De acuerdo con el informe preliminar, hasta el 15 de noviembre de 2016 en juzgados de La Paz, El Alto y provincias del departamento, se atendieron un total de 267.000 causas y trámites judiciales. De esa cantidad, se han resuelto 124.887 causas y trámites judiciales, es decir, el 47 por ciento, informó la presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Carmen del Río Quisbert.

“El Año Judicial 2016 ha sido intenso para los 17 vocales, 240 jueces y los cerca de 1.000 funcionarios jurisdiccionales y administrativos que prestamos servicios en las 20 provincias del extenso departamento de La Paz”, afirmó Quisbert en su discurso.

La autoridad señaló que en la pasada gestión se tuvo varios desafíos en relación a la aplicación de un nuevo marco normativo en área civil y las propuestas que fueron llevadas a la Cumbre de Justicia.

En 2016, el TDJ gestionó cerca de 10.000 trámites entre solicitudes institucionales y particulares y otra gran variedad de trámites. Sala Plena, atendió cerca de 2.500 trámites entre Casos de Corte, Procesos Contenciosos Administrativos, Conflictos de Competencias positivos y negativos, diligenciamiento de provisiones citatorias, compulsorias y ejecutorias; posesión de jueces, designaciones, rotaciones y renuncias de personal subalterno.

“En total, la presidencia y Sala Plena del TDJ han atendido un movimiento general de 13.000 trámites en los 12 meses de la pasada gestión”, detalló Quisbert.

142.000 CAUSAS PENDIENTES

Sin embargo, expresó que resulta preocupante que, como ha ido ocurriendo en los últimos cuatro años, para este 2017 se tiene cerca de 142.000 causas pendientes de resolución en todos los juzgados.

INDEPENDENCIA

En este sentido, Quisbert afirmó que una de las razones de esta mora procesal tiene relación con el bajo presupuesto con el que cuenta el Poder Judicial, por lo que solicitó realizar y extremar esfuerzos para que las autoridades de la Dirección Nacional del Departamento Administrativo y Financiero del Órgano Judicial y la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, “garanticen nuestro presupuesto” con el cual por ejemplos se tiene proyectado concluir la construcción de una mejor infraestructura y la contratación de personal.

Remarcó que luego de un proceso de análisis, el TDJ concluyó que el cambio judicial será posible con el fortalecimiento de la “independencia institucional y la autonomía económica del Órgano Judicial”.

La presidenta del TDJ de La Paz, sostuvo que una mayor asignación presupuestaria para el Órgano Judicial definida por Ley del Estado, será la medida que viabilizará también el desarrollo de una carrera judicial que asegure la estabilidad de los jueces y resguarde su independencia interna y externa para una mejor administración de justicia.

PASTOR MAMANI

El informe de la autoridad se dio en el marco de su discurso en el acto de inauguración del año judicial en La Paz, acto que no contó con la presencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, quien fue criticado por las afirmaciones que hizo el pasado miércoles, donde se declaró “admirador” del presidente Evo Morales, y expresó su respaldo para abrir la Constitución Política del Estado en el marco del proceso de cambio, con el fin de mejorar la administración de justicia, dejando en entredicho la independencia de poderes.

El despido de funcionarios del Consejo de la Magistratura debido al cambio de cuatro consejeros está en marcha, aunque oficialmente no se conoció el número. Fuentes confiables sostuvieron que se trataría de unos 40 empleados.

De hecho, los primeros en ser despedidos están ligados a los cargos de confianza (asistentes y auxiliares) que cada consejero suele tener para desarrollar sus actividades. El viernes, el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, dijo que esa es una situación "normal" y que la decisión estaba en cada uno de los consejeros.

La semana pasada, asumieron funciones en su calidad de consejeros suplentes Juan Orlando Ríos, Roxana Orellana, Oswaldo Patiño y Magdalena Alanoca en reemplazo de los titulares Cristina Mamani, Wilma Mamani, Roger Triveño y Freddy Sanabria, que fueron suspendidos por la Cámara de Diputados por supuesto incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Choque recalcó que todos los ítems para personal de confianza serán restituidos con la contratación de nuevo personal a cargo de los nuevos consejeros.

