El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), previo un informe de gestión, inicia sus actividades del año judicial 2017 este martes en la capital de Bolivia, Sucre.

En un boletín de prensa, al que tuvo acceso El Día, se da cuenta que el Presidente del máximo tribunal, Pastor Segundo Mamani Villa,  brindará un informe incluyendo las actividades de la Escuela de Jueces del Estado y la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, además del trabajo cumplido por los Tribunales Departamentales de Justicia.

Por su parte, Wilber Choque, Presidente del Consejo de la Magistratura (CM), señaló que para todo el sistema judicial, este año esperan cerrar una gestión de seis años con la implementación de todos los códigos procesales civiles, penal, entre otros.

“En lo que resta este año, esperamos sentar las bases para ver cambios significativos en la justicia boliviana. Para ello ya se viene implementando el Código Procesal Civil, el Código de la Niñez y ahora ya está en proceso el Código del Sistema Penal, con eso se darán cambios fuertes”, apuntó Choque.  

Acto central. La apertura del Año Judicial está prevista para las 15:30 y se asegura que estará presente la primera autoridad del Estado, Evo Morales Ayma, el vicepresidente Álvaro García Linera, además de sus ministros del área y las principales autoridades del país del Órgano Judicial.

Entre las principales preocupaciones de este poder del Estado está la demanda de un mayor presupuesto, cuyo componente según el Presupuesto General del Estado (PGE) no pasa del 0,32% con relación al total del gasto público del país, incluso menor al 2016 de 0,36%. 

El otro tema en cuestión, y es objeto de muchos cuestionamientos de la población y los expertos en el tema, es la alta carga procesal y un lento y tedioso avance en la resolución de causas pendientes. 

Además, la agravante a todo ello, son los recurrentes procesos en contra de los servidores públicos de justicia que se dieron el 2016, con jueces suspendidos, por casos de corrupción. “Así como hay buenos servidores de justicia, lamentablemente hay pésimos operadores. En ese contexto, están llamados a controlar al Consejo de Magistratura. Estamos haciendo seguimiento a todo ello”, precisó, Diego Jiménez, Viceministro de Justicia. 

Respuesta. Por su parte, Juan Oswaldo Valencia, Presidente del Tribunal Constitucional (TCP), señaló que, pese a un año electoral de magistrados, ellos llevarán adelante una gestión de transición para entregar un TCP eficiente. 

El Órgano Judicial inaugura hoy el Año Judicial 2017, con la anunciada reforma judicial pendiente. Para el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, esta gestión debe implementarse a profundidad la reforma judicial para eliminar la crisis, en una coordinación entre los tres poderes del Estado que apliquen las 168 conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia 2016, hasta ahora pendientes de ejecución.

“En Bolivia, es necesaria una verdadera reforma judicial que nunca ha ocurrido y que nosotros (magistrados) consideramos que debe haber una reforma estructural y radical de la justicia, sólo de ese modo se solucionaría así la crisis en este momento”, manifestó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani.

En junio de 2016, se llevó adelante en Sucre la Cumbre Nacional de Justicia. En la inauguración, las más de 15 propuestas presentadas por el vicepresidente Álvaro García Linera al final se convirtieron en 100 conclusiones, que aprobaron reformar la justicia partiendo de imponer la cadena perpetua para los violadores de niños con muerte, mantener la elección de magistrados por voto popular haciendo ajustes en la preselección y evaluar el desempeño de los jueces y fiscales en 120 días. Condicionaron el incremento al presupuesto a los resultados del trabajo de los jueces; y remarcaron que la independencia se infiere en el voto popular.

Al cierre del año pasado, se desconocía si se había conformado la Comisión de Implementación que debía organizar un plan estratégico de las reformas judiciales a corto, mediano y largo plazo. El Órgano Judicial tampoco tiene urgencia para impulsar las reformas y está a la espera de la convocatoria del Ejecutivo.

Mamani admitió que la justicia sigue en crisis, pero sostuvo que es posible actuar en un trabajo conjunto entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Uno de los principales problemas identificados, según el TSJ, es la falta de recursos económicos para implementar más jueces y juzgados en el país, de la que el Gobierno no quiere hablar hasta "ver resultados".

