El procurador del Estado, Héctor Arce, informó ayer que en la actualidad Bolivia afronta 37 casos en materia de derechos humanos ante organismos internacionales, entre ellas, figura la denuncia de la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y el exsenador Eduardo Maldonado por vulneración de sus derechos políticos al inhabilitar su candidatura para las elecciones subnacionales de  2015.

Arce dio esa información ayer en Cochabamba, durante su rendición de cuentas de la gestión 2016. “Ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) Bolivia afronta un total de 37 casos de esos: 28 se encuentran en la etapa de admisibilidad, cinco casos se encuentran en la etapa de fondo y cuatro casos para conseguir una solución amistosa”, dijo la autoridad.

Señaló que Bolivia cumple y respeta los fallos de tribunales internacionales y recordó que por mandato del artículo 256 de la Constitución Política del Estado (CPE), “los tratados suscritos por el Estado y acordados por el Estado en materia de Derechos Humanos tienen aplicación preferente, incluso, por sobre la CPE”.

Explicó que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (con sede en Costa Rica) —cuando pasa a la fase jurisdiccional— “Bolivia tiene cinco casos  en supervisión de sentencia, ninguna sentencia dictada en su contra en condiciones negativas para los intereses del Estado”.

Ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, existen un total de tres casos activos. “Tenemos casos desde la época de la dictadura de diferentes situaciones de responsabilidad del Estado hasta casos recientes, por ejemplo, de don Mario Cossio Cortes un exgobernador (de Tarija) que ha presentado una denuncia internacional contra el Estado boliviano”, dijo.

El Procurador agregó que existe cinco casos “en etapa de fondo”, casos que vienen de gestiones pasadas, ninguno de la presente gestión. Mientras que en el Sistema Universal de Derechos Humanos existen tres procesos de los cuales dos que han sido iniciados por exparlamentarios. “Doña Rebeca Elvira Delgado, expresidenta de la Cámara de Diputados, tiene una denuncia muy similar a la de don Eduardo Alberto Maldonado por supuesta inhabilitación en las elecciones municipales. Una decisión que asumió en su momento el Órgano Electoral”, dijo Arce.

A ellos se suma la denuncia de Jorge Quiroga Mendoza y Luis Alberto Alanda Granados, oficiales de las Fuerzas Armadas que fueron sentenciados por los hechos de octubre de 2003.

 

RÉPLICA DE BOLIVIA

Bolivia presentará el documento de la réplica en el proceso de la demanda marítima hasta el 21 de marzo, plazo que fue fijado por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. El procurador Héctor Arce señaló que la institución que dirige coadyuva al equipo nacional e internacional de Bolivia.  

Calificó la respuesta de Chile a la demanda boliviana como “forzada”, sin embargo, dijo que merece la atención y respeto de Bolivia. “Jurídicamente, hemos coadyuvado desde julio del año pasado hasta días recientes, en la última reunión que se llevó en La Haya en Holanda a la cabeza de canciller David Choquehuanca en la construcción de la última intervención escrita que tendrá el Estado boliviano, el memorial de réplica, que será presentado hasta el 21 de marzo, dos días antes del Día del Mar”.

 

SOBRE REPOSTULACIÓN DE MORALES

Procurador pide a juristas respetar su opinión

El procurador general del Estado, Héctor Arce, pidió ayer a los juristas que respeten su opinión respecto a la viabilidad de la respostulación del presidente Evo Morales y reiteró que la Constitución Política del Estado no limita la cantidad de reformas.

Arce escribió dos artículos de opinión en pasados días, uno sobre la reforma constitucional y el otra sobre el acortamiento de mandato por renuncia. Sin embargo, a opinión de constitucionalistas, las dos propuestas planteadas por el Procurador serían inviables.

Al respecto, el Procurador  dijo que escribe decenas de artículos no sólo en un periódico sino en varios y “hemos dado criterios jurídicos constitucionales, siempre apegados al derecho y a la Constitución”.

Agregó que es “medio incompresible” que haya una reacción “tan virulenta” en función a un artículo que él escribió, por lo tanto, dijo que “respetamos todos los criterios y exigimos el mismo respeto a nuestros criterios”.

Los Tiempos le consultó si el resultado de un referendo es vinculante y de cumplimiento obligatorio a lo que Arce respondió: “Yo no voy a hacer mayores declaraciones en temas  que son conocidos y que se han debatido jurídicamente”. Reiteró que la Constitución no limita la cantidad de reformas constitucionales que puedan haber en un mismo periodo constitucional y tampoco el contenido de la reformas constitucionales “esa es una situación que está ampliamente demostrada”.

