Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.
En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.
El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.
En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.
En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.
La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:
- Asociación Un Nuevo Camino
- Alianza Libres Sin Violencia
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
- Comunidad de Derechos Humanos
- Coordinadora de la Mujer
- Fundación CONSTRUIR
- Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
- Construyendo Redes para el Desarrollo
- Asociación de Personas Transgénero de La Paz
- Asamblea Permanente de Derechos Humanos
- Fundación Tribuna Constitucional
El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.
Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.
Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional
El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.
Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.
Bolivia, 16 de junio de 2017.
El TCP anuncia que tiene listo el fallo sobre juicio a altas autoridades judiciales
El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paul Franco, informó este jueves que la sentencia sobre la impugnación a la ley que permite la suspensión de autoridades judiciales con juicios de responsabilidades se encuentran en la fase final del proceso, es decir en la fase de conocimiento de las partes, aunque no dio mayores detalles.
El Agroambiental se abre a atender otras causas, si se modifica la ley del Órgano Judicial
El Tribunal Agroambiental (TA) no tiene mora procesal. Por lo mismo, si se modifica la ley del Órgano Judicial y se dispone que los jueces de esta jurisdicción conozcan otras demandas, para coadyuvar en la reducción de la mora procesal, el TA está dispuesto a hacerlo. Así lo aseguró este jueves su presidenta, Ángela Sánchez, tras la inauguración del seminario internacional “Medidas cautelares en la jurisdicción agroambiental”, que tuvo lugar en Sucre.
Organizaciones de la sociedad civil se pronuncian demandando medidas estructurales para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
En el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la sociedad civil organizada y representada por redes, organizaciones, activistas y colectivos de derechos humanos, recuerdan al Estado boliviano que aún tiene una deuda pendiente para garantizar a las mujeres y niñas una vida
libre de violencia.
A pesar del mandato constitucional y la adopción de un marco normativo amplio para garantizar a las mujeres una vida libre sin violencia, en la práctica no se han logrado cambios significativos que encaminen al país hacia la erradicación de la violencia y cumplimiento de compromisos
internacionales en esa materia.
Por el contrario, las cifras indican que Bolivia es el país sudamericano con mayores tasas de feminicidio, que durante los primeros seis meses del año el sistema de salud registró cuatro embarazos de menores de 15 años por día y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia registró un promedio de 82 denuncias por violencia diariamente. A ello se suma una tasa de mora procesal que supera el 90% de las causas y la ausencia de medidas efectivas para lograr una respuesta oportuna del sistema judicial, lo cual agrava la situación de re victimización, sesgos y violencia sistémica que impacta en las víctimas y sus familias durante la judicialización de sus causas.
Existen grandes brechas entre la norma y la práctica. Las disposiciones de la Ley Nº 348 que obliga al Estado, en todos sus niveles, a desarrollar un abordaje integral, no sólo legal, de la violencia contra las mujeres y a la adopción de medidas y políticas con la asignación de los recursos económicos y humanos suficientes, no se ha cumplido en la proporción que esta problemática demanda al Estado.
Ante una debilidad institucional para afrontar la lucha contra toda forma de violencia por razón de género, las organizaciones de la sociedad civil:
- Exigimos al Estado en todos sus niveles a adoptar medidas basadas en evidencia y una evaluación integral de las medidas desarrolladas a la fecha, para fortalecer las respuestas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas, entre ellas, las de carácter preventivo que aborden las causas estructurales de la violencia y las desigualdades de género en todos los ámbitos, que incluya el uso de los medios de comunicación del Estado para generar conciencia ciudadana de rechazo y censura a la violencia contra las mujeres y las niñas.
- Solicitamos mayor socialización de los protocolos de atención existentes y la adopción de herramientas específicas de actuación y cooperación en el contexto de la pandemia, que permitan reducir los márgenes de vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a toda forma de violencia, incluida la declaración de los servicios de atención como esenciales, ante la posibilidad de un rebrote de la pandemia.
- Demandamos al Ministerio Público, Policía Boliviana, Órgano Judicial e Instituciones Promotoras de la Denuncia, garantizar la provisión de sus servicios con personal institucionalizado y especializado; la actuación de oficio y sin costos para las víctimas, así como la sustanciación de los
procesos sin dilaciones. Estas medidas deben considerar las brechas socioeconómicas, culturales, territoriales y tecnológicas que hoy confluyen como barreras en el acceso a la justicia.
- Exhortamos a las autoridades a incluir a la sociedad civil en cualquier escenario en el que se discutan, debatan y consensuen posibles reformas a la Ley Nº 348 y/o se adopten medidas para dinamizar su implementación, considerando la experiencia de trabajo y la información primaria que ha sido relevada para sustentar la agenda de reformas, incluidas aquellas aprobadas en la Cumbre Nacional de Justicia Plural que hoy son competencia de la Comisión creada por Ley Nº 898.
ONU Mujeres ve a la violencia contra mujeres como una ‘pandemia en la sombra’
La "pandemia en la sombra" -advierte ONU Mujeres- revela que más de una tercera parte de las mujeres asesinadas intencionadamente mueren en manos de una pareja actual o anterior.
Ministro plantea ley para declarar a niños en adopción si permanecen más de un año en hogares
La propuesta de ley se diseñó ante la alta presencia de menores en hogares. Al momento solo un juez puede declarar a un menor en adopción y ese proceso puede tomar años.
El Gobierno exige depuración en la Magistratura para reformar la justicia
El Ministro de Justicia baraja la idea de conformar una suerte de consejo preconstituyente conformado por profesionales de alto nivel para avanzar en el proceso de recomposición de la justicia.