“Es una experiencia triste, dolorosa y hermosa”, así se refiere Luzmila Navarro (47) a su permanecía durante cinco años en la cárcel San Sebastián Mujeres. Ella es una de las 67 internas que pueden beneficiarse con el Plan de Descongestionamiento Penal que ha iniciado ayer.

El Defensor del Pueblo, David Tezanos,   comenzó este  jueves con la socialización de del Decreto Presidencial de Amnistía, Indulto Parcial e Indulto Total. Comenzó con la tarea  en el Centro Penitenciario de San Sebastián Mujeres de Cochabamba.

"Estamos empezando por la población femenina en el Centro Penitenciario de San Sebastián de Mujeres. Existen varios artículos destinados por género ya sean, mujeres embarazadas, mujeres de 55 años adelante, que se beneficiarán con la reducción de la pena",  señaló el Defensor del Pueblo.

 Recordó que el objetivo de la norma que  descongestionar las cárceles de Bolivia y evitar el hacinamiento. En el país hay al menos  180.000 privados de libertad, según datos del Ministerio de Gobierno.

"Lo que queremos es que, tanto mujeres como varones, estén debidamente informados, se realizará esta esta socialización a nivel nacional para llegar a todas las cárceles y carceletas del país", acotó Tezanos.

Un estudio realizado por la Fundación Construir  el 2017 reveló  que el hacinamiento en las cárceles del país es crítico, ya que la capacidad de albergue de presos está sobrepasada en 300%.

Bolivia es el cuarto país con más detenidos preventivos en América y el Caribe, lo que ha provocado un hacinamiento alarmante en los penales de todo el país.

En las prisiones se evidencia violencia y hechos delictivos que se organizan desde adentro. Hay un alto índice de sobrepoblación y faltan presupuesto y una política criminal penal.

Tras los cuestionamientos de la Iglesia Católica al sistema de justicia en Bolivia que no aterriza en las reformas, debido a la politización y la situación del régimen penitenciario que “deshumaniza” a miles de presos en el país, el Órgano Judicial pide plazo de un año para mostrar cambios pero admite que la crisis judicial seguirá siendo una tarea pendiente mientras el Estado no genere verdaderas políticas de gestión partiendo de la institucionalización y un presupuesto adecuado.

El ministerio de Gobierno prevé instalar las manillas este año y con esta medida, según prevé esta cartera de Gobierno, descenderá el número de detenciones preventivas.