La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, explicó el domingo que la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal establece que la detención preventiva será limitada por seis meses, para que el Ministerio Público realice procedimientos investigativos.

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Con la nueva Ley de Abreviación Procesal Penal, la Fiscalía no  promoverá la conciliación desde el primer momento en que se inicie una demanda,    pero con cinco excepciones.

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Con la Nueva Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, los fiscales, de oficio o a pedido de las partes, promoverán la conciliación desde el primer momento del proceso en delitos de contenido patrimonial o culposo, destacó el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce. 

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La Cámara de Senadores avanzó ayer en la aprobación de 16 de los 17 artículos que tiene el proyecto de ley de abreviación procesal penal, que la semana pasada fue aprobado en sus estaciones grande y detalle en la Cámara de Diputados. Hoy la disposición normativa volverá a ser debatida en la Cámara Alta y aún quedan por discutirse cuatro disposiciones adicionales, 18 disposiciones transitorias, 8 disposiciones finales y 7 disposiciones abrogatorias y derogatorias.

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El nuevo Código de Sistema Penal perfila un nuevo escalafón que agrupará a policías que se dedican a la investigación, quienes dependerán del Ministerio Público. Este cambio causó molestia en las filas de la institución verde olivo, cuyas autoridades piden modificaciones sobre el tema.
 
"Todos los organismos de la Policía Boliviana que ejerzan funciones de investigación penal actuarán bajo la estricta dirección y control del Ministerio Público”, señala una parte del artículo 390 del proyecto.
 
El acápite explica que las y los miembros   de la Policía que ejerzan funciones de investigación serán "funcionarios especializados integrantes del escalafón de investigaciones”.
 
Autoridades policiales observan este nuevo elemento en el proyecto del nuevo código, ya que al margen de quitarle competencia a la institución, desvirtúa un principio elemental: el mando único.
 
"Nosotros nos debemos a un mando único, somos especialistas en investigación; sí, hay gente completamente capacitada, pero eso no debe influir para que pertenezcan a otro escalafón.
 
Pedimos respetuosamente a los asambleístas que tomen en cuenta los argumentos y hagan las modificaciones correspondientes”, dijo el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Johnny Aguilera.
 
Pero eso no es todo. El nuevo código señala que "quienes  pertenezcan a este escalafón no podrán pasar a integrar los escalafones de policía de seguridad o logística”. 
 
De esta manera se pretende que la organización policial garantice a las y los miembros de investigación "el desarrollo completo de su carrera policial dentro del escalafón de investigaciones”.
 
La Policía Boliviana propone que haya la especialización de sus efectivos en diferentes áreas, pero que todas se mantengan dentro del mismo escalafón y así se garantice el desarrollo de la carrera policial.
 
"Queremos ser propósitos en las sugerencias que damos sobre los cambios que se puede hacer en el nuevo código, pero los proyectistas deben entender algunos aspectos fundamentales de la institución policial”, acotó Aguilera.
 
Una comisión, de la cual forma parte el jefe policial, visita   diferentes comisiones de asambleístas y se propuso explicar las sugerencias y observaciones a todos quienes estén a cargo de la elaboración de la nueva norma que aún está en debate.
 
El proyecto  le quita atribuciones
  • Observaciones El nuevo Código de Sistema Penal le quita a la Policía Boliviana al menos cinco competencias en el peritaje  e investigación criminal. Por ejemplo, el proyecto contempla que la Unidad de Análisis Criminal sea "organizada” en cada Fiscalía Departamental. Asimismo, el instituto de investigaciones IITCUP de la Policía no es tomado en cuenta en el nuevo Código.
  •    Sugerencias La Policía Boliviana sugiere ser parte de las autoridades que presenten el plan anual de prioridades y estrategias de persecución penal para su distrito. Por otro lado, pide que la institución del orden pueda requisar el lugar del hecho criminal en caso de extrema urgencia sin el aval del fiscal, y, finalmente, que el comandante general sea parte de  la implementación del código.
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La Policía Boliviana observa  21 artículos del proyecto del nuevo Código de Sistema Penal  que le quitan al menos cinco competencias que actualmente tiene. Una comisión de oficiales tiene encuentros con asambleístas y otras instancias para hacer conocer sus sugerencias.

"La constitución está siendo violentada. El hecho de emplear algunos términos pretenden disgregar algunas competencias desde el punto de vista institucional”, afirmó el director de la fuerza anticrimen, Johnny Aguilera, quien forma parte de la comisión policial destinada a hacer conocer las observaciones.

Los policías se reunieron ayer con los miembros de la comisión de  y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados en la Academia Nacional de Policías (Anapol). Ahí expusieron sus preocupaciones.  

Uno de los artículos observados del proyecto es el 389. En éste se establece que en cada Fiscalía Departamental "se organizará” la Unidad de Análisis Criminal.

El asesor legal de la entidad del orden, Alejandro Grandy, explicó que actualmente es la Policía la que tiene a su cargo esa unidad, por lo que se sugiere que ese artículo sea cambiado para que esta repartición siga organizada por la Policía Boliviana.

