Hay 13 postulantes registrados para las elecciones judiciales de octubre, a cuatro días de cerrarse el plazo de presentación de requisitos, según los datos difundidos por la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Senadores.

Hasta el momento, al Tribunal Constitucional Plurinacional se postulan Willy Calle Mamani, de Oruro; Emilio Calle García, autoidentificado como indígena originario campesino, procedente de La Paz; y Bergman Cuéllar Arauz, del Beni. Para el Tribunal Supremo de Justicia Benigno Omar Durán Rojas (La Paz); Ernesto Félix Mur (Tarija); Loida Rita Iriarte Ramos (Tarija); Vianey Méndez Sotiz (Chuquisaca); y Juan Tomás Mostacedo Martínez (Chuquisaca).

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El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó el jueves que esa instancia legislativa aprobó la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional, de la Ley del Órgano Judicial y de la Ley del Régimen Electoral para las elecciones judiciales de octubre próximo.

"Ya se tiene el informe de comisión, porque ya se ha aprobado las modificaciones a las leyes", dijo a los periodistas.

Según Borda, las modificaciones a la Ley del Tribunal Constitucional se refieren al aumento del número de magistrados, de siete a nueve, que serán elegidos en circunscripción departamental, al igual que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, velando por la equidad de género.

Agregó que las modificaciones establecen una disminución de los miembros del Tribunal Agrario, de siete a cinco, y para el Consejo de la Magistratura una reducción de cinco a tres magistrados.

Respecto a la Ley Electoral, Borda dijo que se realizan modificaciones al tema de difusión de los logros académicos y profesionales de los postulantes a magistrados.

Si algún postulante incurre en inducir el voto, Borda dijo que automáticamente quedará "inhabilitado" y habrá una sanción pecuniaria para el medio de comunicación que de igual forma induzca al voto por algún candidato.

"Para controlar todo esto, el órgano Electoral tiene que establecer un centro de monitoreo para ver estos aspectos", señaló.

Borda agregó que las modificaciones a la Ley del Órgano Judicial se enmarcan en el cambio de papeletas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, tomando en cuenta que erán elegidos por circunscripción nacional, mientras con la modificación será departamental.

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El requisito de hablar algún  idioma nativo no será  un factor inhabilitante para la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, establece el reglamento que plantea la bancada del MAS  en la Asamblea Legislativa, aunque lo plantea como requisito.
 
  La propuesta del MAS dice: "Tener conocimiento de un idioma nativo del Estado Plurinacional de Bolivia”. Los postulantes, para respaldar que conocen un idioma nativo, deben presentar certificado o una declaración jurada.
 
La Constitución Política del Estado establece, en su disposición transitoria décima, el requisito de hablar al menos dos idiomas oficiales para el desempeño de funciones públicas, determinado en el artículo 234, numeral siete,  referido a los requisitos para ser servidor público.
 
El diputado oficialista Víctor Borda, presidente de la Comisión de Justicia Plural, explicó  que  no puede ser un requisito que inhabilite porque se calificará   la meritocracia y trayectoria del postulante. 
 
No obstante, el legislador manifestó que una persona que se autoidentifica como indígena y está postulando al Tribunal Constitucional debe demostrar "por simple racionalidad  que habla un idioma oficial”. 
 
El jefe de bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, dijo  que detectaron esa situación y que plantearon en reuniones de jefes de bancada para consensuar el reglamento de elección de autoridades judiciales.
 
"Se ha detectado ese detalle en la reunión de jefes de bancada. Los presidentes de las cámaras nos han dicho que mañana (hoy) en la reunión se va a absolver eso, pues puede obedecer a un error o a una explicación”, informó Santamaría. 
 
El legislador   explicó que la Constitución es una norma suprema del ordenamiento jurídico, la cual goza de primacía frente a cualquier disposición normativa, esto significa que su cumplimiento es imperativo por todas las personas naturales y jurídicas.
 
Para los requisitos de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, y de consejeros del Consejo de la Magistratura de 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional determinó que, de manera excepcional, no se aplique el requisito de hablar dos idiomas oficiales.
 
En aquella oportunidad ese factor fue considerado como mérito para los criterios de evaluación.
 
