El Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional prevén en sus agendas de 2017 el proceso de selección de postulantes y la organización de las elecciones judiciales para renovar a todas las altas autoridades del Órgano Judicial.

De acuerdo a la Ley del Régimen Electoral se requiere de 150 días para la organización de todo el proceso. La Asamblea Legislativa tiene 60 días para la selección de aspirantes y el TSE se toma 90 días para organizar el acto electoral.

El vocal del TSE, José Luis Exeni, manifestó a ANF que es uno de los "procesos sustantivos" en la agenda del organismo electoral, porque les plantea desafíos para superar la "experiencia semifallida" de la anterior gestión de vocales del TSE.

Mientras que la presidenta del organismo electoral, Katia Uriona, en el acto de la rendición de cuentas aseguró que se darán todas las garantías en la administración de este proceso. "Para alcanzar este fin, la Sala Plena está trabajando en la conformación de una Dirección de Procesos Electorales, que estará encargada de gestionar, todos los sistemas que se están implementando, los cuales permitirán estandarizar y dar seguridad a la población sobre la administración de los diferentes procesos electorales y referendarios", afirmó.

Por su parte, el presidente del Senado calcula que entre febrero o marzo la Asamblea Legislativa iniciará su trabajo en torno a este tema, no quiso adelantarse a decir que se modificará el reglamento, pero anticipó que se tienen que priorizar los criterios meritocráticos.

"En febrero podríamos trabajar los criterios y procedimientos y protocolos para la elección, desde las convocatorias, las limitaciones (para los postulantes) todo eso que tiene que ver con la selección", informó Gonzales.

Exeni considera que esta es "la etapa central es la preselección de candidatos donde está pendiente una ajuste al reglamento privilegiando los méritos, la probidad, la experiencia aprobada en la Cumbre de Justica".

El 16 de octubre de 2011 fueron elegidas las altas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura, por voto popular, de listas que fueron preseleccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en medio de denuncias de la oposición que el oficialismo eligió a sus candidatos.

Además, de las elecciones judiciales el TSE tiene previsto llevar adelante el tercer referéndum aprobatorio de Cartas Orgánicas que se realizará el 9 de julio. Hasta la fecha hay 22 alcaldías que hicieron su solicitud, pero Exeni considera que hasta el 31 de marzo cuando se lance la convocatoria se pueden registrar otras entidades autónomas.

Mientras que Uriona también dijo que para este año está previsto realizar consultas a diferentes sectores de la población para construir y presentar ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de partidos políticos.

De acuerdo con el informe preliminar, hasta el 15 de noviembre de 2016 en juzgados de La Paz, El Alto y provincias del departamento, se atendieron un total de 267.000 causas y trámites judiciales. De esa cantidad, se han resuelto 124.887 causas y trámites judiciales, es decir, el 47 por ciento, informó la presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Carmen del Río Quisbert.

“El Año Judicial 2016 ha sido intenso para los 17 vocales, 240 jueces y los cerca de 1.000 funcionarios jurisdiccionales y administrativos que prestamos servicios en las 20 provincias del extenso departamento de La Paz”, afirmó Quisbert en su discurso.

La autoridad señaló que en la pasada gestión se tuvo varios desafíos en relación a la aplicación de un nuevo marco normativo en área civil y las propuestas que fueron llevadas a la Cumbre de Justicia.

En 2016, el TDJ gestionó cerca de 10.000 trámites entre solicitudes institucionales y particulares y otra gran variedad de trámites. Sala Plena, atendió cerca de 2.500 trámites entre Casos de Corte, Procesos Contenciosos Administrativos, Conflictos de Competencias positivos y negativos, diligenciamiento de provisiones citatorias, compulsorias y ejecutorias; posesión de jueces, designaciones, rotaciones y renuncias de personal subalterno.

“En total, la presidencia y Sala Plena del TDJ han atendido un movimiento general de 13.000 trámites en los 12 meses de la pasada gestión”, detalló Quisbert.

142.000 CAUSAS PENDIENTES

Sin embargo, expresó que resulta preocupante que, como ha ido ocurriendo en los últimos cuatro años, para este 2017 se tiene cerca de 142.000 causas pendientes de resolución en todos los juzgados.

INDEPENDENCIA

En este sentido, Quisbert afirmó que una de las razones de esta mora procesal tiene relación con el bajo presupuesto con el que cuenta el Poder Judicial, por lo que solicitó realizar y extremar esfuerzos para que las autoridades de la Dirección Nacional del Departamento Administrativo y Financiero del Órgano Judicial y la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, “garanticen nuestro presupuesto” con el cual por ejemplos se tiene proyectado concluir la construcción de una mejor infraestructura y la contratación de personal.

Remarcó que luego de un proceso de análisis, el TDJ concluyó que el cambio judicial será posible con el fortalecimiento de la “independencia institucional y la autonomía económica del Órgano Judicial”.

La presidenta del TDJ de La Paz, sostuvo que una mayor asignación presupuestaria para el Órgano Judicial definida por Ley del Estado, será la medida que viabilizará también el desarrollo de una carrera judicial que asegure la estabilidad de los jueces y resguarde su independencia interna y externa para una mejor administración de justicia.

