En casa de herrero cuchillo de palo

Conquistar nuestros espacios, nuestro hogar ese debe ser nuestro principal objetivo para terminar con la homofobia, discriminación, el ejemplo empieza por nuestras propias casas y hogares.

Después de la tan esperada promulgación de la ley de identidad de género en Bolivia, se ha asomado nuevamente un viejo pero muy conocido enemigo llamado extremismo radical, sumado a los atentados de Orlando y Xalapa a la comunidad TLGB.

Sin embargo, esta nota no va dirigida a rememorar estos sucesos tan mediáticos, que nos gustaría se diera a conocer con el mismo impacto en cobertura a los más de 55 crímenes de odio hacia la población TLGB en el país, en las redes sociales se ha desatado como nunca una feroz batalla contra la comunidad TLGB de Bolivia, desde amenazas, insultos, ridiculización y una serie de hechos, que podría decirse que se ampara en el libre derecho de teclear lo primero que se nos viene a la mente, ya que ahora solo basta tener un móvil,conexión a internet y podemos incendiar a quien nos dé la gana sin medir consecuencias.

Pero el dato va más allá, en medición de homofobia y discriminación, la ley de identidad ha destapado y revelado nuevas estrategias de discriminación usando el miedo en las redes como mecanismo.

Y también nos ha demostrado que se puede hacer una reingeniería del odio, como nunca este año note que la homofobia se ha implantado en nuestras casas, en el patio trasero de nuestras organizaciones, con nuestras parejas, amantes, amigos, amigas y simples conocidos.

“Si van a marchar no hagan el ridículo”, ”piensen en los niños, que los ven”,“soy gay pero no me disfrazo para el circo” muchas de estas afirmaciones nos han inundado y podríamos llenar hojas y hojas de este tipo de comentarios con un tinte claramente homofóbico y discriminador, asombra y asusta más cuando tu peor enemigo es uno mismo, cuando conoces al tradicional homofóbico esperas eso y mucho más, pero ¿qué haces cuando la basura viene de tu propia hogar?; ¿cómo enfrentas esos hechos?.

En mayo de este año ASUNCAMI organizó un Grupo de Autoayuda Mutua entre familiares de personas gays para la reflexión fue concisa y clara, la sensibilización y lucha viene primero por nuestras casas, nuestras comunidades, calles, barrios, escuelas, universidades, el pupitre con tu compañero/a de asiento, en el trabajo en esa área en la que cada día interactuamos.

Como podemos decirnos que somos hombre y mujeres que trabajan y defienden los DDHH en general sea cual sea la línea temática, cuando no hemos podido conquistar nuestros espacios cotidianos, y si, la palabra conquistar  debe ser nuestro slogan, pues de qué sirve la reivindicación, cuando en mi propio hogar las cosas son catastróficas.

Peleamos en nuestras organizaciones por sensibilizar a la gente de afuera cuando hacia dentro nos estamos vaciando, nos estamos saboteando a vista y paciencia de las generaciones actuales y para alegría de nuestros detractores.

Esta clase de argumentos de falsa moral, de agendar al otro que haga esto y no haga el otro, es  un nuevo escenario que los fundamentalistas están usando en contra el movimiento TLGB, nosotros mismo les damos herramientas para sabotearnos.

Y es claro que es homofobia pura y latente, resentimiento, y hasta odio. Como nunca se nos ha intentado chantajear “ya tienen su ley pero no marchen como circo ,no nos hagan quedar mal, después la gente piensa que todos somos así” ese fue el comentario que me hizo un fraternal desconocido por la red, las leyes son para todos los y las habitantes de Bolivia, no puedo hablar de “su” ley como si no me involucraría, han sido y serán nuestros cuerpos entacados, brillosos ,afanados, emplumados y coloridos quienes han generado y explotado el debate homosexual de forma inicial, la danza travesti de todos los días en nuestras calles y plazas son las que generan la discusión, como podemos imaginar resultados desde el escondido de nuestro confort, como es posible, como se lo consigue.

