Siete autoridades firmaron ayer un acuerdo para implementar el Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Justicia, con el cual se pretende transformar el sistema judicial a partir de las conclusiones que salieron de la cumbre realizada en Sucre en junio del año pasado. 
 
"Hemos trabajado en este plan que actualizado incluye los resultados de la cumbre que tiene como enfoque garantizar a la población el acceso pleno a la justicia sobre siete ejes”, manifestó la ministra de Justicia, Virginia Velasco.
 
 En el acto de la firma del acuerdo participaron Velasco; el fiscal general, Ramiro Guerrero; el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque; el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio; el presidente del Tribunal Agroambiental, Javier Peñafiel; el presidente del Tribunal Constitucional, Oswaldo Valencia, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani. 
 
Los siete ejes en los que se basa dicho plan son: cobertura plena del sistema de justicia, celeridad en los procesos judiciales, reingeniería del sistema para optimizar su funcionamiento, implementación de una política criminal, transparencia y lucha contra la corrupción, la independencia del Órgano Judicial en permanente coordinación con los otros órganos y la gestión de recursos financieros.
 
 El plan debe implementarse hasta 2025, pero Velasco no precisó qué será necesario, pues señaló que aún no se definió el presupuesto. "Eso se trabajará coordinadamente de acuerdo a las necesidades, si necesitamos tecnología, dónde implementar”.
La Paz, 19 ene (PL) Senadores bolivianos sancionaron el proyecto de Ley que crea la Comisión de Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia, con lo cual reafirman hoy el compromiso de fortalecer los marcos institucionales y jurídicos del Estado.
 
De acuerdo con la normativa, la comisión será presidida por el Ministro de Justicia y estará integrada por los presidentes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura.

Asimismo, dirigen la entidad el Fiscal General del Estado, el Ministro de Gobierno, el Procurador General del Estado y un representante del Sistema de la Universidad Boliviana.

La iniciativa establece que la comisión estará vigente hasta el cumplimiento de sus funciones contenidas en la norma y sus miembros tienen el deber de asistir a todas las sesiones de trabajo.

Según lo dispuesto, el nuevo ente deberá antes de 30 días proponer mejoras al proceso de preselección y elección de magistrados y consejeros del Ã'rgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

Antes de tres meses, tiene la tarea de elaborar y proponer el reglamento de evaluación de autoridades judiciales y fiscales en ejercicio de funciones y el reglamento de la carrera judicial y fiscal en las universidades, una vez constituida la misma.

La Comisión coordinará, hará seguimiento y fiscalizará las etapas del proceso de evaluación de las autoridades judiciales y fiscales, y el ingreso a la carrera judicial de autoridades del ramo en los próximos tres años, explica un boletín institucional.

Asimismo, deberá promover y coordinar con las instancias correspondientes el diseño y la aprobación de un nuevo currículo universitario para la carrera de Derecho.

También propondrá ajustes al modelo de gestión procesal en el Ã'rgano Judicial, Ministerio Público e instancias de investigación de la Policía, que permita la modernización y eficiencia del sistema de justicia.

Otra de sus tareas será promover y hacer seguimiento a la implementación del gobierno electrónico en el Ã'rgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, Ministerio Público e instancias de investigación de la Policía.

El proyecto de ley establece la cantidad y cualidad de los miembros que conforman la Comisión bajo principios de coordinación y cooperación y delimitación de funciones.

Adicionalmente, fija el periodo de funcionamiento, forma de financiamiento, así como el deber de informar al pueblo boliviano sobre los avances del proceso de implementación de las conclusiones de la Cumbre de Justicia.

El proyecto aprobado previamente por la Cámara de Diputados será remitido a la consideración y firma del presidente Evo Morales.

Entre las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, efectuada en junio de 2016 en la ciudad de Sucre, se estableció como principio la necesidad de propiciar una profunda reforma del sistema judicial y el marco normativo del país.

No habrá exámenes escritos sino orales en el proceso de preselección de vocales y jueces para darle mayor transparencia y publicidad a la designación de juzgadores, dijo ayer el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, al anunciar que la Sala Plena aprobará esta semana los reglamentos para las convocatorias.

La autoridad dijo que a propuesta de los nuevos consejeros analizan otros mecanismos de evaluación en el proceso de preselección y selección de vocales y jueces y uno de ellos es el examen oral que sería aplicado a partir de las próximas convocatorias.

“No habrá exámenes escritos sino orales, por sugerencia de los nuevos consejeros, de cara al pueblo para conocer al postulante si tiene la destreza de conducir una audiencia”, sostuvo Choque.

Agregó que la selección de vocales y jueces es responsabilidad exclusiva del Consejo por lo que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no tendrían que participar en la comisión.

El procurador del Estado, Héctor Arce, informó ayer que en la actualidad Bolivia afronta 37 casos en materia de derechos humanos ante organismos internacionales, entre ellas, figura la denuncia de la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y el exsenador Eduardo Maldonado por vulneración de sus derechos políticos al inhabilitar su candidatura para las elecciones subnacionales de  2015.

