Se conforma Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
El 26 de mayo de 2017, varias organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas comprometidas con la promoción de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia, conformaron una iniciativa ciudadana para promover acciones de monitoreo a la justicia y al proceso de elección judicial que será desarrollado durante 2017, con la finalidad de acompañar el proceso a través de condiciones de meritocracia, transparencia, apertura al escrutinio público.
En el marco de este proceso de diálogo participativo y en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional – ALP.
El primer proceso de elección realizado en 2011, dejó un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos, para la credibilidad de las autoridades electas, quienes asumirán la responsabilidad de implementar las reformas al sistema de justicia en el marco del proceso de transición constitucional y la agenda post Cumbre Nacional de Justicia Plural.
En el marco de las lecciones aprendidas, quizás la que merece mayor atención deviene de un rechazo en las urnas expresado por una ciudadanía que prefirió optar por los votos blancos o nulos que por los votos válidos que apenas alcanzaron en promedio el 40% del total de la votación. Así por ejemplo, los votos válidos para los/as candidatos/as al Tribunal Agroambiental sólo alcanzaron el 42,34%, los votos para candidatos/as al Consejo de la Magistratura el 41,99%, para el Tribunal Constitucional Plurinacional los votos válidos fueron del 42,10%.
En el mes de junio de 2016, como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la población expresó su confianza en el sistema de elección de autoridades por voto popular, pero demandó un conjunto de cambios en el reglamento y el procedimiento orientados a fortalecer la meritocracia de los/as candidatos/as, prevaleciendo la experiencia, capacidad, idoneidad, compromiso social y una formación especializada acorde al cargo. En la misma línea, la ciudadanía que participó de la construcción de la agenda de mandatos revalorizó la participación ciudadana como una garantía de la transparencia y credibilidad del proceso.
La Iniciativa Ciudadana conformada monitoreará a la Justicia durante 2017 y concentrará esfuerzos en la elección judicial con el objetivo de generar un movimiento articulado de sociedad civil que contribuya a generar las circunstancias necesarias para un voto informado y desarrolle acciones de monitoreo a las condiciones de meritocracia, idoneidad, paridad, transparencia y apertura al escrutinio público en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y la agenda de mandatos emanados de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, esta integrada por organizaciones de la sociedad civil, redes y articulaciones, que manifestaron su interés por integrarse a esta iniciativa compuesta por:
- Asociación Un Nuevo Camino
- Alianza Libres Sin Violencia
- Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
- Comunidad de Derechos Humanos
- Coordinadora de la Mujer
- Fundación CONSTRUIR
- Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
- Construyendo Redes para el Desarrollo
- Asociación de Personas Transgénero de La Paz
- Asamblea Permanente de Derechos Humanos
- Fundación Tribuna Constitucional
El Monitoreo a la Elección Judicial permitirá la identificación de datos sobre el perfil y trayectoria de los/as postulantes. Acompañados de una campaña de comunicación integral y transversal a las acciones de acompañamiento ciudadano a la elección judicial 2017.
Asimismo, se desarrollará una Campaña de Información sobre el Proceso de pre selección de postulantes incluirá acciones como: Herramientas para fortalecer el conocimiento sobre la justicia y los desafíos de los/as postulantes y veeduría al perfil de los candidatos la difusión de las hojas de vida de los/as postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además de veeduría presencial al proceso de evaluación de candidatos/as, en el marco del artículo 18.II del reglamento de preselección de candidatos/as se planea organizar un proceso de veeduría ciudadana a los espacios, actos en los que se evalúe a los/as candidatos/as. Actividad que incluirá: i) Diseñar un formulario con estándares mínimos para la calidad del proceso en el marco de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad, ecuanimidad. Incluirá también un conjunto de preguntas orientadas a medir la calidad del trabajo de los/as evaluadores/as. ii) Movilizar veedores/as ciudadanos/as a los espacios públicos convocados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el que los/as candidatos/as tomen los exámenes en el marco del reglamento, y, iii) Desarrollar un informe sobre el proceso y promover su difusión.
Organizaciones de la Sociedad Civil celebran decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de declarar desierta la Convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional
El jueves 15 de junio de 2017 al menos 28 organizaciones de la sociedad civil, suscribieron un pronunciamiento público en el que solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional respetar la paridad, el principio de equivalencia y participación de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el procedimiento de preselección de postulantes, esto debido al anuncio realizado el 13 de junio pasado, que consideraba la posibilidad de realizar modificaciones al Reglamento y a la Convocatoria debido a que no se había logrado cubrir el cupo de participación de esta poblaciones.
Se había afirmado en el señalado pronunciamiento que las modificaciones planteadas hubieran sido contrarias al principio de no regresividad, dado que el reconocimiento de la paridad y la participación de miembros de pueblos indígenas originario campesinos ha sido reconocida en la legislación como resultado de luchas históricas por la reivindicación de los derechos fundamentales y medidas de acción afirmativa, aplaudidas por los órganos de Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Estas organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso eleccionario, han tomado conocimiento de la acertada decisión comunicada por las máximas autoridades de las Cámaras legislativas de declarar desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, extremo concordante con la Reglamentación aprobada y que respeta los principios del Estado Plurinacional y los derechos fundamentales de mujeres y miembros de pueblos indígenas originario campesinos.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitan a las autoridades legislativas, asumir las medidas necesarias para asegurar el acceso a la información pública sobre el proceso, mediante los mecanismos adecuados que permitan a la población boliviana participar de todas las etapas del proceso de sus autoridades judiciales.
Bolivia, 16 de junio de 2017.