PASTOR MAMANI

El informe de la autoridad se dio en el marco de su discurso en el acto de inauguración del año judicial en La Paz, acto que no contó con la presencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, quien fue criticado por las afirmaciones que hizo el pasado miércoles, donde se declaró “admirador” del presidente Evo Morales, y expresó su respaldo para abrir la Constitución Política del Estado en el marco del proceso de cambio, con el fin de mejorar la administración de justicia, dejando en entredicho la independencia de poderes.

El despido de funcionarios del Consejo de la Magistratura debido al cambio de cuatro consejeros está en marcha, aunque oficialmente no se conoció el número. Fuentes confiables sostuvieron que se trataría de unos 40 empleados.

De hecho, los primeros en ser despedidos están ligados a los cargos de confianza (asistentes y auxiliares) que cada consejero suele tener para desarrollar sus actividades. El viernes, el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, dijo que esa es una situación "normal" y que la decisión estaba en cada uno de los consejeros.

La semana pasada, asumieron funciones en su calidad de consejeros suplentes Juan Orlando Ríos, Roxana Orellana, Oswaldo Patiño y Magdalena Alanoca en reemplazo de los titulares Cristina Mamani, Wilma Mamani, Roger Triveño y Freddy Sanabria, que fueron suspendidos por la Cámara de Diputados por supuesto incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Choque recalcó que todos los ítems para personal de confianza serán restituidos con la contratación de nuevo personal a cargo de los nuevos consejeros.

El Presidente del Consejo de la Magistratura manifestó que al margen del cambio de personal, la institución trabaja en un plan de reducción de personal, que podría afectar del 10 al 15% de los ítems.

Explicó que este plan contempla elaborar una nueva estructura administrativa en el Consejo de la Magistratura y en el Tribunal Agroambiental para beneficiar al área jurisdiccional.

Sostuvo que el plan podría estar concluido en lo que va de la presente semana, para comenzar con su ejecución de manera inmediata. Una vez se tenga claro cuánto de dinero se logrará ahorrar, el Consejo creará nuevos ítems para juzgados en todo el país.

Aclaró que el plan no sólo implica la reducción de personal en todo el país sino también de salarios, pues hay jefes y técnicos que tienen salarios más altos que algunos jueces.

REESTRUCTURACIÓN

Con la llegada de los nuevos consejeros, la Sala Plena reestructura sus salas operativas de la siguiente manera: Sala Disciplinaria compuesta por Juan Orlando Ríos y Roxana Orellana; Sala de Control y Fiscalización conformada por Oswaldo Patiño y Magdalena Alanoca.

“Con esto cada juez tiene en promedio una carga de 1.125 causas, humanamente imposible de atender ni siquiera trabajando las 24 horas de los 365 días al año”, sostuvo la presidenta del TDJ de La Paz, Carmen del Río Quisbert.

Hasta noviembre de 2016 se contabilizaron 270.000 juicios en La Paz, lo que según el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) significa que cada juez debe atender al menos 1.125 casos por día. Esta carga procesal es identificada como uno de los factores de la retardación en los estrados judiciales.

La presidenta del TDJ de La Paz, Carmen del Río Quisbert, dijo a La Razón que la cifra es una muestra de la mora procesal que existen en los juzgados paceños, hecho que cada año -afirmó- va en crecimiento por la falta de personal, recursos e infraestructura.

Hasta el 15 de noviembre sobrepasaron las 270.000 procesos, que deben ser atendidos por 240 jueces y 17 vocales. Los datos restantes de parte de noviembre y diciembre se los dará a conocer hasta fin de este mes.

 

Con esto cada juez tiene en promedio una carga de 1.125 causas, humanamente imposible de atender ni siquiera trabajando las 24 horas de los 365 días al año”, sostuvo. Más datos sobre esta temática los encuentra en la edición impresa de este medio.

La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maritza Suntura, dio un mensaje a los operadores de justicia: “si alguien no está de acuerdo con el sueldo, tiene las puertas grandes, pueden renunciar y dedicarse a otro tipo de actividades”.

Suntura hizo este llamado durante el acto de inauguración del año judicial en la ciudad de La Paz.

En la oportunidad, la magistrada pidió reflexionar a los “pocos” operadores de justicia que hacen quedar mal a este Órgano del Estado, incurriendo en actos de corrupción para acumular bienes materiales.

“Les pido que vayamos a nuestros casa todos los días con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, manifestó.

“Nadie puede hablar a nombre de un magistrado, especialmente de mí, y si es así denuncien, háganme conocer, porque no me va temblar la mano para meterlo ‘adentro’”, acotó.

Instó a los funcionarios judiciales que sí les gusta esa profesión deben amanecerse cumpliendo su labor, e incluso trabajar sábado y domingo para cumplir con la sociedad.

5 EJES

La Magistrada planteó cinco ejes temáticos para una reforma a la justicia.

El primero consiste en que se debe desarrollar una normativa adecuada a nuestra realidad, que no sea ambigua.

