En su informe, aclaró que “no vino a dar lecciones ni a dar soluciones mágicas” y que su objetivo fue “analizar y evaluar la situación de la justicia boliviana en sus diversos aspectos y contribuir a la construcción de una justicia independiente y al alcance de la gente”.

En ese marco, confirmó las alarmantes cifras de los principales problemas de la justicia y señaló que la “justicia independiente es un objetivo a conseguir”.

Sobre el reto de la independencia judicial señaló que en la Relatoría a su cargo “(…) He hecho referencia a este tema en febrero de 2020 en que expresé mi preocupación por el ‘patrón de persecución política y judicial –con fines de represalia– así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales’ (…) Duran-te mi visita, he podido constatar que estos patrones que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados (…)”.

El documento agrega que “la independencia del sistema judicial debe ser garantizada por el Estado”, que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar dicha independencia” y sostiene, en ese marco, que “la tarea pendiente de asegurar la independencia judicial es un reto que Bolivia debe encarar con firmeza. Espero que los insumos que pude dar en mi visita y que ampliaré en mi informe final contribuyan a enfrentar este reto”.

VEN DEBILIDADES

Para el analista Germán Guitérrez, el informe de García-Sayán, contrario a lo que esperaban oficialistas y opositores, es decir, que sustentara sus posturas, no fue “ni uno ni lo otro”. 

Destacó su convocatoria a un gran acuerdo nacional, pero pidió analizar con cuidado ese asunto.

Consultado sobre si a García-Sayán le faltó contundencia sobre el uso de la justicia en la persecución política, dijo que “sí, yo creo que esa ha sido una gran ausencia (...). Podía haber hecho alguna recomendación muy puntual (...). Ese es el gran vacío que se encuentra en el primer informe (...) No creo que vaya a agregar mucho más en el informe que va a presentar a su organización matriz”.

El constitucionalista y exmagistrado del TCP, José Antonio Rivera, indicó que esperaba más contundencia. “Era de esperar, era deseable, que el Relator sea mucho más contundente sobre la situación extremadamente crítica de la justicia”, señaló.

También deploró que el balance de García Sayán no incluya “los ataques provenientes del Ejecutivo, las persecuciones ilegales y arbitrarias a jueces, las destituciones arbitrarias”, aunque dijo esperar que estos aspectos sean detallados en el informe definitivo de la autoridad.

En líneas generales, dijo que los apuntes del Alto Comisionado de la ONU solo vienen a ratificar “lo que los bolivianos venimos sosteniendo, en el sentido de que la justicia en Bolivia se encuentra sumida en una profunda crisis”. 

Entretanto, un grupo de juristas independientes que se reunió con García Sayán la pasada semana, emitió un pronunciamiento público y dijo abrigar la esperanza de que el informe final del Relator refleje de forma clara “las acciones legislativas, jurisdiccionales, administrativas y políticas que han deteriorado la independencia judicial”.  

Con  relación a la ruta del  acuerdo nacional propuesta  por el Relator, los juristas “expresamos  nuestros reparos en razón de la forma en que pretende construir el Gobierno dicho acuerdo y la finalidad que  persigue, que no es sino  leves  modificaciones que no resolverán la situación  crítica  de  la justicia”.

Indican también que hay condiciones en el país para apuntar “a un gran acuerdo nacional” de reforma judicial, por falta de “voluntad” del Gobierno.

LA OPOSICIÓN

Tras conocerse el informe de García-Sayán CC planteó un referéndum para modificar los artículos de la Constitución sobre la elección de las autoridades judiciales “a más tardar hasta fines de agosto de este año o en el mejor de los casos hasta fines de junio”.

“Creemos que se puede hacer este año. No hay que esperar hasta el próximo año”, explicó dijo jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, en alusión a las elecciones judiciales de 2023.

CC propone que un consejo ciudadano evalúe a los postulantes y conforme ternas, con los mejores calificados.

LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR DE LA ONU

La justicia está lejos de la gente

Una de las frases que más escuchó fue “la justicia no existe para los pobres”. Víctimas y familiares le dijeron que encuentran “obstáculos para acceder a la justicia”.

También le hablaron del “impacto de la corrupción en el sistema de justicia y la profunda desconfianza que existe en la justicia boliviana”. 

