La Asamblea Legislativa Plurinacional determinó para el martes 3 de abril la interpelación del ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre el operativo realizado por la Policía Boliviana en el centro penitenciario de Palmasola en Santa Cruz.

El sistema penitenciario en Bolivia es un problema social que está relacionado con los derechos humanos, el acceso a la justicia, la reinserción social y la seguridad ciudadana y que, además,  presenta otros ámbitos conexos que lo agravan, como el narcotráfico y la corrupción o la situación de alta vulnerabilidad de niños y niñas que viven en las cárceles junto con sus padres y madres. Si el problema penitenciario es grave, la temática de las personas privadas de libertad es realmente compleja y parte de un conjunto concatenado de problemáticas donde existen diversidad de actores y necesidades. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado boliviano conducir investigaciones sobre la muerte de siete reos de la cárcel Palmasola, ocurridas el 14 de marzo durante una requisa policial, y esclarecer "la posible responsabilidad de autoridades, sea por acción u omisión".

A 12 días del operativo en el penal de Palmasola que dejó siete fallecidos y varios heridos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que demanda al Estado boliviano conducir investigaciones sobre la muerte de los reos y pide también esclarecer “la posible responsabilidad de autoridades, sea por acción u omisión”.

Para la Policía, la requisa del pasado 14 fue clave para evitar un motín al interior de la cárcel de Palmasola y que luego pretendían una fuga masiva a punta de balas contra los policías. Se cree que igual las usarían para asaltos planeados desde el penal.

El Defensor del Pueblo evalúa la situación de las cárceles y hace una reprobación a la política penitenciaria. Lanza propuestas, entre ellas adoptar por la manilla electrónica para detenidos preventivamente.