El hablar dos idiomas oficiales como establece la Constitución para acceder al desempeño de funciones públicas tampoco fue exigido a  los candidatos que postularon en las elecciones generales del 12 de octubre de 2014, puesto que la normativa vigente fija como plazo tope hasta el mes de agosto de 2015. 
 
Para la elección  de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral  la Asamblea Legislativa tampoco  exigió este requisito. Sin embargo, en la elección del nuevo Defensor del Pueblo fue causal de inhabilitación.  
 
La  elección
  • Elección  En octubre de  2017 se elegirá, mediante voto popular, a autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, anunció que la elección judicial se realizará el domingo 22 de octubre de este año.   El 29 de abril, la Asamblea  lanzará la convocatoria para la preselección de postulantes
  • Reunión  La comisión conformada por todas la bancadas políticas de la Asamblea Legislativa tiene previsto reunirse hoy para definir el reglamento para la preselección de los postulantes a altos cargos del Órgano Judicial, informó ayer el diputado Wilson Santamaría, de UD.
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La Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia cuestiona el reglamento de preselección de candidatos a magistrados que impulsa el Gobierno de Evo Morales al considerar que pueden prevalecer los intereses políticos en este proceso. Así lo expresó David Rosales, presidente de esta entidad durante una entrevista con EL DEBER Radio.

Rosales indicó que se presentaron sugerencias a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para fortalecer la selección mediante la conformación de un comité integrado por miembros de organizaciones sociales, académicas y civiles en donde se identificaba a las universidad públicas y privadas y los colegios de abogados, pero que esta no fue tomada en cuenta.

"Lo ideal hubiese sido (que este comité) participe propiamente de la evaluación, del concurso de méritos, de la fase de evaluación de conocimiento y la entrevista (...) esto sigue de mano de la ALP", dijo Rosales a EL DEBER Radio en concordancia con miembros de la oposición que también cuestionan el proceso de preselección.

La ALP ha dado la posibilidad a estas instituciones de participar en la elaboración de las preguntas que se les formula a los candidatos a magistrados, pero que "ellos no tienen voto para la calificación".

Por su parte, la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa, ha respondido a las críticas y plantea que sean las organizaciones sociales las que supervisen el proceso de postulación, preselección y selección de los candidatos.

Habrá dos papeletas

A diferencia de la votación de 2011, que tuvo una sola boleta de sufragio para 125 aspirantes a magistrados, en este proceso habrá dos papeletas de votación.

La propuesta contempla una boleta para elegir en circunscripción nacional a los miembros del Tribual Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y en la otra papeleta se elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son electos en circunscripción departamental.

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El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, descartó este jueves que el país, y la Asamblea Legislativa en específico, convoquen a veedores internacionales para el proceso de preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial, tal como plantearon bloques opositores.

“Consideramos que el proceso de preselección que va realizar la Asamblea no amerita que tengan que venir veedores para que puedan ver como se están haciendo las cosas. Hay mecanismos para garantizar que el proceso sea transparente”, remarcó el legislador oficialista en declaraciones a la televisora Cadena A.

La propuesta de convocar a misiones internacionales para vigilar el proceso de preselección que encarará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue planteada por legisladores de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos con representación en el pleno camaral, además de Soberanía y Libertad (Sol.bo), del alcalde de La Paz, Luis Revilla.

En criterio de Gonzales, en el país “no estamos atravesando una situación de crisis o de hecatombe como podría suponerse” para asumir esa medida.

Aseguró que la participación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que acompañará el proceso con ocho delegados, es garantía de idoneidad y transparencia.

“Además de la presencia del sistema universitario, estarán los medios de comunicación, la opinión pública, cualquier ciudadano. Es un proceso limpio y transparente que no tiene nada que esconder”, sostuvo Gonzales.

El Legislativo además garantizó, a diferencia del proceso de 2011, la ponderación de la meritocracia y un sistema “ciego” de calificación que impedirá el favorecimiento a algún aspirante.

La oposición, no obstante, sostiene su desconfianza en el proceso que es liderado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que tiene mayoría en el Órgano Legislativo, pese a que se convocó a las fuerzas opositoras para elaborar el reglamento y ajustar las normas que rigen la preselección. (20/04/2017)

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El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, explicó que  en la etapa de la entrevista -en el proceso  de preselección de los  postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional- el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sólo  participará  en calidad de veedor.
 