Respeto

El procurador general del Estado, Héctor Arce, remarcó ayer las acciones legales internacionales que realiza ese despacho con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y Diremar para la defensa de la Demanda Marítima y afirmó que Bolivia reconoce los tribunales internacionales y es respetuosa de sus fallos. En la Rendición Pública de Cuentas de la gestión 2016, que se realizó en Cochabamba, Arce dijo que se conocieron los débiles argumentos que Chile presentó en la contramemoria y que serán respondidos en marzo de 2017.

Los reclusos con VIH y los miembros de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) sufren discriminación y una vulneración de sus derechos en las cárceles de Bolivia, afirmaron hoy varias organizaciones.

Las asociaciones privadas Nuevo Camino (Asuncami) y Con Alas Propias (Ascap) realizaron una investigación cualitativa en las cárceles de la región andina boliviana, mediante la cual pudieron constatar que en esos recintos “se criminaliza la diferencia”, dijo a los medios un representante de la primera organización, Javier Palacios.

Además de sufrir los mismos problemas que el resto de la población de las cárceles, como el hacinamiento y demoras en los procesos judiciales, ambos grupos también son objeto de discriminación por su estado de salud o su preferencia sexual.

Según Palacios, aunque hay normas que reconocen los derechos de las personas con VIH y la comunidad LGBT, los reos que pertenecen a estos grupos están sometidos a “factores subjetivos como las creencias religiosas” o los prejuicios morales de operadores de justicia, administradores de las cárceles y de los otros internos.

Mencionó el caso de una reclusa transgénero que tuvo que seguir un “largo proceso” judicial para que el sistema penitenciario le reconozca su identidad como mujer y la puedan trasladar de la cárcel para varones en que se encontraba a una para féminas.

“Sin embargo, a pesar de ello no podía dormir en un dormitorio de mujeres. Como no había otro espacio, le han habilitado un baño para que pase las noches, un baño de 2 x 2 (metros)”, lamentó.

Palacios también citó el caso de una joven reclusa diagnosticada con VIH que, por ese motivo, debe permanecer en una habitación aislada del resto de la población de la cárcel por decisión de los administradores del penal.

A juicio de Palacios, esta situación demuestra “que los operadores de justicia aún tienen insuficiente información y sensibilización a estos temas de derechos humanos que están difundiéndose y ganando espacios en la sociedad”.

La salud de los reclusos con VIH tampoco está plenamente garantizada, ya que se les complica tramitar la salida del penal para someterse a los controles clínicos correspondientes y algunos no reciben la medicación diaria que es parte de su tratamiento.

También se han detectado casos de reos que mantienen en reserva su condición de salud u orientación sexual para no ser discriminados o evitar la posible violencia por parte de sus compañeros.

La información fue incluida en el informe “Situación de los Derechos Humanos y acceso a la Justicia de población vulnerable privada de libertad en Bolivia”, expuesto en diciembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una plataforma conformada por 40 organizaciones.

En declaraciones a Efe, Palacios indicó que Asuncami y Ascap amplían actualmente los resultados de su investigación con la recolección de datos en las cárceles de Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este).

Con esa información, estas entidades promoverán encuentros entre operadores de justicia y los grupos interesados para elaborar protocolos de atención y procedimientos escritos para el manejo adecuado de estos casos en las cárceles y que se garantice el respeto de los derechos de esas poblaciones vulnerables. EFE

Un estudio realizado por la Fundación Construir reveló este jueves que el hacinamiento en las cárceles del país es crítico, ya que la capacidad de albergue de presos está sobrepasada en 290 por ciento (hasta julio de 2016) debido a que las autoridades jurisdiccionales optan por aplicar la medida de detención preventiva.
 
Susana Saavedra, directora Ejecutiva de la Fundación Construir, aseguró que esta cifra es preocupante y que autoridades gubernamentales deben hacer un cambio en la política carcelaria.  Según el estudio en Bolivia hay al menos 15.600 privados de libertad, un 80 por ciento de estos sin sentencia.
 
“Estamos bordeando el 300 por ciento de hacinamiento carcelario, es una cifra bastante preocupantes, es una tasa altísima para un país que  tiene una cantidad mínima de privados de libertad, en relación a otros países”,
 
Saavedra explicó que Brasil tiene al menos 600 mil privados de libertad y en Argentina hay 100 mil.
 
Bolivia en tiene 61 recintos penitenciarios, de los cuales, 19 son urbanos y 42 son carceletas en el área rural. La capacidad del albergue es para 5.413 internos.
 
“Las cárceles con mayor hacinamiento son las de San Roque (Sucre) y la de Palmasola (Santa Cruz), precisó la directora Ejecutiva de la Fundación Construir.
 
Según datos de la Pastoral Penitenciaria Caritas de Bolivia, de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, a julio de 2016 las cárceles del país contaron con una población carcelaria de 14.850 personas, lo cual implica una tasa de hacinamiento del 290 por ciento a nivel nacional.
 