El Presidente del Consejo de la Magistratura manifestó que al margen del cambio de personal, la institución trabaja en un plan de reducción de personal, que podría afectar del 10 al 15% de los ítems.

Explicó que este plan contempla elaborar una nueva estructura administrativa en el Consejo de la Magistratura y en el Tribunal Agroambiental para beneficiar al área jurisdiccional.

Sostuvo que el plan podría estar concluido en lo que va de la presente semana, para comenzar con su ejecución de manera inmediata. Una vez se tenga claro cuánto de dinero se logrará ahorrar, el Consejo creará nuevos ítems para juzgados en todo el país.

Aclaró que el plan no sólo implica la reducción de personal en todo el país sino también de salarios, pues hay jefes y técnicos que tienen salarios más altos que algunos jueces.

REESTRUCTURACIÓN

Con la llegada de los nuevos consejeros, la Sala Plena reestructura sus salas operativas de la siguiente manera: Sala Disciplinaria compuesta por Juan Orlando Ríos y Roxana Orellana; Sala de Control y Fiscalización conformada por Oswaldo Patiño y Magdalena Alanoca.

“Con esto cada juez tiene en promedio una carga de 1.125 causas, humanamente imposible de atender ni siquiera trabajando las 24 horas de los 365 días al año”, sostuvo la presidenta del TDJ de La Paz, Carmen del Río Quisbert.

Hasta noviembre de 2016 se contabilizaron 270.000 juicios en La Paz, lo que según el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) significa que cada juez debe atender al menos 1.125 casos por día. Esta carga procesal es identificada como uno de los factores de la retardación en los estrados judiciales.

La presidenta del TDJ de La Paz, Carmen del Río Quisbert, dijo a La Razón que la cifra es una muestra de la mora procesal que existen en los juzgados paceños, hecho que cada año -afirmó- va en crecimiento por la falta de personal, recursos e infraestructura.

Hasta el 15 de noviembre sobrepasaron las 270.000 procesos, que deben ser atendidos por 240 jueces y 17 vocales. Los datos restantes de parte de noviembre y diciembre se los dará a conocer hasta fin de este mes.

 

Con esto cada juez tiene en promedio una carga de 1.125 causas, humanamente imposible de atender ni siquiera trabajando las 24 horas de los 365 días al año”, sostuvo. Más datos sobre esta temática los encuentra en la edición impresa de este medio.

La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maritza Suntura, dio un mensaje a los operadores de justicia: “si alguien no está de acuerdo con el sueldo, tiene las puertas grandes, pueden renunciar y dedicarse a otro tipo de actividades”.

Suntura hizo este llamado durante el acto de inauguración del año judicial en la ciudad de La Paz.

En la oportunidad, la magistrada pidió reflexionar a los “pocos” operadores de justicia que hacen quedar mal a este Órgano del Estado, incurriendo en actos de corrupción para acumular bienes materiales.

“Les pido que vayamos a nuestros casa todos los días con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, manifestó.

“Nadie puede hablar a nombre de un magistrado, especialmente de mí, y si es así denuncien, háganme conocer, porque no me va temblar la mano para meterlo ‘adentro’”, acotó.

Instó a los funcionarios judiciales que sí les gusta esa profesión deben amanecerse cumpliendo su labor, e incluso trabajar sábado y domingo para cumplir con la sociedad.

5 EJES

La Magistrada planteó cinco ejes temáticos para una reforma a la justicia.

El primero consiste en que se debe desarrollar una normativa adecuada a nuestra realidad, que no sea ambigua.

En segundo lugar, propuso destinar mayor presupuesto al Órgano Judicial para facilitar la aplicación de nuevas leyes y contratar a más operadores de justicia, aclarando que la intención no es subir los sueldos de los jueces.

El tercer punto consiste en formar a los bolivianos desde el hogar con principios ético-morales, para que no sean corruptibles en el futuro.

Como cuarto punto, planteó tomar en cuenta los méritos, la vocación de servicio y el desempeño ético para la elección de autoridades judiciales, y por último la Magistrada pidió hacer capacitaciones y evaluaciones periódicas a los operadores de justicia.