Y como prueba de que la visibilización y el éxito que dan nuestros cuerpos, es la marcha del 2 de Julio en la ciudad de La Paz, como nunca se ha visto a compañeros y compañeras salir de sus “closets” ha mostrado a la ciudad que estamos aquí que nuestra existencia es palpable, tangible y no es mito de la minoría, somos reales y nos parecemos a nuestro pueblo porque somos los cotidianos y cotidianas de esta nación.

Conquistemos nuestros hogares, refundemos nuestro movimiento, alcancemos a nuestras familias, es más rico ver un hogar sensibilizado, comprometido y empoderado que un volante informativo que alguien usara para empapelar su cocina, nuestras armas son nuestros cuerpo presentes compañeros y compañeras, no son bombas, ni apagar las voces con odio es nuestros besos en marchas homofóbicas, es agarrarnos de la mano en la calles de nuestra ciudad, no es fácil dirán la mayoría, no lo es, es verdad, pero mientras haya esperanza hay que luchar.

Que nuestros performances sensibilicen a nuestros hermanos, que nuestra poesía rompa el miedo de nuestros padres que sean ellos que nos defiendan, que la palabra orgullo este en nuestro hogares.

No pensemos que la guerra del odio nunca llegara aquí, a veces las malas prácticas son las que mejor se imitan, esta no es una batalla solo de gays, lesbianas, trans o bis,es de todos y todas.

*José Luis Maldonado Manzaneda, Secretario General del Consejo ciudadano de diversidades sexuales y genéricas del Municipio de La Paz

 

Política de drogas: Bolivia y el cauce de sus nuevas lógicas

Tras el constante llamado de la ONU en Bolivia en favor de mitigar penas y aplicar medidas sustitutivas  a raíz del problema de desproporcionalidad que sufren (sobre todo) mujeres en nuestro sistema penal por sustancias controladas; es inevitable asumir que para enfrentar los problemas de justicia que atraviesa el país, nuevas lógicas se hacen imprescindibles.

Así como las aguas discurren en curso por su cauce, nuevas lógicas se desarrollan a partir de nuestra capacidad cognitiva de afrontar la evolución de los sucesos en el tiempo, mediante la evolución del pensamiento. 

Si se supone que nuestro éxito evolutivo biológico radicó en la capacidad de adaptación de nuestra especie hace aproximadamente seis millones de años en el África oriental, ¿por qué no hemos de suponer que el éxito de la supervivencia de nuestras civilizaciones radique también en la adaptación del pensamiento a su contexto?

Es ahí donde retomo el párrafo primero, recordando que la iniciativa de tomar nuevas lógicas en la justicia relacionadas a género y política de drogas; más que una iniciativa aislada, parece ser inevitablemente parte de un pensamiento colectivo que en la búsqueda y construcción  de una solución a sus problemas estructurales, debe generar constantemente nuevos enfoques en pos de la supervivencia de su sistema.

Pensamiento que comparte una colectividad

La Asamblea General  de Naciones Unidas sobre el problema mundial de drogas 2016 realizada en Abril de este año, fue el epítome de estas “nuevas lógicas” desde su concepción. Llevada a cabo tras la petición en 2012 de los presidentes de Colombia, Guatemala y México a la ONU, UNGASS 2016 se vislumbró como la oportunidad de oro para iniciar un cambio de enfoque en torno la actual situación del mundo con relación a esta problemática.

Con cuatro discursos1 fuertes, la asamblea que en 1998 tuvo como postulado “un mundo libre de drogas”, tenía ahora como enunciado “poner al ser humano en el centro”2.

Estas posturas más la presencia de la sociedad civil en la asamblea, sin duda proyectan avances; sin embargo y examinando al detalle los objetivos de la asamblea, el procedimiento de aprobación de las conclusiones y el documento final; claramente se ve que la oportunidad de oro, no es más que un pequeño escalón en el proceso de flexibilización de las políticas represivas actuales. Proceso que una gran parte de la sociedad civil espera culmine en reforma.