“Con la aplicación de la gratuidad en la justicia, se han recortado recursos económicos que ingresaban por la venta de valoradas. Otro ingreso que nos recortaron está vinculado con la aplicación del Código Procesal Civil y la Ley del Notariado en algunos de los trámites que se realizan en la notarías; antes recaudábamos anualmente 35 millones de bolivianos que debían ser devueltos por el Estado pero que desde hace dos años no hemos recibido”, manifestó.

Pese a las numerosas críticas de parte de otros órganos y los casos de supuesta corrupción desvelados, destacó como logro que en 2016 se implementara el Código Procesal Civil,que supuso el inicio del trabajo de los conciliadores que, según sus palabras, están reduciendo la carga procesal en los juzgados.

Hoy a las 15:30, el Presidente del TSJ rendirá un informe a detalle sobre las actividades realizadas y también dará inicio al año judicial. Al acto confirmó su llegada el presidente Evo Morales y los dos presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados.

CAMBIOS EN LA JUSTICIA

En La Paz, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, aseguró que el modelo de gestión encomendado por la Cumbre de Justicia de Sucre, aprobó la oralidad plena de los juicios, que permitirá a los jueces, dijo, cumplan un trabajo más productivo, dejando los trámites administrativos de los que actualmente se ocupan, como parte de los cambios que se aplicarán el próximo año.

Velasco hizo una evaluación de gestión y recordó que hay 168 conclusiones de la Cumbre, que serán implementadas el 2017 en un proceso de corto, mediano y largo plazo; llevarán un tiempo –dijo– porque hay que trabajar temas normativos, “implementar una formación a los fiscales, a los jueces, abogados y defensa pública y después aplicar el modelo de gestión de oralidad plena”.

Precisó que en el nuevo modelo habrá una separación del trámite administrativo de lo jurisdiccional, porque ahora “los jueces más se dedican a dirigir lo que son. Cómo está su funcionario, si está notificado, no está notificado, si en la fotocopia se ha entregado, no se ha entregado. Son temas administrativos, son temas sencillos”.

 

El Distrito Judicial de Chuquisaca durante la gestión 2016 atendió 16.453 causas de las que resolvió 12.543, lo que representa el 76% del total, según un informe que será presentado la próxima semana cuando se abra la gestión judicial 2017.

El informe corresponde al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Hugo Córdova, quien manifestó que hubo mejora en la resolución de causas con relación a la gestión 2015 en todas las materias.

Destacó que el “alto” porcentaje de efectividad se debe al compromiso de jueces, vocales y personal de apoyo que trabaja en los juzgados y tribunales de Sucre y las provincias del Departamento. “Resulta óptimo con relación a anteriores gestiones que era un poco menos”, manifestó.

De acuerdo con el movimiento de causas en el Distrito Judicial de Chuquisaca, la mayor cantidad de causas atendidas está en Sucre con 13.276 entre procesos que quedaron del año pasado (1.794) y las ingresadas este año (11.482).

En las provincias el movimiento de causas fue mucho menor con 3.177, de las que 348 correspondían a la gestión 2015 y 2.829 a las ingresadas en 2016.

De hecho, estos datos demuestran que el 80.7% de los casos se resuelven en Sucre contra 19.3% de las provincias.

Córdova explicó que el 76% de resolución de causas también “se debe a las modificaciones que se hicieron en el Procedimiento Penal con la ley de Descongestión Penal como los códigos de Procedimiento Familiar y Civil”.

En ese sentido, afirmó que fue fundamental la aplicación del “instituto de la conciliación que ayudó bastante para que se descongestione el trabajo de los jueces”.

NECESIDAD DE JUECES

El Presidente del Tribunal Departamental de Justicia dijo que para mejorar el porcentaje de resolución de causas durante la próxima gestión se requieren más jueces.

Sostuvo que se necesitan la dotación de ítems para jueces cautelares. “Creció grandemente la carga en materia de la niñez y adolescencia y materia laboral” y también para jueces de sentencia en la Capital, aunque no precisó el número de ítems.

La aprobación de un proyecto de ley para la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas respalda hoy la voluntad del Estado boliviano de reforzar los marcos de legalidad y luchar contra el comercio de drogas.
La normativa fue avalada anoche por la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados.