Arce dio esa información ayer en Cochabamba, durante su rendición de cuentas de la gestión 2016. “Ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) Bolivia afronta un total de 37 casos de esos: 28 se encuentran en la etapa de admisibilidad, cinco casos se encuentran en la etapa de fondo y cuatro casos para conseguir una solución amistosa”, dijo la autoridad.

Señaló que Bolivia cumple y respeta los fallos de tribunales internacionales y recordó que por mandato del artículo 256 de la Constitución Política del Estado (CPE), “los tratados suscritos por el Estado y acordados por el Estado en materia de Derechos Humanos tienen aplicación preferente, incluso, por sobre la CPE”.

Explicó que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (con sede en Costa Rica) —cuando pasa a la fase jurisdiccional— “Bolivia tiene cinco casos  en supervisión de sentencia, ninguna sentencia dictada en su contra en condiciones negativas para los intereses del Estado”.

Ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, existen un total de tres casos activos. “Tenemos casos desde la época de la dictadura de diferentes situaciones de responsabilidad del Estado hasta casos recientes, por ejemplo, de don Mario Cossio Cortes un exgobernador (de Tarija) que ha presentado una denuncia internacional contra el Estado boliviano”, dijo.

El Procurador agregó que existe cinco casos “en etapa de fondo”, casos que vienen de gestiones pasadas, ninguno de la presente gestión. Mientras que en el Sistema Universal de Derechos Humanos existen tres procesos de los cuales dos que han sido iniciados por exparlamentarios. “Doña Rebeca Elvira Delgado, expresidenta de la Cámara de Diputados, tiene una denuncia muy similar a la de don Eduardo Alberto Maldonado por supuesta inhabilitación en las elecciones municipales. Una decisión que asumió en su momento el Órgano Electoral”, dijo Arce.

A ellos se suma la denuncia de Jorge Quiroga Mendoza y Luis Alberto Alanda Granados, oficiales de las Fuerzas Armadas que fueron sentenciados por los hechos de octubre de 2003.

 

RÉPLICA DE BOLIVIA

Bolivia presentará el documento de la réplica en el proceso de la demanda marítima hasta el 21 de marzo, plazo que fue fijado por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. El procurador Héctor Arce señaló que la institución que dirige coadyuva al equipo nacional e internacional de Bolivia.  

Calificó la respuesta de Chile a la demanda boliviana como “forzada”, sin embargo, dijo que merece la atención y respeto de Bolivia. “Jurídicamente, hemos coadyuvado desde julio del año pasado hasta días recientes, en la última reunión que se llevó en La Haya en Holanda a la cabeza de canciller David Choquehuanca en la construcción de la última intervención escrita que tendrá el Estado boliviano, el memorial de réplica, que será presentado hasta el 21 de marzo, dos días antes del Día del Mar”.

 

SOBRE REPOSTULACIÓN DE MORALES

Procurador pide a juristas respetar su opinión

El procurador general del Estado, Héctor Arce, pidió ayer a los juristas que respeten su opinión respecto a la viabilidad de la respostulación del presidente Evo Morales y reiteró que la Constitución Política del Estado no limita la cantidad de reformas.

Arce escribió dos artículos de opinión en pasados días, uno sobre la reforma constitucional y el otra sobre el acortamiento de mandato por renuncia. Sin embargo, a opinión de constitucionalistas, las dos propuestas planteadas por el Procurador serían inviables.

Al respecto, el Procurador  dijo que escribe decenas de artículos no sólo en un periódico sino en varios y “hemos dado criterios jurídicos constitucionales, siempre apegados al derecho y a la Constitución”.

Agregó que es “medio incompresible” que haya una reacción “tan virulenta” en función a un artículo que él escribió, por lo tanto, dijo que “respetamos todos los criterios y exigimos el mismo respeto a nuestros criterios”.

Los Tiempos le consultó si el resultado de un referendo es vinculante y de cumplimiento obligatorio a lo que Arce respondió: “Yo no voy a hacer mayores declaraciones en temas  que son conocidos y que se han debatido jurídicamente”. Reiteró que la Constitución no limita la cantidad de reformas constitucionales que puedan haber en un mismo periodo constitucional y tampoco el contenido de la reformas constitucionales “esa es una situación que está ampliamente demostrada”.

Respeto

El procurador general del Estado, Héctor Arce, remarcó ayer las acciones legales internacionales que realiza ese despacho con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y Diremar para la defensa de la Demanda Marítima y afirmó que Bolivia reconoce los tribunales internacionales y es respetuosa de sus fallos. En la Rendición Pública de Cuentas de la gestión 2016, que se realizó en Cochabamba, Arce dijo que se conocieron los débiles argumentos que Chile presentó en la contramemoria y que serán respondidos en marzo de 2017.

Los reclusos con VIH y los miembros de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) sufren discriminación y una vulneración de sus derechos en las cárceles de Bolivia, afirmaron hoy varias organizaciones.

Las asociaciones privadas Nuevo Camino (Asuncami) y Con Alas Propias (Ascap) realizaron una investigación cualitativa en las cárceles de la región andina boliviana, mediante la cual pudieron constatar que en esos recintos “se criminaliza la diferencia”, dijo a los medios un representante de la primera organización, Javier Palacios.