Y fue en la misma Asamblea que el presidente Morales citó en su discurso que: “la guerra contra las drogas ha fracasado”. Recordando la efectividad de su modelo de control social que entre 2011 y 2014  experimentó un 34% de reducción según los mismos informes de la ONU, batiendo récord regional en reducción de cultivos excedentarios.

Hace mención del deterioro en la salud pública, recordando que en dos décadas el número de consumidores había aumentado en un 40%. (Punto importante pues en Bolivia la figura de consumo como tal es aún inexistente). Por último Morales dice que es importante el “incentivo al debate amplio basado en la realidad de cada país”

…Y como diría un buen amigo estratega: El diablo está en el detalle.

Una de las claves para generar nuevos acercamientos es precisamente el debate, pues los nuevos enfoques surgirán a través de que esta, y generaciones venideras pongan en ejercicio la investigación y el debate sobre su realidad nacional; no sólo en relación a la hoja de coca, sino y también en temas relacionados a salud pública, sistema penal y género.

En ese sentido UNGASS 2016 fue un escenario en el que se hizo tangible un sentimiento abstracto surgido de la causalidad y de sus condiciones históricas, y a pesar de que el documento final no refleja las demandas del sector civil (ya que fue elaborado en Viena y por procedimiento fue aprobado antes del debate); fue un escenario cuyas repercusiones dieron  espacio a la auto reflexión para la  modificación de las políticas de drogas en cada país.

Bolivia y las expectativas en torno a su política de drogas

Tras conocer que un 39% de la población carcelaria femenina recluida por Ley 1008 representa más del triple del promedio mundial, se hace evidente que el llamado de ONU es resultado de que las circunstancias exigen una revisión en nuestros códigos y legislación.

Criterios antes inexistentes como “mitigar penas para consumidores” y “aplicar medidas sustitutivas a la cárcel”, son hoy en día opciones para aliviar un sistema penitenciario que de lo contrario solo tiende a la asfixia.

En la actualidad se están revisando tanto la ley 1008 así como otros códigos relacionados, y si bien es difícil saber con exactitud los detalles, se espera que de haber modificaciones tiendan a una solución realista que contemple figuras tanto de consumo como de micro tráfico. A partir de eso esperemos se tome en cuenta algo de lo siguiente:

1.- Diferenciación de consumo (consumidor problemático y no problemático) – se esperaría una  determinación de cantidades realistas para ambas figuras (y según sustancia), que tiendan a la proporcionalidad en vez de propender a la criminalización de usuarios.

2.- Diferenciación entre consumo personal y microtráfico.-  En Bolivia la determinación de la calidad de los consumidores se acostumbra a realizar mediante peritaje, este método no suele ser efectivo pues no establece criterios de clasificación y por tanto tiende a caer en la subjetividad de cada perito. Si por el contrario las cantidades de consumo están bien definidas, (caso de Portugal, donde se contempla que un porte de consumo personal está destinado a cubrir el consumo de 10 días)3 el peritaje resulta irrelevante.

3.-Que se contemple el auto cultivo pues finalmente nuestra propia historia nos ha enseñado que los cultivadores no deben ser criminalizados.

4.- Reconocer que Bolivia al ser un país fundado en la pluralidad, conserva en su  historia el uso de plantas medicinales ancestrales como ayahuasca, san pedro (achuma), y Huilca además de la hoja de coca.

Encontrar (entre otras) estas consideraciones en los nuevos proyectos relacionados a nuestra política de drogas sería sin duda un signo de que quienes las diseñan, han entrado en el cauce evolutivo de las nuevas lógicas. Esperemos  entonces que como sociedad civil encontremos la forma de aportar en el diseño de nuestras políticas públicas a partir de la formación, la investigación y el debate, pues de ello depende que como bolivian@s construyamos la realidad que queremos vivir sin solamente hacer de la política una demanda, sino una fórmula de acción para mejorar la vida de tod@s.