El diputado David Ramos, explicó que la iniciativa establece la nacionalización y el ejercicio de manera soberana del Estado en la lucha contra el tráfico de sustancias controladas, además de identificar al comercio de estupefacientes como una organización ilícita de carácter transnacional en el mundo.

Por tanto, también se debe organizar una regionalización de esta lucha, organizando tareas conjuntas con países vecinos con los cuales se comparte fronteras, respetando nuestras soberanías, analizó Ramos.

A su juicio, el proyecto se suma al trabajo integral que se desarrolla para sustituir la Ley 1008 con otras dos, la Ley General de la Hoja de Coca y la Ley del Código del Sistema Penal.

El consumo de la hoja es una práctica milenaria en Bolivia y es legal su siembra.

La creación del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral en 2006 ha permitido fiscalizar la producción, circulación y comercialización del producto por medio de reglamentaciones especiales y el establecimiento de un sistema de permisos y controles, tanto para productores, comerciantes y transportistas.

También se enfoca en mostrar a la planta milenaria como parte de la cultura nacional, tratando de desterrar los prejuicios de la sociedad que la consideran solo para beneficio del narcotráfico.

A fines de octubre, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) valoró los esfuerzos del gobierno del presidente Evo Morales en la lucha antidrogas, la erradicación de los cultivos ilegales de coca y el cumplimiento de los tratados internacionales.

En 2008, el presidente Morales expulsó del territorio nacional a la Agencia estadounidense para el Control de las Drogas, y a partir de ahí comenzó a aplicar su propio modelo antinarcóticos, basado en la prevención y la educación y no en la violencia.

De ahí que desde 2006 no se ha reportado ningún muerto en la eliminación de la hoja excedentaria, como sí ocurrieron en gobiernos anteriores.

La Paz, 20 de diciembre (ANF).- Diputados de oposición presentaron un proyecto de modificación de Ley a la presidencia de esa instancia con el propósito de beneficiar con atención médica gratuita y especializada a niños desde su nacimiento hasta los 15 años que hayan sido víctimas de violencia.

El proyecto busca modificar la Ley 475 Integral de Salud que en su artículo 5 solo contempla el beneficio de un seguro público para niños menores de cinco años de edad.

El proyecto sugiere adicionar el numeral 7 al artículo 5 de la mencionada Ley, con el siguiente texto:

“Todas las niñas, niños y adolescentes, desde su nacimiento hasta los 15 años de edad, tendrán asistencia médica gratuita en todas y cada una de las especialidades, cuando éstos sufran o sean víctimas de maltrato infantil, violencia física, psicológica o verbal, (hasta su total restablecimiento)”.

La iniciativa surgió luego de conocerse el lamentable deceso de la niña Abigail, que murió por la cruel golpiza recibida presuntamente de sus padres.

 
Cámara de Diputados
Foto: Archivo

 

(Cambio Digital).- El pleno de la Cámara de Diputados suspendió temporalmente a cuatro consejeros de la Magistratura, quienes fueron acusados formalmente por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, ambos tipificados en el Código Penal.

La acusación fue realizada en contra de Cristina Mamani Aguilar, Roger Gonzalo Triveño Herbas, Wilma Mamani Cruz y Freddy Sanabria Taboada y fue aprobada por 71 votos la madrugada de hoy.

La decisión será remitida a la Cámara de Senadores donde se substanciará el juicio disciplinario en única instancia, como señala el procedimiento de la Ley 044.

Asimismo,  la resolución camaral encarga a la Comisión de Justicia Plural sostener la acusación contra los cuatro consejeros ante el Tribunal de Sentencia de la Cámara de Senadores

En la sesión que conoció y deliberó sobre la acusación en contra de los cuatro consejeros estuvieron presentes Wilma Mamani con su abogado y el defensor de Cristina Mamani, además de la víctima Eloy Felipe Toledo Yana, en su condición de denunciante. No asistieron los consejeros Freddy Sanabria y Roger Triveño.

Durante las más de nueve horas de debate, el pleno conoció los antecedentes de la acusación presentada por Eloy Toledo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la misma que fue tramitada desde el año 2013 en cumplimiento estricto de la Ley 044 que establece el procedimiento para el juzgamiento de altas autoridades, en este caso del Consejo de la Magistratura.