Además de sufrir los mismos problemas que el resto de la población de las cárceles, como el hacinamiento y demoras en los procesos judiciales, ambos grupos también son objeto de discriminación por su estado de salud o su preferencia sexual.

Según Palacios, aunque hay normas que reconocen los derechos de las personas con VIH y la comunidad LGBT, los reos que pertenecen a estos grupos están sometidos a “factores subjetivos como las creencias religiosas” o los prejuicios morales de operadores de justicia, administradores de las cárceles y de los otros internos.

Mencionó el caso de una reclusa transgénero que tuvo que seguir un “largo proceso” judicial para que el sistema penitenciario le reconozca su identidad como mujer y la puedan trasladar de la cárcel para varones en que se encontraba a una para féminas.

“Sin embargo, a pesar de ello no podía dormir en un dormitorio de mujeres. Como no había otro espacio, le han habilitado un baño para que pase las noches, un baño de 2 x 2 (metros)”, lamentó.

Palacios también citó el caso de una joven reclusa diagnosticada con VIH que, por ese motivo, debe permanecer en una habitación aislada del resto de la población de la cárcel por decisión de los administradores del penal.

A juicio de Palacios, esta situación demuestra “que los operadores de justicia aún tienen insuficiente información y sensibilización a estos temas de derechos humanos que están difundiéndose y ganando espacios en la sociedad”.

La salud de los reclusos con VIH tampoco está plenamente garantizada, ya que se les complica tramitar la salida del penal para someterse a los controles clínicos correspondientes y algunos no reciben la medicación diaria que es parte de su tratamiento.

También se han detectado casos de reos que mantienen en reserva su condición de salud u orientación sexual para no ser discriminados o evitar la posible violencia por parte de sus compañeros.

La información fue incluida en el informe “Situación de los Derechos Humanos y acceso a la Justicia de población vulnerable privada de libertad en Bolivia”, expuesto en diciembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una plataforma conformada por 40 organizaciones.

En declaraciones a Efe, Palacios indicó que Asuncami y Ascap amplían actualmente los resultados de su investigación con la recolección de datos en las cárceles de Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este).

Con esa información, estas entidades promoverán encuentros entre operadores de justicia y los grupos interesados para elaborar protocolos de atención y procedimientos escritos para el manejo adecuado de estos casos en las cárceles y que se garantice el respeto de los derechos de esas poblaciones vulnerables. EFE

Un estudio realizado por la Fundación Construir reveló este jueves que el hacinamiento en las cárceles del país es crítico, ya que la capacidad de albergue de presos está sobrepasada en 290 por ciento (hasta julio de 2016) debido a que las autoridades jurisdiccionales optan por aplicar la medida de detención preventiva.
 
Susana Saavedra, directora Ejecutiva de la Fundación Construir, aseguró que esta cifra es preocupante y que autoridades gubernamentales deben hacer un cambio en la política carcelaria.  Según el estudio en Bolivia hay al menos 15.600 privados de libertad, un 80 por ciento de estos sin sentencia.
 
“Estamos bordeando el 300 por ciento de hacinamiento carcelario, es una cifra bastante preocupantes, es una tasa altísima para un país que  tiene una cantidad mínima de privados de libertad, en relación a otros países”,
 
Saavedra explicó que Brasil tiene al menos 600 mil privados de libertad y en Argentina hay 100 mil.
 
Bolivia en tiene 61 recintos penitenciarios, de los cuales, 19 son urbanos y 42 son carceletas en el área rural. La capacidad del albergue es para 5.413 internos.
 
“Las cárceles con mayor hacinamiento son las de San Roque (Sucre) y la de Palmasola (Santa Cruz), precisó la directora Ejecutiva de la Fundación Construir.
 
Según datos de la Pastoral Penitenciaria Caritas de Bolivia, de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, a julio de 2016 las cárceles del país contaron con una población carcelaria de 14.850 personas, lo cual implica una tasa de hacinamiento del 290 por ciento a nivel nacional.
 
Un estudio de relevamiento de datos desarrollado recientemente por la misma Pastoral en las 19 cárceles urbanas destaca la existencia de tasas críticas de hacinamiento.
 
Datos
 
Según el estudio de Fundación Construir, hasta  julio de 2016, la cárcel de Palmasola en Santa  Cruz sigue siendo la que mayor hacinamiento carcelario presenta. La penitenciaria cruceña fue creada en 1989 para una capacidad de 60 varones y 200 mujeres. Actualmente, este centro penitenciario alberga 5 mil 464 varones y 346 mujeres.
 
La cárcel de San  Pedro de La Paz, que tiene una población carcelaria de 2102 internos, cuando la capacidad es para 800 privados de libertad. Y, en tercer lugar está la penitenciaria de Mocovi en Beni, que alberga a 507 varones y 38 mujeres, cuando su tope es para 150 internos y 50 internas.
 
En Chonconcoro hay 266 reos; en Qalahuma, 238; en la cárcel femenina de Miraflores, 58 y en la cárcel de Obrajes, 242 internas.