[1] Juan Manuel Santos Calderón – Colombia, Evo Morales – Bolivia, Enrique Peñanieto – Jimmie Morales – Guatemala concordaron en que las políticas actuales son un fracaso, hablaron de incluir la visión de desarrollo, rechazaron de manera común a las intervenciones unilaterales y expresaron estar a favor de que se contemplen los Derechos Humanos.

[2] Cita de las palabras del Presidente Santos de Colombia en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas.

[3] Estadísticas del gobierno señalan que desde que se sancionó la despenalización del uso y tenencia de drogas, el consumo de Heroína bajó en un 10%

 

El Anacronismo de la Cadena Perpetua

Como uno de los resultados de la reciente Cumbre de Justicia se ha endosado acríticamente la propuesta de cadena perpetua para delitos de violación sexual a menores. Esto nos plantea un debate más profundo en relación a los fines de la pena. Cuando buscamos el encierro indefinido de quienes transgreden la ley ¿qué realmente estamos buscando? ¿Para qué las cárceles?

Contemporáneamente “el derecho de castigar ha sido trasladado de la venganza del soberano a la defensa de la sociedad” decía Foucault, por lo que -por sus fines- la prisión perpetua significa una regresión anacrónica a las prácticas del revanchismo social. El Papa Francisco ha dicho que la cadena perpetua es una sentencia de muerte encubierta, ya que constituye una pena que al establecer que el condenado permanecerá toda su vida en prisión, se le niega, que aquél pueda reincorporarse a la sociedad; por ello, es una pena contraria a los fines penitenciarios de readaptación, reeducación y reinserción social que prevé el derecho internacional de los derechos humanos en un Estado democrático de Derecho.

La constitución boliviana vigente se pronuncia claramente a favor de la función de rehabilitación social que tiene la cárcel, cuando dice que nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles e inhumanos, (artículo 15), cuando fija que es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad (artículo 74) y que las sanciones privativas de libertad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados (artículo 118).

Así, se atribuye a las sanciones de privación de la libertad fines congruentes con los establecidos en los instrumentos internacionales de los derechos humanos.  El artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. En términos similares, el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados…”. La Comisión Interamericana de DDHH, estableció en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las América que: “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados; la resocialización y reintegración familiar; así como la protección de las víctimas y de la sociedad”. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe expresamente la cadena perpetua por delitos cometidos por menores de 18 años de edad. Asimismo, se han adoptado diversos compromisos con el fin de proscribir de manera absoluta e inderogable las torturas, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

El que una pena sea impuesta a perpetuidad es una clara indicación de su finalidad, la cual no busca la resocialización, sino más bien mayor sufrimiento, una especie de muerte en vida o pena de muerte prolongada. Se sustituye el principio de culpabilidad por el de peligrosidad, desnaturalizando el proceso penal. Una condena a perpetuidad significa vivir y morir en la cárcel, convirtiéndose en un castigo cruel e inhumano. Salvo el llamado “pasillo de la muerte” no puede haber otro castigo más cruel que la cadena perpetua, que es condenar a alguien a vivir sin horizonte ni esperanza, sin futuro ni proyecto de vida, donde la sociedad le niega a uno de sus miembros toda posibilidad de retorno resocializador. Por ello, frente al avance progresivo del derecho penal, el anacronismo de la cadena perpetua colisiona con el fin rehabilitador de las penas privativas de la libertad y la prohibición de penas crueles.

