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El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó el jueves que esa instancia legislativa aprobó la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional, de la Ley del Órgano Judicial y de la Ley del Régimen Electoral para las elecciones judiciales de octubre próximo.

"Ya se tiene el informe de comisión, porque ya se ha aprobado las modificaciones a las leyes", dijo a los periodistas.

Según Borda, las modificaciones a la Ley del Tribunal Constitucional se refieren al aumento del número de magistrados, de siete a nueve, que serán elegidos en circunscripción departamental, al igual que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, velando por la equidad de género.

Agregó que las modificaciones establecen una disminución de los miembros del Tribunal Agrario, de siete a cinco, y para el Consejo de la Magistratura una reducción de cinco a tres magistrados.

Respecto a la Ley Electoral, Borda dijo que se realizan modificaciones al tema de difusión de los logros académicos y profesionales de los postulantes a magistrados.

Si algún postulante incurre en inducir el voto, Borda dijo que automáticamente quedará "inhabilitado" y habrá una sanción pecuniaria para el medio de comunicación que de igual forma induzca al voto por algún candidato.

"Para controlar todo esto, el órgano Electoral tiene que establecer un centro de monitoreo para ver estos aspectos", señaló.

Borda agregó que las modificaciones a la Ley del Órgano Judicial se enmarcan en el cambio de papeletas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, tomando en cuenta que erán elegidos por circunscripción nacional, mientras con la modificación será departamental.

La Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia cuestiona el reglamento de preselección de candidatos a magistrados que impulsa el Gobierno de Evo Morales al considerar que pueden prevalecer los intereses políticos en este proceso. Así lo expresó David Rosales, presidente de esta entidad durante una entrevista con EL DEBER Radio.

Rosales indicó que se presentaron sugerencias a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para fortalecer la selección mediante la conformación de un comité integrado por miembros de organizaciones sociales, académicas y civiles en donde se identificaba a las universidad públicas y privadas y los colegios de abogados, pero que esta no fue tomada en cuenta.

"Lo ideal hubiese sido (que este comité) participe propiamente de la evaluación, del concurso de méritos, de la fase de evaluación de conocimiento y la entrevista (...) esto sigue de mano de la ALP", dijo Rosales a EL DEBER Radio en concordancia con miembros de la oposición que también cuestionan el proceso de preselección.

La ALP ha dado la posibilidad a estas instituciones de participar en la elaboración de las preguntas que se les formula a los candidatos a magistrados, pero que "ellos no tienen voto para la calificación".

Por su parte, la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa, ha respondido a las críticas y plantea que sean las organizaciones sociales las que supervisen el proceso de postulación, preselección y selección de los candidatos.

Habrá dos papeletas

A diferencia de la votación de 2011, que tuvo una sola boleta de sufragio para 125 aspirantes a magistrados, en este proceso habrá dos papeletas de votación.

La propuesta contempla una boleta para elegir en circunscripción nacional a los miembros del Tribual Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y en la otra papeleta se elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son electos en circunscripción departamental.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, descartó este jueves que el país, y la Asamblea Legislativa en específico, convoquen a veedores internacionales para el proceso de preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial, tal como plantearon bloques opositores.

“Consideramos que el proceso de preselección que va realizar la Asamblea no amerita que tengan que venir veedores para que puedan ver como se están haciendo las cosas. Hay mecanismos para garantizar que el proceso sea transparente”, remarcó el legislador oficialista en declaraciones a la televisora Cadena A.

La propuesta de convocar a misiones internacionales para vigilar el proceso de preselección que encarará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue planteada por legisladores de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos con representación en el pleno camaral, además de Soberanía y Libertad (Sol.bo), del alcalde de La Paz, Luis Revilla.

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En criterio de Gonzales, en el país “no estamos atravesando una situación de crisis o de hecatombe como podría suponerse” para asumir esa medida.

Aseguró que la participación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que acompañará el proceso con ocho delegados, es garantía de idoneidad y transparencia.

“Además de la presencia del sistema universitario, estarán los medios de comunicación, la opinión pública, cualquier ciudadano. Es un proceso limpio y transparente que no tiene nada que esconder”, sostuvo Gonzales.

El Legislativo además garantizó, a diferencia del proceso de 2011, la ponderación de la meritocracia y un sistema “ciego” de calificación que impedirá el favorecimiento a algún aspirante.

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La oposición, no obstante, sostiene su desconfianza en el proceso que es liderado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que tiene mayoría en el Órgano Legislativo, pese a que se convocó a las fuerzas opositoras para elaborar el reglamento y ajustar las normas que rigen la preselección. (20/04/2017)

El Gobierno no comparte la idea de que las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo sugieran a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sus asesores para las elecciones judiciales, según dijo ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce, mientras se profundizan las discrepancias entre oficialismo y oposición para acordar un reglamento de consenso para la preselección de postulantes a magistrados.

“Yo no comparto ese criterio, no debe ser un mecanismo para la preselección que sea asesor o que sea miembro o que tengan alguna filiación, ninguna otra circunstancia que no sea la meritocracia”, declaró la autoridad al salir de Palacio de Gobierno.

Su reacción fue ante la declaración del vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien dijo que en las organizaciones sociales existen profesionales que tienen un buen perfil para aspirar a los cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.

Los temas en discrepancia entre el oficialismo y la oposición, son la comisión responsable de la evaluación y calificación de méritos, quiénes conforman esa comisión, el número de miembros del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura y la distribución del puntaje para méritos, examen escrito y entrevista. Estos temas serán debatidos el viernes, anunció el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.

En Sucre, el diputado opositor Oscar Urquizu anunció que hay una posición unánime de cuatro partidos políticos que declaran irrenunciables al menos tres puntos para garantizar que prevalezca la independencia, transparencia y la meritocracia en el proceso de elección de autoridades judiciales.

Exigen que la comisión de preselección esté en manos de una entidad técnica independiente de la política y rechazan el planteamiento del oficialismo de invitar a ocho universidades que junto con los asambleístas realicen la preselección.

También piden poner un porcentaje de voto mínimo exigido por ley, de un 15 a 20% a favor para ser elegido. Un tercer punto es la elección por circunscripciones departamentales de nueve miembros en cada una de las cuatro instituciones judiciales.

La Asamblea Legislativa prevé "mecanismos de seguridad" y "codificación" del proceso de evaluación en la preselección de aspirantes al Órgano Judicial, para garantizar transparencia y evitar la filtración de exámenes o el favorecimiento a los candidatos.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, declaró este martes, que no será posible la filtración de exámenes ni el favorecimiento hacia algunos aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.

"Se están implementando todos los mecanismos (de seguridad). A través del sistema informático se está elaborando un código de seguridad para evitar que se filtren preguntas o se intente favorecer a un ciudadano", declaró, según ANF.

La Asamblea Legislativa prevé “mecanismos de seguridad” y “codificación” del proceso de evaluación en la preselección de aspirantes al Órgano Judicial, para garantizar transparencia y evitar la filtración de exámenes o el favorecimiento a los candidatos.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, declaró este martes, que no será posible la filtración de exámenes ni el favorecimiento hacia algunos aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.

“Se están implementando todos los mecanismos (de seguridad). A través del sistema informático se está elaborando un código de seguridad para evitar que se filtren preguntas o se intente favorecer a un ciudadano”, declaró Gonzales.

Sin embargo, el jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, declaró que en la mesa multipartidaria donde buscan acuerdos para aprobar un reglamento en consenso, expresarán sus observaciones a los riesgos en el examen o a la distribución del puntaje.