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La acefalía del juzgado en lo penal de la localidad de Puerto Suárez está obligando al Ministerio Público se trasladen hasta Santa Cruz a desarrollar sus audiencias cautelares  bajo el riesgo que los imputados presenten incidentes por permanecer aprehendidos por más de 24 horas o que escapen en su traslado. A este perjuicio, se suma el hacinamiento de la carceleta de Bahía por los arrestos y detenciones preventivas que son motivo de preocupación entre autoridades policiales de esta región.

El actual Código Penal prevé una pena máxima de dos años de cárcel.

Este estatus de inocencia es uno de los escudos protectores más importantes frente al poder.

* Artículo de Opinión - Rojas Tudela