Los magistrados aseguran que en el país existe un juez para cada 10.000 habitantes. El año pasado la carga procesal fue de 677.500 casos y solo fueron atendidos 324.500, es decir el 47%

Los jueces anticorrupción atienden casos de violencia familiar y los jueces penales están a cargo de casos laborales. Así están trabajando los administradores de justicia en el país y, para empeorar el panorama, aumenta la mora procesal y no hay recursos económicos para crear más juzgados o para la capacitación de  más jueces. Ese es el diagnóstico de los magistrados que fueron consultados por EL DEBER a propósito de la reforma judicial anunciada por el Gobierno.

El Ministerio Público no está exento de problemas. La Paz y Santa Cruz son los mayores distritos judiciales del país y no cuentan con el número ideal de fiscales y procuran salvar las deficiencias con la creación de las fiscalías corporativas que estarán a cargo de varios casos, pero los litigantes afirman que es más complicado porque ahora deben esperar que tres o más fiscales se pongan de acuerdo para atender sus casos.

Con ese panorama, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, dijo ayer que los cambios planteados al Órgano Legislativo agilizarán las causas porque los jueces y fiscales no podrán demorar un caso porque serán sancionados. 

Según un informe del Ministerio Público, en los últimos 18 meses fueron destituidos 87 fiscales involucrados en hechos de corrupción o por retardación de justicia. 

El proyecto de ley presentado por el presidente Morales señala que los fiscales que no se presenten serán reemplazados y, en otros casos serán llevados al juzgado por la fuerza pública.
 Los abogados que no acudan a los juzgados recibirán multas, que pueden alcanzar el pago de 10 salarios mínimo nacional, y en caso de reincidencia pierden la licencia de ejercicio profesional por hasta 10 años. Además, el Estado concederá un defensor público al cliente que se quede sin asistencia del profesional que ‘abandone la causa’.

El dinero
Pero cuando se habla de asignar recursos económicos al Órgano Judicial, las autoridades optan por cambiar el tema y hablan de un “largo debate” sobre la redistribución que claman los jueces.
 Según el Presupuesto General del Estado 2017, el TGN destinará al Órgano Judicial la suma de Bs 825.336.000, monto considerado insuficiente por los jueces. Aseguran que con ese dinero se tendrá que poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, que requerirá más juzgados.

La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Carmen del Río Quisbert, dijo que en la inauguración del año judicial se conoció que la carga procesal llegó a más de 677.500 causas en todo el país, de las cuales fueron resueltas poco más de 324.500, es decir, un 47% del total.

“Esas cifras nos llevan a concluir que con la cantidad de jueces que tenemos, solo podemos resolver, en promedio, cerca del 50% de las causas y/o trámites judiciales”, dijo la autoridad. A la falta de jueces y de recursos limitados, se suma la deficiente infraestructura, la carencia de recursos humanos debidamente capacitados, materiales y tecnología.

Asimismo, dijo que, tomando en cuenta el último censo de población, existe un juez por cada 10.000 habitantes, lo que demuestra la desproporción existente en el Órgano Judicial. “En La Paz sobrepasaron las 290.000 causas en la gestión 2015 que debieron ser atendidas por apenas 230 jueces y 17 vocales. Es decir que cada juez tiene, en promedio, una carga de 1.200 causas y es humanamente imposible atenderlas, ni siquiera trabajando las 24 horas de los 365 días del año”, graficó.

Los jueces consideran que el mínimo que puede asignar el Tesoro General de la Nación (TGN) a este Órgano, es del 3% del total del presupuesto, que para la gestión 2017 alcanza a Bs 210.346.912.461, lo que significa que los jueces buscan una asignación de Bs 6.310.407.373.
Para este año, el TGN asignó al Poder Judicial la suma de Bs 825.336.000, lo que significa que piden un incremento del 764,5% al actual presupuesto,  monto considerado “una exageración” por los  legisladores.

La exmagistrada Rosario Chánez afirmó que después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y otras leyes, el Órgano Judicial perdió sus ingresos  propios y relegó varias salidas económicas.

