Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos

Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos

Las redes y organizaciones de defensa de los derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por la escalada de la violencia y expresiones de intolerancia desencadenadas en Bolivia desde hace 25 días en diferentes etapas previas y posteriores a la elección y que se han exacerbado en los últimos días.

Lamentamos que los conflictos hasta la fecha hayan dado como resultado un número de 23 muertos y 715 personas heridas[1] en todo el país siendo prioritaria la investigación exhaustiva de todos los hechos producidos desde el inicio del conflicto en Bolivia.

Condenamos los discursos de odio e incitación a la violencia que han buscado estigmatizar el derecho a la manifestación pacífica de la población y la demanda de sus derechos y pretensiones, desde el inicio del periodo post eleccionario hasta el presente, así como cualquier expresión que menoscabe, amenace y busque restringir el ejercicio de las libertades fundamentales de la ciudadanía.

Manifestamos nuestra preocupación por la promulgación del Decreto Supremo N° 4078 relativo a la participación de la Fuerzas Armadas en las tareas de conservación de orden público y defensa de la sociedad en apoyo a la Policía Boliviana en el marco del conflicto actual del país, puesto que si bien es cierto que el mencionado decreto se ampara en la misión constitucional y legal que tienen las fuerzas del orden de contribuir a la seguridad y bienestar del pueblo boliviano, advertimos que éste puede enviar un mensaje equivocado a los agentes de la fuerza pública y recordamos que las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos, son de aplicación preferente en el orden interno, por lo que, aún en casos en que se estime se haya actuado en el marco de la legítima defensa y estado de necesidad, ellos deben ser investigados a fin de que sea una autoridad jurisdiccional la que determine la existencia o no de responsabilidad penal, no pudiendo eximirse de ella a los agentes públicos en abstracto, mediante un decreto.

Hacemos eco del llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales pacíficas.

Demandamos a los sectores movilizados no incurrir en acciones violentas y hostigamiento contra la ciudadanía y se eviten enfrentamientos que deriven en más muertos y heridos, así como la toma de rehenes civiles, policiales o militares.  Genera preocupación que algunos manifestantes utilicen explosivos y armas letales en contra de las fuerzas del orden y la ciudadanía.

Demandamos, a las autoridades, fuerzas del orden y manifestantes, garantizar el acceso a la asistencia médica de las personas heridas. Hacemos un llamado especial para el caso de personas detenidas a quienes se les debe permitir sin ninguna barrera legal, el acceso a la atención de su salud, dotación de medicamentos y valoración médico forense.

Condenamos todos los actos de violencia, humillaciones públicas y hostigamiento suscitados contra líderes de organizaciones sociales, representantes de instituciones, autoridades, y periodistas, durante el desarrollo del conflicto, en franca vulneración de sus derechos fundamentales y su dignidad como personas.

Denunciamos que representantes y trabajadores de algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones comprometidas con los derechos humanos han sufrido amenazas contra su seguridad y vida, así como la de sus familias. Por lo que exigimos garantías y condiciones para continuar con su labor y ejercer su derecho a la libertad de expresión. Se requiere también no limitar su actuación y asistencia a personas afectadas o detenidas durante los conflictos.

Exigimos en esta vía, se adopten todas las medidas para garantizar la institucionalidad necesaria de atención a las denuncias, prestación de garantías, defensa legal y protección de las personas que estén en riesgo y sus familias. En especial, debe observarse el cumplimiento de todos los estándares internacionales de derechos humanos relativos al tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

Repudiamos los ataques que se han producido a las viviendas de dirigentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, organizaciones sociales y organizaciones políticas, así como el saqueo y destrucción de propiedad privada y los ataques a predios de instituciones públicas, y la destrucción de bienes del Estado producidos durante estas semanas de conflicto. La Policía debe continuar resguardando la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas evitando actos vandálicos por parte de grupos que protagonizan acciones delincuenciales, aprovechando la coyuntura.

Demandamos acelerar el proceso de Dialogo Nacional entre los actores políticos, sociales y cívicos para lograr la pacificación del país y restituir de forma inmediata las condiciones de convivencia pacífica y armónica entre bolivianos, tomando para ello las decisiones legales y políticas que sean necesarias para viabilizar la pronta realización de las nuevas elecciones generales

