinadora de la Mujer
  • Fundación CONSTRUIR
  • Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
  • Construyendo Redes para el Desarrollo
  • Asociación de Personas Transgénero de La Paz
  • Asamblea Permanente de Derechos Humanos
  • Fundación Tribuna Constitucional

El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.

Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.

Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional

El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.

Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.

Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.

Bolivia, 16 de junio de 2017.

 

 



Los consejeros de la Magistratura de Bolivia: Roxana Orellana, Magdalena Alanoca, Orlando Ríos, Oswaldo Patiño asumieron el cargo ayer en suplencia mientras se decida la suerte de igual número de consejeros titulares que fueron suspendidos por la Cámara de Diputados para ser sometidos a un juicio de responsabilidades.

La información corresponde al presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, quien aseguró que las nuevas autoridades cumplieron con la presentación de toda la documentación y que desde ayer, martes, asumieron sus funciones de consejeros en suplencia, pero con todas las prerrogativas de un titular.

Choque dijo que el siguiente paso será convocar a la primera Sala Plena para este viernes y coordinar las acciones que deberán desarrollar a futuro.

El 21 de diciembre la Cámara de Diputados decidió suspender de sus cargos a los consejeros Cristina Mamani, Wilma Mamani, Roger Triveño y Freddy Sanabria por un supuesto incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El Presidente del Consejo de la Magistratura planteó la reducción de la planta administrativa para la creación de al menos 50 ítems para jueces que hacen falta en todo el país. 

El presidente Evo Morales anunció que convocará este año a la elección por voto popular y secreto de los nuevos magistrados del Órgano Judicial, que en octubre cumplen su mandato de seis años.
El anuncio lo hizo desde el Palacio Quemado, donde afirmó que se cumplirá con las recomendaciones de la Cumbre de Justicia y afirmó que envió proyectos de ley para más reformas a la justicia.

En octubre de 2011 Bolivia eligió a 56 autoridades judiciales de las cuatro instituciones del Órgano Judicial, de las cuales 28 son mujeres y 28 varones. En esa oportunidad el ausentismo fue del 20,3%. De los  5,2 millones de habilitados, votaron 4,1 millones.

El calendario electoral
Al respecto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, explicó que el proceso de elección de autoridades judiciales requiere de 150 días; dos meses destinará la Asamblea Legislativa Plurinacional para la preselección de los aspirantes a magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.  Los 90 días restantes serán para programar las actividades que conlleva un proceso eleccionario. 
Según Exeni, en las próximas semanas se reunirán con la directivas de las Cámaras para iniciar la coordinación referente a los plazos y tiempos para la elección judicial. 

De acuerdo con los plazos, aunque Exeni no lo mencionó, la convocatoria para los comicios será en mayo y la elección de magistrados en octubre. 

Reacción
El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, dijo que no solo es una elección judicial, sino que se debe cambiar el método de selección de los postulantes a magistrados y que se respete la ‘meritocracia’ de los aspirantes a los tribunales de Justicia. 

Sobre el asunto, Peña afirmó que el partido Demócratas elaboró y presentó una propuesta de reforma del sistema judicial para que la etapa de preselección de los aspirantes a magistrados se realice a través de instituciones académicas, a fin de transparentar la selección antes de llegar a la etapa de elección por voto popular. 

Además, Peña puntualizó que la propuesta del Movimiento Demócrata Social está dirigida a contar con una justicia más ágil y para desburocratizar el sistema judicial boliviano 

El gobierno puso en marcha este martes el plan de reforma del sistema judicial y para ese fin remitió a la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley que modifican normativas que regulan el ejercicio de la abogacía, acortan los plazos de los litigios y sancionan a las autoridades que incurran en dolo.

“Hermanas y hermanos, son las conclusiones de la cumbre para implementar y para mejorar la justicia boliviana y para eso enel Órgano Ejecutivo estamos enviando tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, anunció el presidente Evo Morales durante la presentación de ese plan de reformas.

Los tres proyectos de norma son la ley conciliación ciudadana y municipal, la modificatoria de la ley de ejercicio de la abogacía y la modificación al Código de Procedimiento Penal a través del nuevo Código del Sistema Penal, un proyecto que reúne en una sola norma los códigos Penal y el Procesal Penal.

“Después de un trabajo en el Gabinete Jurídico, en consulta con la Asamblea Legislativa, con algunos expertos, tenemos un resumen para hacer esta profunda transformación y sobre todo un plan de implementación de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural (que se desarrolló en Sucre en junio de 2016)", señaló Morales.

Con el fin de garantizar la celeridad de los litigios penales, la reforma fija la destitución y procesos para los jueces que suspendan audiencias. Una sanción similar se proyecta para los fiscales que se ausenten de las audiencias.

Asimismo, los abogados que no asistan a las citas judiciales serán reemplazados por defensores públicos y sancionados disciplinariamente con suspensión de su matrícula profesional y el pago de multas.

El plan de reforma fija de manera categórica la prohibición de la suspensión de audiencias.

El presidente Evo Morales anunció el martes envió tres proyectos de ley para la reforma judicial a la Asamblea Legislativa en los que se incluye sanciones para jueces, fiscales y abogados que no asistan a las audiencias.

“Hermanas y hermanos son las conclusiones de la cumbre para implementar y para mejorar la justicia boliviana y para eso el Órgano Ejecutivo estamos enviando tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dijo el Jefe de Estado.

Los jueces que suspendan una audiencia serán destituidos y procesados de inmediato. En el caso de fiscales, aquellos que no asistan a sus audiencias serán reemplazados o conducidos por la fuerza pública o destituidos, explicó el Mandatario.

