Tras los cuestionamientos de la Iglesia Católica al sistema de justicia en Bolivia que no aterriza en las reformas, debido a la politización y la situación del régimen penitenciario que “deshumaniza” a miles de presos en el país, el Órgano Judicial pide plazo de un año para mostrar cambios pero admite que la crisis judicial seguirá siendo una tarea pendiente mientras el Estado no genere verdaderas políticas de gestión partiendo de la institucionalización y un presupuesto adecuado.

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La economía con énfasis en la industrialización, la creación del Seguro Universal de Salud, la educación técnica, la disminución del desempleo y la reforma en la justicia, son los cinco pilares que el Gobierno pretende apuntalar.

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El actual Código Penal prevé una pena máxima de dos años de cárcel.

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