La ONU, a través de su oficina de Derechos Humanos, pidió a “las autoridades competentes”, en referencia a la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, “una investigación pronta” del caso.

Cuando el Órgano Judicial se disponía a regularizar paulatinamente sus actividades en algunos municipios considerados como de riesgo medio, ahora con la determinación del Comité Operativo de Emergencias Departamental (COED) de ratificar una cuarentena estricta hasta fin de mes, el plan de trabajo vuelve a ser el de las anteriores semanas.

El Tribunal Departamental de Justicia, el Ministerio Público, Defensa Pública y Régimen Penitenciario (esta última en Palmasola) son las cuatro instituciones cruceñas que están interconectadas para realizar las audiencias virtuales en las que se buscará dar sentencia (ya sea condena o absolución) a 284 privados de libertad que se encuentran con detención preventiva.

El contagio de coronavirus en el penal de Palmasola y Bahía, ambos en Santa Cruz, y Mocoví en Beni, además del fallecimiento de cuatro internos, es un riesgo para las zonas aledañas a estos recintos si no se toman las medidas necesarias para contener el virus.

Existen acuerdos de procedimientos abreviados que permitirán que varios presos recuperen su libertad a través de audiencias virtuales.

La Asociación de Víctimas Judiciales, a través de su cuenta en Facebook, denunció la falta de reactivos para detectar casos de coronavirus en el penal de Palmasola, además de la carencia de camas para la atención de pacientes al interior de la cárcel. “Las autoridades incumplen el compromiso de dotar al penal un hospital móvil y un consultorio médico permanente”, refiere parte de la denuncia.

Sam Mills Jersey