Asimismo, el artículo 391 señala que en caso de que el policía investigador cometa una falta, el fiscal a cargo le abrirá un proceso disciplinario. Sin embargo, la Policía se rige por la Ley 101.

 "El proyectista genera una nueva norma disciplinaria, pero nosotros nos sometemos a la 101.

Tiene que haber una corrección”, manifestó Grandy.

Por otro lado, la nueva norma le quita a la Policía el trabajo científico que hace actualmente el Instituto  de Investigaciones Técnico Científicos de la Universidad Policial (IITCUP).

El nuevo código indica que los exámenes de cualquier caso penal podrán realizarse en el Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF) o "en otros organismos o entidades, policiales o civiles, públicos o privados”. El IITCUP no aparece acreditado en el artículo del código.

"Es una preocupación que no se tome en cuenta que del 100% de hechos, en el 1% acudió el IDIF y en el resto estuvo la Policía”, apuntó Grandy. 

En la misma línea, el artículo 426 establece que "serán designados peritos, quienes, según reglamentación aprobada por el IDIF, acrediten idoneidad en la materia”. 

"El IITCUP también debe certificar a los peritos. Tenemos más de 18 especialidades”, dijo Grandy, y sugirió que en el nuevo Código de Sistema Penal se incluya a esta institución científica para que certifique a los nuevos peritos, toda vez que hay policías que estudian en Argentina ciencias forenses, por ejemplo.

La Policía pretende hacer conocer las observaciones a la nueva norma en  las instancias hasta que se modifiquen los códigos.

Comisión señala que sigue el debate

El presidente de la comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, Franklin Flores, dijo que, tras la exposición de los policías sobre algunas limitaciones en sus funciones establecidas en el nuevo Código de Sistema Penal, se hará un seguimiento a lo que determine la Comisión de Constitución, instancia encargada de revisar la nueva norma.


"Está en debate. Nosotros, como parte que coordina con la Policía Boliviana, hemos escuchado todas las propuestas en relación con el  proyecto. Estaremos acompañando por lo que el debate está abierto”, dijo luego de terminar la intervención de la Policía.

El encuentro fue en la Anapol, donde funciona el IITCUP. Las autoridades policiales llevaron a los miembros de la Policía a conocer las diferentes unidades del instituto para que conozcan de cerca el trabajo de los profesionales uniformados y civiles.

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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició ayer la socialización del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal y lo hizo con la Confederación de Ganaderos de Bolivia, la Cámara Agropecuaria del Oriente y el Ministerio de desarrollo Rural.

"Estamos haciendo el compromiso de socializar el Código (...) y hoy empezamos con las audiencias públicas con el sector empresarial", indicó la presidenta de dicha comisión, Susana Rivero.

 La legisladora manifestó que según el cronograma, las audiencias proseguirán el próximo lunes con el movimiento Pro Vida y el martes con el movimiento feminista, ambos que en su momento rechazaron el artículo del Código que habla sobre las causales para el aborto.

 Agregó que posteriormente se continuará con los foros en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Trinidad, Oruro y Sucre, donde asistirán profesionales y expertos internacionales, quienes informaran sobre el contenido del proyecto.

 "En todas estas actividades vamos a escuchar todas las voces y vamos a trabajar respaldándonos en convenios internacionales y la jurisprudencia internacional sobre Derechos Humanos", señaló.

 El Gobierno aclaró que el proyecto del Código del Sistema Penal no legalizará el aborto en Bolivia y en el marco de la línea de la jurisprudencia constitucional del país se permitirá este hecho en base a determinadas causales establecidas por la ley, por una única vez y solamente dentro de las primeras ocho semanas de gestación.

 Rivero indicó que la comisión recibió 80 notas de movimientos de mujeres, una del Alto comisionado de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas de mujeres y de organizaciones internacionales en las que expresan su apoyo al proyecto del nuevo Código.

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El proyecto de ley del Código del Sistema Penal plantea nueve excepciones para la despenalización del aborto. Esta nueva norma  difiere del actual Código Penal que considera un delito que es castigado con hasta seis años de prisión.
 
El parágrafo V del artículo 157 del documento que está en la Asamblea Legislativa  Plurinacional señala que  "no constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer y concurran cualquiera de las siguientes circunstancias”.
 
Cuando: "1) se realice durante las primeras ocho (8) semanas de gravidez, por única vez y además la mujer: a) se encuentre en situación de calle o pobreza extrema; b) no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia; c) sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención o d) sea estudiante”.
 
Además,  la norma permite la interrupción del embarazo "2) en cualquier etapa de la gestación cuando: a) Se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, b) se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada, c) se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, d) El embarazo sea consecuencia de violación o incesto; o, e) la embarazada sea niña o adolescente”.
 
