Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.
En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.
El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.
En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.
En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.
La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:
- Asociación Un Nuevo Camino
- Alianza Libres Sin Violencia
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
- Comunidad de Derechos Humanos
- Coordinadora de la Mujer
- Fundación CONSTRUIR
- Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
- Construyendo Redes para el Desarrollo
- Asociación de Personas Transgénero de La Paz
- Asamblea Permanente de Derechos Humanos
- Fundación Tribuna Constitucional
El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.
Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.
Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional
El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.
Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.
Bolivia, 16 de junio de 2017.
Destacan los trabajos en las cárceles de todo el país
El director general de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, Jorge López, y el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) en Bolivia, Thierry Rostan, realizaron la mesa interinstitucional anual con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el área penitenciaria.
Jueces atienden al menos 2 acciones de tutela al día
Los jueces y vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca, resuelven al menos dos acciones constitucionales por día y en 2017 atendieron 391, la mayoría acciones de amparo, seguidas de acciones de libertad, populares y de cumplimiento denunciando la vulneración de derechos.
Designación de nuevos jueces llevará 4 meses
Las nuevas designaciones y renovación de 126 cargos de jueces en el país comenzará a partir de convocatorias en el Tribunal Agroambiental y en los juzgados en materia penal en unos cuatro meses; inicialmente se prevé el nombramiento de 75 juzgados entre nuevos y acefalías, sin embargo, hay presión de algunos municipios como Sacaba (Cochabamba) que consiguió la dotación de dos jueces más pero no será pronto.
Acuerdan reglamentar el control social judicial
Ante el incremento de organizaciones sociales que a título de Control Social en la justicia exigen informes, solicitan designaciones y destituciones de funcionarios e incluso incurren en actos de “chantaje”, el Consejo de la Magistratura acordó con los dirigentes sindicales nacionales la reglamentación de la Ley de Participación y Control Social que en muchos casos es utilizada para presionar a las autoridades judiciales, aseguran ellas mismas.
Luzmila, 5 años en la cárcel no la detuvieron para ser abogada
“Es una experiencia triste, dolorosa y hermosa”, así se refiere Luzmila Navarro (47) a su permanecía durante cinco años en la cárcel San Sebastián Mujeres. Ella es una de las 67 internas que pueden beneficiarse con el Plan de Descongestionamiento Penal que ha iniciado ayer.
El Defensor del Pueblo socializa el Decreto de Amnistía
El Defensor del Pueblo, David Tezanos, comenzó este jueves con la socialización de del Decreto Presidencial de Amnistía, Indulto Parcial e Indulto Total. Comenzó con la tarea en el Centro Penitenciario de San Sebastián Mujeres de Cochabamba.
"Estamos empezando por la población femenina en el Centro Penitenciario de San Sebastián de Mujeres. Existen varios artículos destinados por género ya sean, mujeres embarazadas, mujeres de 55 años adelante, que se beneficiarán con la reducción de la pena", señaló el Defensor del Pueblo.
Recordó que el objetivo de la norma que descongestionar las cárceles de Bolivia y evitar el hacinamiento. En el país hay al menos 180.000 privados de libertad, según datos del Ministerio de Gobierno.
"Lo que queremos es que, tanto mujeres como varones, estén debidamente informados, se realizará esta esta socialización a nivel nacional para llegar a todas las cárceles y carceletas del país", acotó Tezanos.
Un estudio realizado por la Fundación Construir el 2017 reveló que el hacinamiento en las cárceles del país es crítico, ya que la capacidad de albergue de presos está sobrepasada en 300%.