DECÁLOGO

EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL

 EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

 

Considerando que la corrupción es un fenómeno global que debilita los sistemas democráticos, impide el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, que impacta por tanto a los derechos humanos en su integridad, y exacerba las desigualdades e inequidades en nuestras sociedades.

Acogiéndonos al llamado que hacen los organismos internacionales de derechos humanos a la sociedad civil organizada para participar activamente en la prevención, denuncia y lucha contra la corrupción en todos los niveles.

Reafirmando el compromiso de defensores y defensoras de derechos humanos con la democracia, el desarrollo sostenible de los pueblos en condiciones de igualdad y equidad, cuyo avance se ve obstaculizado por los hechos de corrupción, perpetuando la exclusión de grupos prioritarios en el goce efectivo de derechos, destruyendo la confianza ciudadana, minando la institucionalidad y el Estado de Derecho.

En el día Internacional de Lucha contra la Corrupción la sociedad civil organizada se compromete a promover acciones articuladas y sostenidas de prevención y lucha contra la corrupción en Bolivia, reconociendo un conjunto de premisas en materia anticorrupción a ser integradas en las agendas de defensa de los derechos humanos:

Participación Ciudadana y Acceso a la Información

  1. Asumir en cada espacio de trabajo y defensa de los derechos humanos, que la lucha contra la corrupción es una misión fundamental para garantizar el desarrollo igualitario y equitativo de las sociedades, fortaleciendo la democracia y el Estado de derecho.
  2. Reforzar acciones de incidencia y exigibilidad para la promulgación e implementación de una Ley de Acceso a la Información Pública acorde a los estándares interamericanos y la inclusión del Estado en la Alianza de Gobierno Abierto.
  3. Impulsar y promover la participación ciudadana en la gestión pública, a través del uso de la información para empoderar y mejorar el ejercicio del control social, en el camino a consolidar como como parte de la cultura de transparencia mediante: i) La promoción de contrataciones públicas abiertas, ii) La difusión y control interno en el financiamiento de partidos políticos, iii) La implementación de políticas de prevención del conflicto de intereses en todas las instancias públicas, iv) El buen uso de recursos públicos, v) El diseño de mecanismo de rendición de cuentas y difusión de información con base en los principios de buena fe y transparencia activa.
  4. Investigar y generar información para promover acciones de sensibilización, prevención y denuncia de los efectos de la corrupción en los derechos humanos, visibilizando de manera prioritaria los impactos diferenciados en grupos en situación de vulnerabilidad.

Acceso a la Justicia y Defensa de los Derechos Humanos

  1. Acompañar el funcionamiento y reformas al sistema de justicia, demandando la instauración de políticas de integridad y probidad en todas las instituciones, generando mecanismos de control social y auditorías jurídicas, observatorios, veedurías ciudadanas y acciones de incidencia propositiva para garantizar la independencia judicial, en el camino a consolidar una justicia independiente, transparente, abierta y con capacidad de responder a las necesidades de la población.
  2. Promover el uso del derecho como herramienta de transformación, lucha contra la impunidad para la obtención de respuestas ejemplares, efectivas e integrales contra la corrupción en todos los niveles del Estado.
  3. Generar respuestas articuladas y masivas de condena a agresoras y soporte a defensores/as de derechos humanos que sufran ataques, amenazas, represalias a causa de su labor de lucha y combate contra la corrupción.

Monitoreo a los compromisos del Estado en materia anticorrupción

  1. Demandar al Estado el fortalecimiento del marco normativo y el establecimiento de mecanismos expeditos para la protección de denunciantes, en especial defensores/as de Derechos Humanos, propiciando un entorno favorable al ejercicio de las libertades ciudadanas y garantías.
  2. Promover activamente la inclusión transversal de perspectivas de género, pluralidad, diversidad y condiciones de vulnerabilidad en el diseño e implementación de todas las medidas adoptadas para combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, reconociendo el impacto profundo y diferenciado de los efectos de este flagelo en grupos prioritarios.
  3. Establecer un compromiso articulado y sostenido de monitoreo al cumplimiento de los compromisos del Estado en materia anticorrupción, incluyendo el desarrollo de informes paralelos y el uso de los mecanismos previstos en los sistemas internacionales de derechos humanos.

La desescalada de contagios de Covid en todo el país posibilitará que los familiares de los privados de libertad ingresen a los penales para visitar a sus parientes, siempre y cuando cumplan con las medidas de bioseguridad que serán implementadas por la Dirección de Régimen Penitenciario.

Una de las formas más crueles y más frecuentes de violencia contra las niñas, niños y adolescentes en Bolivia es la sexual. Sólo de enero al 15 de febrero, se registraron 606 casos, es decir que al menos 14 menores por día sufrieron algún tipo de agresión sexual. 

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, confirmó que el proceso de la Reforma Judicial avanza en su segunda fase con el proceso de propuesta, debate, modificación y aprobación de leyes que servirán para brindar una eficiente administración de justicia al ciudadano.

El módulo policial de Jayhuaico inaugurará mañana el Centro Integral de Bienestar, para prevenir la violencia y apoyar a las personas que la sufren, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Rubén Lobatón.

Desde 2012, en Bolivia se aprobaron por lo menos ocho decretos presidenciales de indulto y amnistía por razones humanitarias. A éstos se suma el último, el Decreto Presidencial 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y “perseguidos políticos” de 12 de febrero de 2021, que, como indica su nombre, también es para las personas que se consideren “víctimas de persecución” entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020. 

Representantes del Gobierno, magistrados y organizaciones internacionales lanzaron este viernes el proyecto “Justicia para Todos”, que tiene el objetivo de reformar la justicia en el país y aplicar medidas en la lucha contra la corrupción en un plazo de seis años.

El proyecto de ley fue remitido este jueves a la Cámara de Senadores para su tratamiento, el mismo fue aprobado la anterior jornada por unanimidad en la Cámara de Diputados, tanto por el oficialismo como por la oposición.

El Consejo de la Magistratura decidió suspender por dos semanas el examen de competencia para postulantes a vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, debido a una denuncia sobre la presunta circulación de preguntas y respuestas de la prueba, que estaba prevista para la tarde de este miércoles.

Juan Carlos Limpias, director general de Régimen Penitenciario, informó que ya no existen contagios de coronavirus en cárceles de Bolivia. Señaló que se puede afirmar que los penales están libres de la pandemia. Recordó que desde el inicio de la segunda ola de contagios, 67 reclusos contrajeron el coronavirus.

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Sam Mills Jersey