El proyecto también indica que "el sistema nacional de salud deberá precautelar la libre decisión, la salud y la vida de la mujer, no podrá negar la interrupción del embarazo ni su atención integral en los casos previstos en el parágrafo precedente alegando objeción de conciencia y estará obligado a mantener el secreto profesional”.
 
Además, detalla que "el único requisito para la interrupción del embarazo en los casos señalados en el parágrafo precedente será el llenado de un formulario de constancia del consentimiento informado de la mujer y el señalamiento de la causal y circunstancias de su decisión, sin necesidad de otro trámite, requisito o procedimiento previo de ninguna naturaleza”.
 
La directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Tania Nava, opina que se debería ampliar  la interrupción del embarazo de ocho a 12 semanas. 
 
"Si no podemos ampliar este lapso de tiempo estaríamos en un escenario conservador (...)
 
Creemos que un término para hablar de la despenalización parcial en determinadas causales
debería ser de un mínimo de 12 semanas”, declaró.
 
    Sin embargo, mencionó que el objetivo de su organización era la despenalización total y que la norma no esté en el Código Penal; de lo contrario, sea manejado como un tema de salud pública.
 
Sobre las causales, Nava las calificó de "pertinentes”. "Tras un análisis de la realidad en Bolivia, incorpora todos aquellos problemas que ocasionan que las mujeres deban recurrir a una interrupción del embarazo”, afirmó la activista.
 
Obligación de denunciar
 
El artículo 503 da cuenta que tendrán la obligación de denunciar "los funcionarios y servidores públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones; y,  los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier rama de las ciencias médicas”.
 
Sin embargo, aclara que la denuncia "dejará de ser obligatoria si diera lugar a la persecución penal propia, del cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional”. El proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Constitución para su tratamiento.
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La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que sí habrá una ley de sustancias controladas, que en parte reemplazará a la Ley 1008, contrariamente a las declaraciones de su colega Susana Rivero.

Montaño explicó que la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, más conocida como 1008, será reemplazada por la Ley General de la Coca; la ley de sustancias controladas y el Código del Sistema Penal.

"La Ley 1008 va ser definitivamente sepultada con tres cuerpos legales", indicó al manifestar que en la presente legislatura avanzará con el proyecto de Ley de Sustancias Controladas, toda vez que la Ley General de la Coca sólo aguarda su promulgación.

El miércoles, Rivero aseguró que ya no era necesaria una ley de sustancias controladas.

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El Gobierno debate para cambiar de planes y propone cerrar la posibilidad de tener una ley general de la coca y otra de sustancias controladas para liquidar la Ley 1008, vigente desde 1988. Ahora, el oficialismo analiza si el nuevo código del sistema penal absorberá las sanciones y no será necesaria otra norma, además de la aprobada la semana pasada y que legaliza la posibilidad de ampliar la producción de coca a 22.000 hectáreas.


  La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, informó de que no habrá una ley de sustancias controladas, sino que todo el tema punitivo vinculado a los ilícitos del narcotráfico estará incluido en el código del sistema penal. Consultada sobre si ya no será necesaria una ley de sustancias controladas, Rivero respondió: “No. Todas las infracciones estarán en el sistema penal”, reiteró la legisladora, y manifestó que se terminará con el método que en todas las leyes se incluían sanciones con diferentes tipos penales.


Sin embargo, hay contradicciones. El jefe de bancada del MAS, David Ramos, dijo a ANF que se aceleraría la aprobación de la ley de sustancias controladas para sancionar a los narcotraficantes. “Se viene trabajando en otra ley de tráfico de sustancias controladas, que no solo tiene que ver con el desvío de coca para el narcotráfico, sino de otras sustancias ilícitas”, sostuvo.


 Este medio accedió al anteproyecto de ley  de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Desde el artículo 38 fija las atribuciones del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), que tendrá todos los bienes incautados a su nombre y será administrado por Dircabi. Desde el artículo 67 hasta el 122 se hace referencia a todo el trabajo que se hará bajo el régimen de la pérdida de dominio de bienes que en 2012 provocó una agria disputa entre el ministro Carlos Romero y la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado.


Los artículos 13, 14, 15 y 16 permiten la acción de los informantes, la cooperación eficaz, la interceptación de comunicaciones y la exención de la confidencialidad, que es rechazada por los especialistas 


Sin embargo, la ley de la coca y este proyecto no eliminan por completo la Ley 1008, porque 74 de los 132 artículos quedan vigentes. Los aspectos punitivos, de todas  formas, deben ser discutidos en una tercera ley: el código del sistema penal.


La sancionada ley general de la coca abroga los artículos del 1 al 31 de la norma, todos referidos al arbusto. Mientras que el proyecto de ley de sustancias controladas elimina otros 27 artículos, referidos al transporte de las sustancias controladas.


Permanecen vigentes 74 artículos que hacen referencia a las penas y a los tipos de delitos relacionados con el transporte de la coca y la droga fabricada; además, conserva también una extensa lista de fármacos que son considerados drogas y que 
no pueden ser comercializados libremente  

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