La Asamblea Legislativa modificó anoche la convocatoria para elegir al Fiscal General del Estado (FGE) y ahora no es necesario que los funcionarios públicos, que postulen a este alto cargo, renuncien con tres meses de anticipación.

Al menos 168 postulantes habilitados dentro de la convocatoria para registradores y subregistradores de Derechos Reales se someterán al examen de competencia el viernes 31 de agosto en los nueve distritos del país para optar a estos cargos en las capitales y provincias.

Tres candidatos ya están en carrera para el cargo de Fiscal General del Estado. A la postulación de José Romero Sandoval el lunes, que planteó la pena de muerte para los corruptos, feminicidas y tratantes, ayer su sumaron el abogado Aimoré Francisco Álvarez Barba, subprocurador de Supervisión e Intervención de la Procuraduría General del Estado (PGE), y el jurista Constantino Coca Sejas, que en 2012 fue Fiscal de Distrito de Beni.

En junio, en la cárcel de San Sebastián, Cochabamba, se descubrió que un hombre permaneció 14 años preso sin sentencia, hecho que fue denunciado por la Defensoría y luego se otorgó la libertad de ese ciudadano.

El presidente del Senado Milton Barón informó que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elabora un proyecto de ley sobre la detención preventiva, con el objetivo de restituir su carácter de aplicación excepcional y para evitar que su uso sea “una regla”.

Dos semanas después de la publicación de la convocatoria, el abogado José Romero Sandoval se convirtió en el primer postulante al cargo de Fiscal General y planteó como propuesta de su gestión la pena de muerte para los corruptos, feminicidas y la independencia de poderes. El jurista dejó ayer su documentación ante la comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.