El proyecto de Código del Sistema Penal está en el Legislativo para su debate.

El actual Código Penal prevé una pena máxima de dos años de cárcel.

El proyecto de ley del Código del Sistema Penal plantea nueve excepciones para la despenalización del aborto. Esta nueva norma  difiere del actual Código Penal que considera un delito que es castigado con hasta seis años de prisión.
 
El parágrafo V del artículo 157 del documento que está en la Asamblea Legislativa  Plurinacional señala que  "no constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer y concurran cualquiera de las siguientes circunstancias”.
 
Cuando: "1) se realice durante las primeras ocho (8) semanas de gravidez, por única vez y además la mujer: a) se encuentre en situación de calle o pobreza extrema; b) no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia; c) sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención o d) sea estudiante”.
 
Además,  la norma permite la interrupción del embarazo "2) en cualquier etapa de la gestación cuando: a) Se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, b) se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada, c) se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, d) El embarazo sea consecuencia de violación o incesto; o, e) la embarazada sea niña o adolescente”.
 
El proyecto también indica que "el sistema nacional de salud deberá precautelar la libre decisión, la salud y la vida de la mujer, no podrá negar la interrupción del embarazo ni su atención integral en los casos previstos en el parágrafo precedente alegando objeción de conciencia y estará obligado a mantener el secreto profesional”.
 
Además, detalla que "el único requisito para la interrupción del embarazo en los casos señalados en el parágrafo precedente será el llenado de un formulario de constancia del consentimiento informado de la mujer y el señalamiento de la causal y circunstancias de su decisión, sin necesidad de otro trámite, requisito o procedimiento previo de ninguna naturaleza”.
 
La directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Tania Nava, opina que se debería ampliar  la interrupción del embarazo de ocho a 12 semanas. 
 
"Si no podemos ampliar este lapso de tiempo estaríamos en un escenario conservador (...)
 
Creemos que un término para hablar de la despenalización parcial en determinadas causales
debería ser de un mínimo de 12 semanas”, declaró.
 
    Sin embargo, mencionó que el objetivo de su organización era la despenalización total y que la norma no esté en el Código Penal; de lo contrario, sea manejado como un tema de salud pública.
 
Sobre las causales, Nava las calificó de "pertinentes”. "Tras un análisis de la realidad en Bolivia, incorpora todos aquellos problemas que ocasionan que las mujeres deban recurrir a una interrupción del embarazo”, afirmó la activista.
 
Obligación de denunciar
 
El artículo 503 da cuenta que tendrán la obligación de denunciar "los funcionarios y servidores públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones; y,  los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier rama de las ciencias médicas”.
 
Sin embargo, aclara que la denuncia "dejará de ser obligatoria si diera lugar a la persecución penal propia, del cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, o cuando los hechos fueron conocidos bajo secreto profesional”. El proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Constitución para su tratamiento.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en grande y en detalle, el proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, que entre otras cosas plantea que los informantes antidroga se beneficien con hasta el 5% del valor de lo confiscado.

La aprobación se produjo esta madrugada, tras un prolongado debate que había comenzado ayer. La norma pasó al Senado para su tratamiento y podría ser sancionada hasta la próxima semana, según proyectó el presidente de esa cámara, José Alberto Gonzáles.

El proyecto, que forma parte de las tres normativas que reemplazarán a la polémica Ley 1008, vigente desde hace 29 años, también prevé la legalización de las escuchas telefónicas para el combate contra el narcotráfico.

Los otros dos instrumentos legales son la Ley de la Coca, sancionada el miércoles por el presidente Evo Morales, y el nuevo Código del Sistema Penal, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados.

El proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas contiene 124 artículos, divididos en 5 capítulos y 11 disposiciones transitorias e incluye pequeños cambios al primer documento, aunque mantiene innovaciones respecto a la Ley 1008, como el pago a informantes, escuchas telefónicas y la extinción de dominio de bienes, informa La Razón en su edición impresa de este viernes.

Detalla, por ejemplo, que en el artículo 9 del documento se plantea la entrega de una remuneración económica a las personas que entreguen información “oportuna y fidedigna” sobre una determinada actividad del narcotráfico.

El monto de pago se encuentra fijado en el parágrafo III del artículo 63 del proyecto, que sugiere que “hasta el cinco por ciento (5%) de los recursos destinados a la UELICN (Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico) podrán ser asignados al pago de informantes”.

Esta figura no se encuentra contemplada en la Ley 1008. (10-03-2017)

Con la propuesta de Chuquisaca de incluir a las organizaciones sociales en tareas de seguridad ciudadana, ayer, jueves, se inauguró la precumbre de la región de los Valles, que concluirá hoy, viernes, a mediodía.

Representantes del Ministerio de Gobierno, Comando General de la Policía, comandos departamentales, gobernaciones y municipios de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca se reúnen en el Salón de Convenciones de la Gobernación de Chuquisaca en la precumbre de seguridad ciudadana de cara a la cumbre nacional, que se realizará la próxima semana en Potosí.

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, durante el acto de inauguración, dijo que la labor de seguridad ciudadana no sólo es responsabilidad de la Policía, sino también de la sociedad civil; por ello propuso asignar roles a las organizaciones sociales empezando por la creación de carteras de seguridad ciudadana en las organizaciones vecinales y comunales.

La precumbre analiza y propone soluciones a los temas de infraestructura, equipamiento y personal, para brindar un mejor servicio de seguridad ciudadana.

La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle a primeras horas de este viernes el proyecto de Ley de Sustancias Controladas, que se constituirá en una de las normas que reemplazará la Ley 1008.

El proyecto de Ley contiene 124 artículos, 11 disposiciones transitorias, siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones abrogatorias y derogatorias, además de cinco disposiciones finales, y anexos con cinco listas.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, dijo que desde las 16:00 del jueves hicieron el tratamiento del proyecto de esta "ley nacionalizada, porque fue elaborado por los bolivianos y no por Estados Unidos como la Ley 1008" que próximamente será abrogada.

"Después en este mes vamos a tratar el Código Penal y con eso estaría saliendo de circulación la Ley 1008, que era muy antipatriota, sólo nos trajo dolor y luto a Bolivia", remarcó Montaño en un contacto con Red  Uno. La primera norma que fue promulgada para reemplazar la Ley 1008 fue la Ley General de Coca.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, afirmó que en el tratamiento del proyecto de Ley de Sustancias Controladas expresó su decisión de no apoyar su aprobación.

"Nuestra posición es no aprobar porque lamentablemente los artículos 6 y 7 salen de las convenciones y tratados de control de estupefacientes, además establece que la cooperación internacional no es cooperación sino una responsabilidad internacional, por eso llaman soberanía de lucha contra el narcotráfico", remarcó.

Sin embargo, Montaño aseguró que la oposición en principio dijo que no se iba oponer al proyecto de Ley y que sólo tenían observaciones.

"Entonces el ministro de Gobierno (Carlos Romero, que expuso el proyecto ante los diputados) ya les absolvió sus observaciones, por lo tanto pensamos que hay un doble discurso de la oposición", lamentó.

Los diputados hicieron el tratamiento del proyecto de Ley durante toda la noche y ahora la propuesta de la norma pasa para su análisis a la Cámara de Senadores.