Los abogados serán suspendidos de su matrícula profesional por seis meses en caso de que no se presenten a la audiencia y por esta conducta se suspenda la audiencia.

Sobre los querellantes dijo que se los podrá obligar a presentarse mediante la fuerza pública.

El Presidente además anuncio la posibilidad de convocar un referendo para cambiar el Código Penal y permitir la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños.

Recordó que todas estas propuestas son las conclusiones de la Cumbre de Justicia realizada en junio del 2016 en Sucre.

 

El presidente Evo Morales informó que este año se convocará a elecciones judiciales para los magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Los actuales magistrados cumplen su gestión en diciembre de este año, luego de que fueran electos en los comicios de octubre de 2011, en unas inéditas elecciones realizadas en Bolivia.

"Los magistrados este año acaban su gestión, y vamos a cumplir con la Constitución y también con las recomendaciones de la Cumbre de Justicia. Este año se va a convocar a la elección de nuevos magistrados para el Estado Plurinacional cumpliendo con la Constitución”, informó Morales en Palacio de Gobierno, en la presentación de las conclusiones de la Cumbre de Justicia.

El Gobierno, consultado en más de una oportunidad sobre la justicia, descalificó el accionar de ésta y reconoció errores en la elección popular de los magistrados, aunque para la próxima ocasión anticipó que se hará hincapié en la meritocracia para elegir a los mejores profesionales para esos cargos.

De acuerdo al reporte de la misma Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), más del 50% de las autoridades judiciales electas, fueron denunciadas por diversos motivos.

Juristas cuestionan a las autoridades del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la selección direccionada de los candidatos a magistrados en las pasadas elecciones judiciales del 2011.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental (TA), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM), conforman el Órgano Judicial.

Procesos instaurados. Por la vía ordinaria, alrededor de seis autoridades fueron demandadas por diversos delitos, sin embargo, algunos de ellos ya fueron cerrados, mientras que otros no implicaron mayores sanciones contra las autoridades vigentes.

A esto se suma el informe de la Comisión de Justicia Plural de la ALP, específicamente en el Comité del Ministerio Público de dicha comisión, en donde se investigan las denuncias contra las autoridades judiciales. Según se conoce que más del 50% de los magistrados se encuentran procesados. De las 28 autoridades en función, solo ocho estarían limpias de procesos presentados en su contra. 

Detalles. La diputada de oposición Norma Piérola, que forma parte del Comité del Ministerio Público que investiga las denuncias contra magistrados, indicó que de las 28 autoridades titulares electas y vigentes en el cargo, son 20 las que enfrentan acusaciones de diversos delitos. "Se han violentado los derechos de algunos ciudadanos", dijo. 

Indicó que una gran parte de las causas que aún siguen en investigación, son casos pendientes de la gestión legislativa pasada. Mencionó que en la anterior legislatura, el diputado a cargo de esta comisión de investigación era Juan Carlos Cejas, quien ahora ocupa el cargo de gobernador de Potosí y quien a decir de ella misma, actuó de forma irregular en varias denuncias que se presentaban. "Arrastramos muchos procesos de la anterior legislatura, lamentablemente el diputado a cargo en ese entonces solo impulsó el proceso a los magistrados que se distanciaron del partido de Gobierno", apuntó.

Observación. Para el analista político, Jimmy Frías, las denuncias contra las máximas autoridades en la justicia del país, es la muestra de los errores que se cometieron dentro de la ALP al momento de seleccionar a los candidatos.

Cuestionó que no se haya valorado la meritocracia y la experiencia de muchos candidatos, por dar lugar a postulantes cercanos al MAS. "No tenemos magistrados que tengan buena calidad de fundamentación jurídica, por eso la mayoría tiene procesos. Es resultado de la improvisación al admitirlos", dijo. 

Problemas identificados. A esta posición se suma el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, quien englobó el conflicto en dos problemas: la innecesaria legitimación de personas que no ejercen funciones judiciales, sino más pegadas a la política y el permitir que lleguen a este cargo personas que tuvieron participación directa con el partido de Gobierno, que las idóneas.  Indicó que esta situación es la muestra de los magistrados que en un principio quisieron mostrar su imparcialidad al emitir sus opiniones y fallos, pero que finalmente fueron apartados de sus funciones con procesos o sanciones. "Es un descalabro total en el Órgano Judicial, en algunos momentos hubo gente que no mostró parcialidad al Gobierno y se generó un escenario de denuncias en su contra. Por eso hoy seguimos profundizando la crisis en el sistema judicial del país", manifestó Cabrera.

Algunos casos que marcaron...

Suspensión de magistrados del TCP. Las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, Ligia Mónica Velásquez y Rosario Chánez, fueron suspendidas de sus funciones tras observar la Ley de Notario años atrás.

Suspensión en Consejo de la Magistratura. De los cinco integrantes de esta instancia judicial, cuatro fueron suspendidos días atrás tras ser denunciados ante la ALP y esta dictar una resolución de inicio de juicio de responsabilidades.

Cristina Mamani. La consejera fue señalada de estar vinculada con un falso asesor del presidente Evo Morales, por supuesta extorsión. También el diputado opositor Rafael Quispe, dijo que tenía una denuncia por supuesto daño económico al Estado.

Ruddy Flores. El magistrado del TCP, estuvo involucrado en un hecho de tránsito en la carretera Sucre - Potosí. El motociclista afectado perdió la vida. El magistrado obtuvo medidas sustitutivas y generó
varias críticas, sin embargo, permanece libre.

Sam Mills Jersey