Según el proyecto de reglamento al que accedió este medio, "la Comisión de Profesionales participará en esta fase en calidad de observadora”. Al respecto, el senador Gonzales dijo a Página Siete lo siguiente:  "En la etapa  escrita participa la universidad, en la entrevista también participa pero como veedor, como observador, no para calificar”.  
 
El sistema de  evaluación propuesto para la  preselección de postulantes   a  los altos cargos judiciales  otorga 40 puntos a la evaluación curricular, 30 puntos al examen escrito y 30 puntos a la entrevista.
 
La oposición cuestionó que el sistema universitario  participe   sólo como veedor en la fase de la entrevista, ya que temen que sin profesionales académicos  se dé margen a que reine la  "subjetividad” y así se favorezca a algunos candidatos.
 
"Nosotros creemos que el sistema universitario tiene que participar en las tres fases y en todas en la misma condición, y la última es muy importante porque es muy subjetiva. Como se va a hacer la calificación de la entrevista solamente entre políticos, que estén también los académicos, que pregunten lo adecuado”, dijo a Página Siete  el diputado  Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata.
 
No obstante, Gonzales expresó que este tema "no se negocia”, ya que la "Asamblea no puede renunciar a su competencia de hacer la preselección”, como dicta la Constitución Política del Estado.
 
El artículo 21 del reglamento indicado menciona que "como parte de la evaluación, las comisiones mixtas entrevistarán a cada postulante habilitado con el fin de evaluar de forma oral su desenvolvimiento, capacidad de argumentación y de comunicación”. 
 
Asimismo, se prevé  habilitar   para  la fase de entrevista al   postulante que haya obtenido una puntuación mínima acumulada -en las fases anteriores-   de 26 puntos.
 
En octubre se realizarán las elecciones para los cargos en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental  y Consejo de la Magistratura. La Asamblea  lanzará la convocatoria para la preselección de candidatos este 26 de abril.
 
La   calificación 
  • Metodología    El sistema del preselección otorga 40 puntos a la evaluación curricular, 30 puntos al examen escrito y 30 puntos a la entrevista. Se habilita a la tercera fase el candidato que haya obtenido un mínimo de 26 puntos. 
  • Proceso  Las comisiones mixtas del Senado y Diputados,  junto al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), se encargarán de la evaluación a los postulantes. Sin embargo, para la etapa de la entrevista, el  CEUB actuará  como veedor. 
  • Rechazo      La oposición pide que el CEUB participe también  como calificador  en la fase de la entrevista, ya que se teme que pueda existir "subjetividad” al momento de evaluar a los postulantes por parte de las comisiones mixtas.
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El Gobierno no comparte la idea de que las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo sugieran a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sus asesores para las elecciones judiciales, según dijo ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce, mientras se profundizan las discrepancias entre oficialismo y oposición para acordar un reglamento de consenso para la preselección de postulantes a magistrados.

“Yo no comparto ese criterio, no debe ser un mecanismo para la preselección que sea asesor o que sea miembro o que tengan alguna filiación, ninguna otra circunstancia que no sea la meritocracia”, declaró la autoridad al salir de Palacio de Gobierno.

Su reacción fue ante la declaración del vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien dijo que en las organizaciones sociales existen profesionales que tienen un buen perfil para aspirar a los cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.

Los temas en discrepancia entre el oficialismo y la oposición, son la comisión responsable de la evaluación y calificación de méritos, quiénes conforman esa comisión, el número de miembros del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura y la distribución del puntaje para méritos, examen escrito y entrevista. Estos temas serán debatidos el viernes, anunció el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.

En Sucre, el diputado opositor Oscar Urquizu anunció que hay una posición unánime de cuatro partidos políticos que declaran irrenunciables al menos tres puntos para garantizar que prevalezca la independencia, transparencia y la meritocracia en el proceso de elección de autoridades judiciales.

Exigen que la comisión de preselección esté en manos de una entidad técnica independiente de la política y rechazan el planteamiento del oficialismo de invitar a ocho universidades que junto con los asambleístas realicen la preselección.

También piden poner un porcentaje de voto mínimo exigido por ley, de un 15 a 20% a favor para ser elegido. Un tercer punto es la elección por circunscripciones departamentales de nueve miembros en cada una de las cuatro instituciones judiciales.