En segundo lugar, propuso destinar mayor presupuesto al Órgano Judicial para facilitar la aplicación de nuevas leyes y contratar a más operadores de justicia, aclarando que la intención no es subir los sueldos de los jueces.

El tercer punto consiste en formar a los bolivianos desde el hogar con principios ético-morales, para que no sean corruptibles en el futuro.

Como cuarto punto, planteó tomar en cuenta los méritos, la vocación de servicio y el desempeño ético para la elección de autoridades judiciales, y por último la Magistrada pidió hacer capacitaciones y evaluaciones periódicas a los operadores de justicia.

Los magistrados aseguran que en el país existe un juez para cada 10.000 habitantes. El año pasado la carga procesal fue de 677.500 casos y solo fueron atendidos 324.500, es decir el 47%

Los jueces anticorrupción atienden casos de violencia familiar y los jueces penales están a cargo de casos laborales. Así están trabajando los administradores de justicia en el país y, para empeorar el panorama, aumenta la mora procesal y no hay recursos económicos para crear más juzgados o para la capacitación de  más jueces. Ese es el diagnóstico de los magistrados que fueron consultados por EL DEBER a propósito de la reforma judicial anunciada por el Gobierno.

El Ministerio Público no está exento de problemas. La Paz y Santa Cruz son los mayores distritos judiciales del país y no cuentan con el número ideal de fiscales y procuran salvar las deficiencias con la creación de las fiscalías corporativas que estarán a cargo de varios casos, pero los litigantes afirman que es más complicado porque ahora deben esperar que tres o más fiscales se pongan de acuerdo para atender sus casos.

Con ese panorama, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, dijo ayer que los cambios planteados al Órgano Legislativo agilizarán las causas porque los jueces y fiscales no podrán demorar un caso porque serán sancionados. 

Según un informe del Ministerio Público, en los últimos 18 meses fueron destituidos 87 fiscales involucrados en hechos de corrupción o por retardación de justicia. 

El proyecto de ley presentado por el presidente Morales señala que los fiscales que no se presenten serán reemplazados y, en otros casos serán llevados al juzgado por la fuerza pública.
 Los abogados que no acudan a los juzgados recibirán multas, que pueden alcanzar el pago de 10 salarios mínimo nacional, y en caso de reincidencia pierden la licencia de ejercicio profesional por hasta 10 años. Además, el Estado concederá un defensor público al cliente que se quede sin asistencia del profesional que ‘abandone la causa’.

El dinero
Pero cuando se habla de asignar recursos económicos al Órgano Judicial, las autoridades optan por cambiar el tema y hablan de un “largo debate” sobre la redistribución que claman los jueces.
 Según el Presupuesto General del Estado 2017, el TGN destinará al Órgano Judicial la suma de Bs 825.336.000, monto considerado insuficiente por los jueces. Aseguran que con ese dinero se tendrá que poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, que requerirá más juzgados.

La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Carmen del Río Quisbert, dijo que en la inauguración del año judicial se conoció que la carga procesal llegó a más de 677.500 causas en todo el país, de las cuales fueron resueltas poco más de 324.500, es decir, un 47% del total.

“Esas cifras nos llevan a concluir que con la cantidad de jueces que tenemos, solo podemos resolver, en promedio, cerca del 50% de las causas y/o trámites judiciales”, dijo la autoridad. A la falta de jueces y de recursos limitados, se suma la deficiente infraestructura, la carencia de recursos humanos debidamente capacitados, materiales y tecnología.

Asimismo, dijo que, tomando en cuenta el último censo de población, existe un juez por cada 10.000 habitantes, lo que demuestra la desproporción existente en el Órgano Judicial. “En La Paz sobrepasaron las 290.000 causas en la gestión 2015 que debieron ser atendidas por apenas 230 jueces y 17 vocales. Es decir que cada juez tiene, en promedio, una carga de 1.200 causas y es humanamente imposible atenderlas, ni siquiera trabajando las 24 horas de los 365 días del año”, graficó.

Los jueces consideran que el mínimo que puede asignar el Tesoro General de la Nación (TGN) a este Órgano, es del 3% del total del presupuesto, que para la gestión 2017 alcanza a Bs 210.346.912.461, lo que significa que los jueces buscan una asignación de Bs 6.310.407.373.
Para este año, el TGN asignó al Poder Judicial la suma de Bs 825.336.000, lo que significa que piden un incremento del 764,5% al actual presupuesto,  monto considerado “una exageración” por los  legisladores.

La exmagistrada Rosario Chánez afirmó que después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y otras leyes, el Órgano Judicial perdió sus ingresos  propios y relegó varias salidas económicas.

Su colega, la también ex magistrada Silvia Salame, afirmó que en este momento es impensable un retorno de los ingresos propios perdidos, por tanto debe ser el Estado el que asigne el dinero.
El jefe de bancada del MAS en el Legislativo, Franklin Flores, afirmó que llegado el momento habrá que debatir el dinero que recibe el Órgano Judicial, pero, en su criterio, las autoridades judiciales deberían equilibrar la cantidad de causas que atiende cada juez, porque algunos tienen asignados decena de casos y otros están a cargo de un centenar de procesos, lo que no es equitativo