*Ramiro Orias es Abogado, Magíster en Estudios Internacionales, especialista en DDHH

Acerca de la independencia judicial en el marco de la Cumbre Nacional de Justicia Plural en Bolivia

Debemos comenzar señalando que la independencia judicial es un elemento indispensable del Estado Constitucional de Derecho, constituyéndose en uno de los pilares que asegura la libertad, la seguridad jurídica -que se traduce en la igualdad de todos(as) ante la ley-, así como la justiciabilidad de los derechos de todas las personas. En consecuencia, un Estado Constitucional y Democrático de Derecho no podría subsistir sin un Órgano Judicial que cumpla con las mínimas condiciones de independencia (frente a los demás órganos del Estado) e imparcialidad (del juzgador en todas sus decisiones).

Bajo esta premisa, y para poder analizar el panorama sobre la independencia judicial en Bolivia, resulta necesario abordarlo en el contexto de la reciente “Cumbre Nacional de Justicia Plural”, que ciertamente se constituye en un hito histórico para la Justicia Boliviana, desde todo punto de vista, dado que se ha establecido (con defectos y virtudes), en un espacio de articulación social e institucional a nivel nacional, sentando claramente las bases mínimas para (re)construir y transformar la administración de justicia en Bolivia1.

Con este evento nacional, se ha intentado responder de alguna forma a la constante demanda del pueblo boliviano por mejorar el acceso a la justicia, luchar contra la corrupción, transparentar los procesos judiciales, a través de materializar los principios de celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico y servicio a la sociedad, del sistema de justicia en nuestro país. Asimismo, debemos tener en cuenta que, y según el propósito de la convocatoria, para la realización de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, se tomaron como orientaciones, las propuestas recibidas de la sociedad civil, organizaciones sociales, entidades académicas, entidades públicas y privadas que han sido sistematizadas, en la medida de lo posible, por el Ministerio de Justicia.

Para este breve análisis, es importante y necesario considerar que el objetivo general de la Cumbre Nacional de Justicia fue principalmente establecer las bases de la revolución de la Justicia en Bolivia, para la construcción de un nuevo Sistema de Justicia Plural que esté al servicio del pueblo, erradicando prácticas judiciales corruptas y coloniales heredadas del pasado, eliminando la retardación de justicia y garantizando el acceso a una justicia pronta y oportuna, basado en los valores y principios del Estado Plurinacional de Bolivia para Vivir Bien.

Ello explica que se hayan estructurado varias mesas de trabajo para abordar -en alguna medida- los temas cruciales y las problemáticas urgentes que se presentan precisamente en el sistema de administración de justicia. No obstante, es evidente también que ninguna de las mesas de trabajo de la Cumbre, estuvo íntegramente dedicada a analizar o evaluar la independencia judicial 2, y ello es comprensible, en la medida en que la Cumbre fue convocada exclusivamente por uno de los Órganos del Estado, el Órgano Ejecutivo, y fue materializada (en su aspecto operacional y logístico) a través del Ministerio de Justicia, si bien con participación de distintos sectores de la sociedad civil (afines a las preferencias políticas de las instancias gubernamentales); en consecuencia, no era posible que una cumbre convocada por el Gobierno Nacional, pueda analizar o evaluar objetivamente la independencia de otro Órgano del Estado, dado que además tampoco puede garantizar por sí mismo la independencia judicial, después de las varias muestras de intromisión en las actividades judiciales, en los últimos años.

Ciertamente, el Órgano Judicial necesita ser independiente e imparcial para el adecuado desempeño y correcto cumplimiento de las funciones constitucionalmente asignadas; sin embargo, algunos autores bolivianos como Herrera Añez, han señalado con bastante razón, que aunque se proclamen estas garantías, tanto en la Constitución como en los Pactos Internacionales, “falta mucho para que podamos hablar en Bolivia de un Órgano Judicial verdaderamente independiente. Con pocas excepciones, los diferentes gobiernos (democráticos o dictatoriales) se han ‘apropiado’ del Órgano Judicial y lo han sometido a diverso tipo de presiones y controles fácticos y formales. En los hechos –agrega Herrera3 el Órgano Judicial tiene la independencia que los políticos estén dispuestos a cederles o, lo que es lo mismo, siempre ha tenido una ‘independencia controlada’. Los propios jueces y magistrados tampoco han sido sus mejores valedores y defensores. La independencia judicial ha estado, por tanto, condicionada políticamente, más que determinada por las reglas y estructuras formales”.