Un estudio de relevamiento de datos desarrollado recientemente por la misma Pastoral en las 19 cárceles urbanas destaca la existencia de tasas críticas de hacinamiento.
 
Datos
 
Según el estudio de Fundación Construir, hasta  julio de 2016, la cárcel de Palmasola en Santa  Cruz sigue siendo la que mayor hacinamiento carcelario presenta. La penitenciaria cruceña fue creada en 1989 para una capacidad de 60 varones y 200 mujeres. Actualmente, este centro penitenciario alberga 5 mil 464 varones y 346 mujeres.
 
La cárcel de San  Pedro de La Paz, que tiene una población carcelaria de 2102 internos, cuando la capacidad es para 800 privados de libertad. Y, en tercer lugar está la penitenciaria de Mocovi en Beni, que alberga a 507 varones y 38 mujeres, cuando su tope es para 150 internos y 50 internas.
 
En Chonconcoro hay 266 reos; en Qalahuma, 238; en la cárcel femenina de Miraflores, 58 y en la cárcel de Obrajes, 242 internas.

Adolescentes, jóvenes, indígenas y mujeres sufren con mayor rigor obstáculos en el acceso a la justicia y son víctimas de exclusión y discriminación en el sistema penitenciario del país, según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una coalición de instituciones de la sociedad civil.

El informe da cuenta de la situación de los derechos humanos y el acceso a la justicia de la población privada de libertad y asegura que las cárceles son la expresión de prácticas propias del derecho colonial signado por el formalismo, el expediente escriturado y la perspectiva de un sistema judicial ajeno a la población.

“Hay un uso irracional de la prisión preventiva y son las personas más vulnerables quienes tienen mayores obstáculos para esperar su juicio en libertad u obtener una justicia pronta”, aseguró Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir.

Dijo que en materia penal la mora procesal llega al 70%, los niveles de hacinamiento carcelario superan en 270% las capacidades instaladas, y la tasa de presos sin condena alcanza al 68%, constituyendo la segunda más alta de América Latina.

María Carmen Michel de la Pastoral Penitenciaria informó que un total de 61 recintos penitenciarios, 19 urbanos y 42 carceletas rurales, albergan a 15.500 personas en predios cuya capacidad alcanza para 5.400, “lo que implica una tasa de hacinamiento que va desde 140% en San Sebastián mujeres hasta 900% en Palmasola varones, y un promedio nacional de 290%”.

El informe destaca que el presupuesto destinado a justicia durante la gestión 2016 representó el 0,52% del presupuesto general del país, mientras que el Ministerio de Gobierno percibió más del 17% del presupuesto general, pero asignó sólo el 0,47% al sistema penitenciario que está bajo su dependencia, “lo que evidencia que invertir en justicia no es tema de prioridad para el Estado”.

Michel recordó que el Estado provee un prediario de Bs 8, por cada recluso, para alimentación y otros gastos, “pero en muchos casos el gobierno central que recibe los recursos de los gobierno departamentales no desembolsa oportunamente, dejando sin dinero por 3, 4 meses o más a los recintos carcelarios, y solo con el apoyo de voluntarias que recolectan víveres en los mercados. En recintos penitenciarios de Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Cobija se ha llegado al extremo de recolectar deshechos de la basura para alimentar a los presos”.

En ese contexto de vulneración de derechos humanos en el espacio judicial y penitenciario las mujeres constituyen el grupo más vulnerable frente a la justicia, porque al conjunto de brechas económicas, culturales, lingüística o de otra índole se suman los sesgos de género, propiciando escenarios de doble vulneración a sus derechos y en muchos casos revictimización, aseguró Jinky Irusta de la Oficina Jurídica de la Mujer.

Dijo que aunque los decretos de indulto carcelario y amnistía han permitido la reducción de más del 30% de la población femenina en cárceles, actualmente más de 1.150 mujeres guardan detención en recintos penitenciarios, la mayoría, por delitos del régimen de sustancias controladas (38,6%) y por delitos contra la propiedad (28%).

Explicó que la pobreza es uno de los factores que prolonga la permanencia de las mujeres en las cárceles y “es frecuente que no puedan beneficiarse de medidas cautelares porque no pueden demostrar trabajo estable pues un alto porcentaje subsistía del comercio informal, o acreditar domicilio porque vivían en situación de calle, ni siquiera demostrar lazos familiares porque son víctimas de violencia, el sistema impone fianzas económicas que no pueden cumplir”.

Aseguró que los costos de un proceso extendido dejan a las mujeres sin capacidad económica para obtener la cesación de detención, porque “cualquier abogado cobra entre 500 a 1.500 dólares por audiencia, un monto que muy pocas pueden cubrir”.