Su colega, la también ex magistrada Silvia Salame, afirmó que en este momento es impensable un retorno de los ingresos propios perdidos, por tanto debe ser el Estado el que asigne el dinero.
El jefe de bancada del MAS en el Legislativo, Franklin Flores, afirmó que llegado el momento habrá que debatir el dinero que recibe el Órgano Judicial, pero, en su criterio, las autoridades judiciales deberían equilibrar la cantidad de causas que atiende cada juez, porque algunos tienen asignados decena de casos y otros están a cargo de un centenar de procesos, lo que no es equitativo 

En su reciente informe de gestión, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha dado cuenta que en materia penal en el departamento de Santa Cruz, de 89.808 causas existente en la gestión 2016, solo se resolvieron 30.393, quedando pendientes 59.415 causas para esta nueva gestión. Lo cual equivale a solo el 34% de causas judiciales viabilizadas en dicha materia. 

"Ante el crecimiento cada vez más del conflicto y la litigiosidad; el resultado, sin duda, es la existencia de una alta carga procesal totalmente desproporcionada en relación a la cantidad de jueces", argumentó Pastor Mamani, presidente del TSJ.

En tanto, David Rosales, presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), admitió que la administración de justicia sigue con la alta carga procesal por tres aspectos: un escaso presupuesto, la falta de jueces y una mejor infraestructura. 

"Evidentemente, todos los años se registra un incremento de 15% de casos en materia penal.  La carga procesal es totalmente desproporcional con la cantidad de jueces y funcionarios que hay",  señaló Rosales. 

Situación insalvable. El TSJ, en su informe, señala que la mora procesal sigue siendo un problema difícil de superar en un plazo inmediato. "El 2 de enero de 2012, se recibió más de 8.600 causas pendientes por resolver desde la gestión 2006 que dejó la extinta Corte Suprema de Justicia, a las que se sumaron las causas que ingresaron en posteriores gestiones", enfatiza el informe. 

A ello se sumó, prosigue el informe, que a partir del segundo semestre del 2016 se sufrió un recorte presupuestario como efecto de la aplicación del principio de gratuidad y de la Ley del Notariado, que ocasionó la disminución del personal calificado.

"La construcción de la nueva justicia, no fue asumida en su verdadera dimensión por el ex Consejo de la Judicatura, ni por el actual Consejo de la Magistratura, porque lejos de cumplir el mandato constitucional, se centraron en burocratizar su estructura administrativa", denunció Mamani.

En respuesta a ello, Wilber Choque, presidente del Consejo de la Magistratura, señaló que dicha instancia solo cumple una labor de control, cuando la potestad la tiene el TSJ, quienes además manejan la dirección administrativa financiera. "Nosotros solo hacemos el control a los operadores de justicia. Ellos manejan la administración financiera y son ellos quienes incrementan los presupuestos y la burocracia. En todo caso tenemos que ir avanzando en la construcción de la nueva justicia. Es tarea de todos", señaló.

A nivel de los departamentos. En la gestión 2016, recapitula el informe, que en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) conformados tanto por sus Salas Especializadas, Juzgados y Tribunales de Capitales y de Provincia de todas las materias; la carga procesal alcanzó un total de 677.617 causas, de las cuales fueron resueltas 324.585.

En referencia a la asignación presupuestaria al Órgano Judicial en relación al Presupuesto General del Estado, en las últimas cuatro gestiones contempló un promedio inferior al 0,50%. "No alcanzó ni al 1% del total del Presupuesto General del Estado, lo que incide en que actualmente solo se cuente con 1.000 jueces para una población de más de 10 millones de habitantes; situación que debe modificarse, para avanzar en la nueva justicia que todos queremos", sintetiza el informe presentado por Mamani.

Datos
Amerita crear más ítems pero también asignar más recursos

 

Infraestructura. La falta de infraestructura es notoria en el caso de Santa Cruz, donde se sumaron las audiencias orales pero no se dispuso de ambientes adecuados para su desarrollo.

Promedios.  La asignación presupuestaria tuvo la siguiente correlación en los últimos años: para el 2013 el 0,59%; para el 2014 el 0,52%; para el 2015 el 0,55% y para la gestión 2016 el 0,56%.

Predios. Desde la gestión 2012 a la fecha se desarrollan más de 25 obras de inversión pública, cinco de las cuales se ejecutaron el 2016.

 
Sam Mills Jersey