Sucre: Policía aprovecha jornada electoral para atrapar a personas con procesos judiciales
La Policía aprovechó la segunda vuelta en Sucre para encontrar y capturar a personas que buscaba por órdenes de la justicia emanadas por casos registrados anteriormente y que no estaban relacionados a la jornada electoral.
Afirman que la propuesta para cambiar Ley de juicio de responsabilidades va contra la CPE
Opositores y expertos sostienen que la propuesta de reducir a tres magistrados el tribunal que juzgue a un presidente o vicepresidente va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE). El texto constitucional establece que el Tribunal Supremo de Justicia se constituirá como “tribunal colegiado en pleno” para un proceso de responsabilidades. Esa instancia está integrada por nueve magistrados.
Ministerio de Justicia inicia proceso de consensos para la reforma de la Ley 348
El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que este lunes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se dará inicio al proceso de debate sobre la base del documento de sistematización de las propuestas para la modificación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348).
El Gobierno crea la Unidad de Género de la Policía
En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, junto a autoridades de la institución del orden, decidieron crear este lunes la Unidad de Género de la Policía.
Sala Constitucional deja sin efecto convocatoria para vocales judiciales
La sala constitucional segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca dejó sin efecto la convocatoria 36/2020 para la designación de vocales, que fue impugnada por vocales en ejercicio de Santa Cruz dentro una acción de amparo, según conoció CORREO DEL SUR.
Decálogo: El rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción
Escrito por Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
DECÁLOGO
EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Considerando que la corrupción es un fenómeno global que debilita los sistemas democráticos, impide el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, que impacta por tanto a los derechos humanos en su integridad, y exacerba las desigualdades e inequidades en nuestras sociedades.
Acogiéndonos al llamado que hacen los organismos internacionales de derechos humanos a la sociedad civil organizada para participar activamente en la prevención, denuncia y lucha contra la corrupción en todos los niveles.
Reafirmando el compromiso de defensores y defensoras de derechos humanos con la democracia, el desarrollo sostenible de los pueblos en condiciones de igualdad y equidad, cuyo avance se ve obstaculizado por los hechos de corrupción, perpetuando la exclusión de grupos prioritarios en el goce efectivo de derechos, destruyendo la confianza ciudadana, minando la institucionalidad y el Estado de Derecho.
En el día Internacional de Lucha contra la Corrupción la sociedad civil organizada se compromete a promover acciones articuladas y sostenidas de prevención y lucha contra la corrupción en Bolivia, reconociendo un conjunto de premisas en materia anticorrupción a ser integradas en las agendas de defensa de los derechos humanos:
Participación Ciudadana y Acceso a la Información
- Asumir en cada espacio de trabajo y defensa de los derechos humanos, que la lucha contra la corrupción es una misión fundamental para garantizar el desarrollo igualitario y equitativo de las sociedades, fortaleciendo la democracia y el Estado de derecho.
- Reforzar acciones de incidencia y exigibilidad para la promulgación e implementación de una Ley de Acceso a la Información Pública acorde a los estándares interamericanos y la inclusión del Estado en la Alianza de Gobierno Abierto.
- Impulsar y promover la participación ciudadana en la gestión pública, a través del uso de la información para empoderar y mejorar el ejercicio del control social, en el camino a consolidar como como parte de la cultura de transparencia mediante: i) La promoción de contrataciones públicas abiertas, ii) La difusión y control interno en el financiamiento de partidos políticos, iii) La implementación de políticas de prevención del conflicto de intereses en todas las instancias públicas, iv) El buen uso de recursos públicos, v) El diseño de mecanismo de rendición de cuentas y difusión de información con base en los principios de buena fe y transparencia activa.
- Investigar y generar información para promover acciones de sensibilización, prevención y denuncia de los efectos de la corrupción en los derechos humanos, visibilizando de manera prioritaria los impactos diferenciados en grupos en situación de vulnerabilidad.
Acceso a la Justicia y Defensa de los Derechos Humanos
- Acompañar el funcionamiento y reformas al sistema de justicia, demandando la instauración de políticas de integridad y probidad en todas las instituciones, generando mecanismos de control social y auditorías jurídicas, observatorios, veedurías ciudadanas y acciones de incidencia propositiva para garantizar la independencia judicial, en el camino a consolidar una justicia independiente, transparente, abierta y con capacidad de responder a las necesidades de la población.
- Promover el uso del derecho como herramienta de transformación, lucha contra la impunidad para la obtención de respuestas ejemplares, efectivas e integrales contra la corrupción en todos los niveles del Estado.
- Generar respuestas articuladas y masivas de condena a agresoras y soporte a defensores/as de derechos humanos que sufran ataques, amenazas, represalias a causa de su labor de lucha y combate contra la corrupción.
Monitoreo a los compromisos del Estado en materia anticorrupción
- Demandar al Estado el fortalecimiento del marco normativo y el establecimiento de mecanismos expeditos para la protección de denunciantes, en especial defensores/as de Derechos Humanos, propiciando un entorno favorable al ejercicio de las libertades ciudadanas y garantías.
- Promover activamente la inclusión transversal de perspectivas de género, pluralidad, diversidad y condiciones de vulnerabilidad en el diseño e implementación de todas las medidas adoptadas para combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, reconociendo el impacto profundo y diferenciado de los efectos de este flagelo en grupos prioritarios.
- Establecer un compromiso articulado y sostenido de monitoreo al cumplimiento de los compromisos del Estado en materia anticorrupción, incluyendo el desarrollo de informes paralelos y el uso de los mecanismos previstos en los sistemas internacionales de derechos humanos.