El informe concluye que el Estado boliviano “tiene un problema pendiente de urgente solución puesto que los diagnósticos que reflejan la situación de derechos humanos en contextos de encierro evidencian que la perdida de la libertad deriva en la vulneración de otros derechos”.

“El sistema carcelario es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento”, advirtió Susana Saavedra.

Los cuatro miembros del Consejo de la Magistratura son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por vulnerar los derechos de una persona a la que le negaron ejercer el cargo de juez a pesar de haber sido elegido.

El pleno de la Cámara de Senadores se constituyó en Tribunal de Sentencia para el juicio de responsabilidades contra cuatro miembros del Consejo de la Magistratura acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El Senado dictó el auto de radicatoria del caso y determinó que el tribunal se conforme con los senadores titulares y suplentes, que estarán presididos por el oficialista Milton Barón.

Los magistrados Cristina Mamani, Gonzalo Triveño, Wilma Mamani y Freddy Sanabria son acusados por vulnerar los derechos de un ciudadano al que le negaron ejercer el cargo de juez a pesar de haber sido elegido.

En lo que resta de esta semana se procederá con la notificación a los acusados, quienes fueron suspendidos de sus cargos en una sesión legislativa de diciembre que dio paso al proceso.

Diputados suspende a 4 miembros de la Magistratura y da paso a juicio de responsabilidades

En un juicio de responsabilidades, de acuerdo a la ley 044, la Cámara de Diputados hace el papel de acusador o Fiscalía, y el Senado de Tribunal de Sentencia. Ahora el caso pasó al Senado, que deberá instalar el juicio de responsabilidades que podría liberar de culpa a los acusados o destituirlos del cargo  enviando archivos a la justicia ordinaria.

Eloy Felipe Toledo Yana, es el denunciante y explicó en una anterior oportunidad que la consejera Mamani afirmó con insistencia que éste no fue posesionado en el cargo de juez porque había una denuncia en su contra, una premisa que quedó desvirtuada.

Jueves, 12 Enero 2017 15:24

Carga procesal

La retardación de justicia en Bolivia no solo tiene el lamentable efecto de tener los centros de reclusión del país en condiciones de hacinamiento, sino también a los juzgados llenos de causas que, en las condiciones actuales, tardarán muchos años en resolverse. Tómese por ejemplo el caso de La Paz, donde hasta noviembre de 2016 había más de 270.000 juicios.

En efecto, de acuerdo con estimaciones del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, en 2015 se contabilizó casi 300.000 juicios, lo que significó un incremento de casi 15.000 con relación a 2014 y 87.000 más que en 2013.

Para la Presidenta del TDJ paceño, estas cifras tienen como origen la falta de personal, recursos e infraestructura que padece el Órgano Judicial. Así, de acuerdo con la citada autoridad, la principal causa de la retardación de justicia en los tribunales paceños es la falta de equilibrio entre la cantidad de causas y trámites judiciales, y el número de administradores de justicia: los más de 270.000 procesos contabilizados debieron ser atendidos por apenas 240 jueces y 17 vocales.

Según los datos que aquí se citan, la mayor parte de los juicios en La Paz son de materia penal y atendidos por 90 jueces, lo que significa que cada magistrado debe resolver unos 1.125 procesos cada día; el resto de los juicios son de materia civil y familiar. Entre las causas para esta sobrecarga de trabajo para los jueces está, además de la acumulación de casos a lo largo de los años (derivada, entre otros aspectos, de las prácticas de jueces y litigantes, que incluyen diversos mecanismos de retardación comúnmente llamados “chicanas”), una marcada tendencia a la judicialización de los conflictos entre partes.

Coincide con esta idea el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien en una entrevista con La Razón reconoció que “existen malas prácticas forenses, eso es indudable y es un mal que aqueja al sistema de Justicia desde hace bastante tiempo”, agregando que “esa situación hace que la labor y el compromiso profesional y ético de la mayoría de los abogados se vea opacado e incluso absorbido por esas malas prácticas”.

Precisamente por ello, al inicio del año judicial el Presidente del Estado anunció nuevas leyes destinadas a sancionar a jueces y abogados que se dediquen a esas prácticas. Sin embargo, la máxima autoridad del Órgano Judicial opina que esas medidas “requieren de una mayor precisión para su aplicación”.

Finalmente, todas las autoridades judiciales coinciden en que la solución a la mora procesal pasa, además de nuevos y mejores códigos, por asignar más presupuesto al Órgano Judicial; el Presidente del TSJ pide al menos el 3% del Presupuesto General del Estado, tema que sin duda seguirá siendo el gran asunto pendiente en el debate público, lo cual permite suponer que la verdadera transformación de la Justicia boliviana está todavía lejana.