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La Asamblea Legislativa prevé "mecanismos de seguridad" y "codificación" del proceso de evaluación en la preselección de aspirantes al Órgano Judicial, para garantizar transparencia y evitar la filtración de exámenes o el favorecimiento a los candidatos.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, declaró este martes, que no será posible la filtración de exámenes ni el favorecimiento hacia algunos aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.

"Se están implementando todos los mecanismos (de seguridad). A través del sistema informático se está elaborando un código de seguridad para evitar que se filtren preguntas o se intente favorecer a un ciudadano", declaró, según ANF.

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La Asamblea Legislativa prevé “mecanismos de seguridad” y “codificación” del proceso de evaluación en la preselección de aspirantes al Órgano Judicial, para garantizar transparencia y evitar la filtración de exámenes o el favorecimiento a los candidatos.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, declaró este martes, que no será posible la filtración de exámenes ni el favorecimiento hacia algunos aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.

“Se están implementando todos los mecanismos (de seguridad). A través del sistema informático se está elaborando un código de seguridad para evitar que se filtren preguntas o se intente favorecer a un ciudadano”, declaró Gonzales.

Sin embargo, el jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, declaró que en la mesa multipartidaria donde buscan acuerdos para aprobar un reglamento en consenso, expresarán sus observaciones a los riesgos en el examen o a la distribución del puntaje.

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El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, explicó que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB)  se  encargará de elaborar 720 preguntas para el examen  escrito de los postulantes a altos cargos  del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. Esto  de cara a las  elecciones judiciales de octubre.
 
"Son preguntas elaboradas por el sistema universitario. Van a ser 720 preguntas que se van a elaborar para el día del examen”, dijo Gonzales, quien añadió que las interrogantes serán impresas "en el momento” de la prueba, para así evitar que se filtren. 
 
  "En el momento en el que la persona aparezca para dar el examen, en ese momento prácticamente se van a imprimir las preguntas, y por primera vez, el postulante se va a enterar de  las preguntas que tiene”, agregó la autoridad. 
 
 Las interrogantes  estarán divididas de acuerdo con  las cuatro instituciones para las cuales se elegirán autoridades: Consejo de la Magistratura, Tribunal  Agroambiental, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia. 
 
"No todos van a tener los mismos contenidos de preguntas. No es lo mismo un Consejo de la Magistratura donde puede haber un abogado o un economista, que el Tribunal de Justicia, que la condición es que sea un abogado”, manifestó Gonzales.
 
Las comisiones mixtas y el CEUB sortearán 60 preguntas para la conformación de cada examen, las cuales se repartirán a los postulantes en sobres cerrados, con un código asignado para "resguardar su identidad y precautelar la objetividad al momento de la calificación”, para que  haya seguridad y transparencia.
 
 Un sistema de control 
 
Gonzales adelantó que el  Legislativo, junto  con el sistema universitario  trabaja en un "sistema de control informático” para evitar que se  filtren  exámenes y se favorezca  a los postulantes. 
 
Con este sistema se busca, por ejemplo, que a cada candidato se le asigne un código, el cual permitirá que se  mantenga  el anonimato;  de esa forma se quiere rehuir preferencias al  momento de la calificación. "El examen no va a tener el nombre del candidato.  Se está haciendo una codificación especial que cuando alguien esté revisando ese examen no se sepa de quién es”, indicó la autoridad. 
 
Según un  proyecto de reglamento de preselección al que accedió este medio, la fecha y hora de la prueba escrita se publicarán dos días antes de la evaluación en los sitios web y redes sociales de la Vicepresidencia, del  Senado y de la Cámara de Diputados.  
 
El lunes, la presidenta de la Cámara Alta, Gabriela Montaño, reiteró que ocho delegados de las universidades públicas y privadas acompañarán el proceso.  No obstante, la oposición insiste en que  una junta de académicos  se encargue  de calificar los méritos. "Todavía queremos saber por qué serán ocho los delegados, y cómo los escogerán. Nosotros insistimos en un consejo académico”, dijo el   diputado Wilson Santamaría,  de Unidad Demócrata.
 
Se prevé que hasta el viernes se pueda llegar a un acuerdo.
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