“La reforma de justicia debiera tocar temas estructurales, lo que se requiere es un pacto nacional, político y social. Implica un desprendimiento de intereses sectarios y partidarios del oficialismo y oposición”, declaró Mónica Bayá, Coordinadora de la Alianza Libres sin Violencia

Manifestó esta posición en una conferencia de prensa sobre casos emblemáticos de violencia hacia las mujeres en el sistema de justicia, en el que participaron la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, la Alianza Libres sin Violencia, Fundación Construir, Fundación Esperanza Desarrollo y Dignidad, Fundación UNIR, Asociación un Nuevo Camino, Visión Mundial, la Comunidad de Derechos Humanos.

Señaló que realmente se está tocando fondo en la administración de justicia que es transversal y afecta a todos los derechos, por eso mismo se requiere una participación plural y amplia de los actores políticos y sociales, de lo contrario “va a ser nuevamente un fracaso”.

Porque “si en este proceso no se involucra a todos los actores, en este escenario de polarización de descreimiento y desconfianza, será muy difícil avanzar en una reforma que toque los problemas de fondo y reales de la justicia”, comentó.

En relación a la anunciada cumbre que se realizará en el mes de marzo, dijo que si bien existieron esfuerzos en las anteriores cumbres también hubo observaciones sobre los niveles de participación de diferentes actores.

Bayá señaló que se conoce “muy poco”, es más, no se conoce un informe efectivo y público sobre el proceso de implementación de las recomendaciones y conclusiones de las cumbres, para que la ciudadanía conozca sobre si existieron o no avances.

En ese contexto, añadió que “anunciar una nueva cumbre sin evaluar y sin saber los resultados que se tuvieron en la implementación de la anterior cumbre por su puesto parece un despropósito”.

Acotó que en el país más del 30% de los procesos penales son por delitos de violencia, por lo tanto, debe haber una respuesta específica”, manifestó.