Citó como ejemplos las excarcelaciones irregulares de Richard Choque Flores y Felipe Froilán Molina Bustamante. “La corrupción puede ser también, como se ve, una herramienta de ataque a la independencia judicial”, concluyó.

Mujeres y acceso a la justicia

Dijo que recibió “información preocupante y varios testimonios dolorosos” sobre la “experiencia de las mujeres con la justicia”.

Confirmó que “sólo se han creado 27 juzgados y tribunales especializados bajo la Ley 348” y que “estos juzgados y tribunales están sobre saturados por la carga procesal”.

Agregó que “se produjeron 869 feminicidios entre 2013 y octubre de 2021” y que solo “el 31% de los casos ha obtenido una sentencia”.

Privados de libertad y justicia

Expresó su preocupación por el hacinamiento carcelario, que alcanza al 349,8%. “Para marzo de 2021, el 64,10% de las personas privadas de libertad estaba en situación de detención preventiva. En promedio, pues, siete de cada diez personas privadas de libertad está sin condena”, observó.

“La prisión preventiva debe ser utilizada excepcionalmente. La prisión preventiva no puede constituir un castigo para personas que no han sido juzgadas”, complementó.

La justicia indígena

“Los mecanismos de ‘coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas’ referidos en la Constitución, debían regularse y precisarse en la Ley de Deslinde Jurisdiccional”, observó García-Sayán, sobre este aspecto.

Estructura y gestión judiciales

“La cobertura del Órgano Judicial sigue estando limitada principalmente al área urbana. De acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo de Justicia, en 2020 hay 1.095 jueces con un promedio de 530 causas por juez”, señalo.

En esa línea, pidió “rescatar la jurisdicción de paz” para “descongestionar la jurisdicción ordinaria”.

Recursos presupuestales

“El presupuesto bajo asignado a todo el sector justicia, incluido el Ministerio Público, que no llega al 0,50% del total del presupuesto nacional, no permite sustentar una institucionalidad dotada de los recursos institucionales indispensables y, en especial, de remuneraciones adecuadas que atraigan a las mejores personas y que prevengan la corrupción y otras tentaciones”, observó, en este aspecto.

Carrera judicial y jueces

“Según datos presentados en 2020, solo el 44% de jueces son de carrera”, señaló el relator. “Quisiera destacar la importancia que tiene para la independencia judicial contar con una sólida carrera judicial y un presupuesto adecuado para la tarea que tiene el Órgano Judicial (…). La falta de una carrera judicial es un aspecto crítico que atenta contra la calidad del sistema judicial y su independencia”, observó.

Aspectos críticos en las reformas “Quisiera expresar mi preocupación ante la baja legitimidad en las votaciones para la elección de los magistrados y las magistradas de las Altas Cortes. La escasa participación del electorado, siendo ésta del 78 %, de acuerdo con los datos ofrecidos por la entonces Presidenta del Órgano Nacional Electoral, es uno de los porcentajes más bajos de los últimos años en Bolivia, donde se suele superar el 90 % de concurrencia ciudadana. El segundo aspecto relevante es que tanto en el proceso de votación nacional como en el de votaciones departamentales la mayor parte de votos fue blanco o nulo. Se hace indispensable someter el sistema de elección por votación popular a algunos ajustes”, observó.

Ministerio Público

“El IDIF, que depende del Ministerio Público, tiene nueve oficinas departamentales y 26 regionales, es decir, cubre sólo el 10% de los municipios a nivel nacional, y no alcanza para responder a la demanda”, señaló. “De forma similar a los criterios explicados sobre la carrera judicial, el país necesita contar con una carrera fiscal”, complementó.

Graves violaciones en 2019

“Mucho se ha escrito sobre las repercusiones de esta crisis política rodeada de violencia en la que al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas fueron heridas (…). Durante mi misión me reuní con las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y de la Zona Sur (Pedregal) por un espacio de tres horas. Escuché testimonios muy conmovedores. Lamento profundamente que estas víctimas hayan pasado más de dos años esperando justicia sin conseguirla”, criticó.

Un gran acuerdo nacional

“Sin perjuicio de otros espacios de expresión de opiniones y análisis acerca del rumbo de la justicia, como la Cumbre que se ha anunciado se llevaría a cabo en el mes de marzo de este año, la situación analizada en la misión apunta a la exigencia de un gran acuerdo nacional por la justicia”, recomentó.