Expertos en política sostienen que Diego García-Sayán llegó a Bolivia en un “momento ideal” para ver en persona la crisis judicial y la intromisión de otros órganos estatales. Destacan el caso de Añez.
El relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, presentará su informe final sobre su visita al país al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de este año, el mismo servirá como insumo para la reforma judicial.
La misión en la ciudad de Sucre del relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, el peruano Diego García-Sayán, concluyó ayer con reclamos de grupos que presuntamente son víctimas de la mala administración de justicia.
Constitucionalistas ven con optimismo la llegada del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, debido a la apertura que tuvo para reunirse con diferentes instituciones y sectores de la sociedad civil. Además, esperan que las recomendaciones que dé generen una mejoría en el sistema de justicia en el país, pese a que el cumplimiento de las mismas no es obligatorio para el Gobierno.
El gobernador de Chuquisaca y disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Damián Condori, denunció “injerencia” del Órgano Ejecutivo en la justicia ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayan y mencionó el caso del exFondo Indígena por el cual estuvo dos años detenido en San Pedro.
El pasado 15 de febrero representantes de redes y organizaciones de derechos humanos se reunieron en la ciudad de La Paz, con Diego García Sayán el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, en el marco de su visita oficial a Bolivia.
La coalición de sociedad civil estuvo integrada por representantes de la Comunidad de Derechos Humanos, Fundación CONSTRUIR, Centro de Documentación e Información de Bolivia – CEDIB, Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado – ITEI, ONG Realidades, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM Bolivia, la Oficina Jurídica para la Mujer, Fundación para el Debido Proceso, Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Fundación Tribuna Constitucional, Organización de Apoyo Legal y Social, y, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos. Dichas instituciones tienen amplia experiencia en la promoción y defensa del acceso a la justicia de la población boliviana y el acompañamiento a procesos de reforma, en tal sentido, brindaron al Relator Especial información sobre la situación del país en materia de garantías para una justicia independiente e imparcial, así como el impacto que tiene la crisis judicial por la ausencia de dichas garantías en grupos prioritarios.
Además, le entregaron un documento que recopila datos relevados por la sociedad civil en estudios, procesos de veeduría ciudadana, observatorios hemerográficos y experiencia práctica de asistencia de grupos prioritarios, estructurando aportes en cinco ejes:
Además de lo anterior se enfatizó en la necesidad urgente de atender los problemas de acceso a la justicia de poblaciones en extrema vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia, cuyos procesos en la justicia se caracterizan por escenarios de extrema mora procesal, impunidad, y re victimización, pues, las brechas de implementación de la Ley 348 son amplias, en especial en términos de cobertura, especialidad y recursos de los servicios de atención, investigación y sanción.
Finalmente, se expusieron propuestas y recomendaciones para una ruta crítica de reforma y transformación de la justicia, a tiempo de entregar una serie de diagnósticos y publicaciones elaboradas por la sociedad civil, entre ellas la Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia que integra propuestas de la sociedad civil para medidas normativas y de política pública.
El relator, desarrolló consultas complementarias, y destacó la importancia de una sociedad civil activa que a partir de propuestas aporte a la ruta crítica de reforma a la justicia en Bolivia.