Bolivia, 18 de noviembre de 2019

Coordinadora de la Mujer-Comunidad de Derechos Humanos – Fundación CONSTRUIR – ONG Realidades – Oficina Jurídica para la Mujer – Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE – Fundación Tribuna Constitucional - Observatorio de Derechos – Foro Político de Mujeres – Fundación Igualdad LGBT – Fundación IVI MARAEI – Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos – Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – Confraternidad Carcelaria Cochabamba – Fundación Paz y Esperanza – SALVAGINAS Colectivo Feminista – Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC) – Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia (CNTPC) – Instituto de Formación Femenino Integral (IFFI) – Casa de la Mujer – Comité Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia (CNMTPCP) – Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) – Red de Mujeres y Minería – Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH Bolivia – Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar Bolivia (FENATRAHOB) – Comité Nacional de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia – Derechos en Acción – Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia del Estado (ITEI), Defensa de Niñas y Niños Internacional – Bolivia (DNI – Bolivia) – Libertades Laicas – Fundación TUTATOR Bolivia – Agencia de Noticias Fides (ANF) – Consorcio Boliviano de Juventudes (CONBOJUV) – Colectivo GLBTI del Sur – Federación de las Diversidades Sexuales y de Género de Tarija – Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Observatorio Infanto Juvenil de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) – Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba - Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social (IIPS) – Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación (RED-ADA) – Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH) – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) – Centro de Servicios Agropecuarios Técnicos de Chuquisaca (CESATCH) - Asociación Colmena Juvenil – Psinergia Bolivia –  Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) – Movimiento de Educadores Populares – Bolivia (MEPB) – Marie Stopes – Asociación de Mujeres JUMAMPI LURATA – Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) – Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia – ADESPROC Libertad – Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN Bolivia) – Asociación con Alas Propias (ASCAP)

Defensores de Derechos Humanos

Marco Mendoza- Verónica Sandi- Mario Mazzoleni- Vivian Schwartz – Roberto Simoncelli – Ana María de la Fuente – Sonia Soto – Kathia Saucedo – Janeth Torrez- Juan Carlos Balderas

[1] EFE, La CIDH eleva a 23 los muertos y 715 los heridos en la crisis de Bolivia, disponible en línea: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-eleva-a-23-los-muertos-y-715-heridos-en-crisis-de-bolivia/20000013-4112715?fbclid=IwAR2c2XczMynCJSFOqbA6xq5FYyav-89sKa1xXpsmLrQc1TFkprKOGU1Qmiw 

Jueces y litigantes exigieron ayer certidumbre respecto a la atención en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). Mientras otras instituciones judiciales cerraron, ayer hubo atención a media máquina y con las puertas cerradas debido a la presencia de manifestantes que denuncian fraude electoral y recién cerca de las 11:00 se abrieron y se conoció un comunicado indicando que la atención era normal hasta las 14:00.

Suman los cuestionamientos al proceso de designación de jueces de las dos últimas convocatorias en las que habrían nombrado a postulantes que no lograron las primeras calificaciones; designaron a abogados con antecedentes penales, jueces en ejercicio y funcionarios judiciales pese a las restricciones establecidas por las mismas autoridades judiciales para evitar supuestos padrinazgos y cuoteos.

Algunos funcionarios de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial se beneficiaban con una vacación de 45 días calendario, contando los sábados y domingos, contrariamente a los funcionarios jurisdiccionales que solo tienen 25 días, sin escala de funciones; el Directorio modificó el Reglamento Interno del personal uniformando las vacaciones de 25 días para todos.

Las instituciones que corresponden al Órgano Judicial trabajan a media máquina y sus funcionarios temerosos por la movilización de ciudadanos que temen, podría desbordarse como el lunes.

Miércoles, 23 Octubre 2019 15:28

Falta de mantenimiento en cárcel de Chonchocoro

Los vecinos y algunos guardias expresaron que no existe mantenimiento de la estructura de la cárcel de Chonchocoro.

La reciente designación de 170 jueces de los 192 que tenía previsto el Consejo de la Magistratura fue impugnada por un postulante que no fue nombrado pese a obtener la mejor calificación. Cuestionó la designación de postulantes que no tenían las primeras cinco mejores calificaciones en la última lista de habilitados. Tampoco habrían excluido a los funcionarios judiciales, tal como anunciaron las autoridades judiciales.

De los 580 casos que fueron considerados por el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, en las jornadas de descongestionamiento procesal se emitieron 214 sentencias. De ese total, 53 son por delitos de violencia hacia la mujer o menores de edad.

Jueves, 26 Septiembre 2019 16:04

Diputados toman declaraciones a magistrados

El Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados sesiona desde ayer en Sucre tomando declaraciones a los magistrados denunciados por la comisión de presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones. Ayer declaró el magistrado del Tribunal Agroambiental Rufo Vásquez.

El Consejo de la Magistratura ya no podrá disponer de manera “discrecional” la transferencia “forzada” e indefinida de jueces de un distrito a otro, mediante un reglamento, excepto por un plazo de tres meses en casos de acefalía; esa decisión puede ser impugnada, según una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

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