Ahora bien, en el marco de la reciente Cumbre Nacional de Justicia Plural han surgido algunas propuestas que, en lugar de afianzar o consolidar la independencia del Órgano Judicial, llegan a afectar seriamente esta cualidad esencial del sistema de administración de justicia. Así por ejemplo, se ha propuesto crear una “Comisión” en cada departamento para el control social del Órgano Judicial, lo que a su vez, tiene estrecha relación con aquella otra propuesta de crear un Órgano extra encargado de fiscalizar el trabajo del Órgano Judicial.

En ese contexto, cabe hacer referencia a la configuración constitucional del Órgano Judicial, lo que tiene directa relación con la naturaleza jurídica del mismo y el alcance del ejercicio la potestad jurisdiccional. Se debe recordar entonces, que la organización del Estado, está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos que lo componen.

Asimismo, se debe considerar que por mandato constitucional (artículo 178), la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de: “independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico (…)”; de lo cual se infiere que la independencia del Órgano Judicial es una cualidad esencial en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus atribuciones a través de los distintos subórganos (instancias judiciales y operadores de justicia) que componen su estructura interna.

Se entiende que la función de los jueces es administrar justicia, que consiste en decidir quién tiene la razón en un conflicto aplicando las reglas del derecho, y el momento en que deciden los jueces, sea cual fuere su jerarquía, deben hacerlo imparcialmente, sin ser influenciados de ninguna forma por ninguna persona o autoridad4. A esta cualidad se denomina “independencia judicial”, y la parcialidad o falta de independencia conlleva la negación de justicia, vale decir, que el fallo o la decisión, parcializada, sin neutralidad, es en sí misma una injusticia.

Cabe precisar que, en relación con la independencia judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ha invocado en algunas de sus decisiones la jurisprudencia de la Corte Europea, así como diversos instrumentos internacionales entre los cuales cabe destacar: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948); el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos (diciembre de 1966); los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuente, (celebrado en Milán entre el 26 de agosto y 6 de septiembre de 1985); la Carta Democrática Interamericana (aprobada en septiembre de 2001).

En el caso de Bolivia, la Constitución Política del Estado, prevé (artículo 178, parágrafo II) que constituyen garantías de la independencia judicial: “1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial; 2. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales”. Entonces, la primera de estas garantías, constituye el impedimento constitucional idóneo y necesario, para considerar como inviable la otra propuesta -que también ha surgido en la Cumbre-, de cesar a los operadores de justicia de sus funciones.

En definitiva, las propuestas surgidas en la reciente Cumbre Nacional de Justicia Plural realizada en Bolivia, desconocen la independencia judicial dado que no aseguran en ninguna forma su vigencia efectiva, lo que supone un retroceso en la medida en que desobedecen los mandatos establecidos tanto en la propia Constitución Política del Estado, inobservando los criterios establecidos expresamente en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que –ratificados por Bolivia– forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, mismo que a su vez sirve de parámetro ineludible de control de constitucionalidad de todas las disposiciones legales en el país. En consecuencia, cualquier propuesta dirigida a menoscabar la independencia judicial, no tiene sustento normativo válido, dado que únicamente afecta la vigencia del Estado Constitucional y Democrático de Derecho en Bolivia.

 


 

[1] No obstante, cabe considerar también que el Gobierno Nacional, extrañamente sólo necesitó 48 horas (2 días) para afrontar y diseñar las probables soluciones a la crisis de la administración de justicia en Bolivia; lo cual seguramente será considerado como una hazaña del “proceso de cambio” (lo que no es más que falsa demagogia).

[2] Según la doctrina, se pueden distinguir la independencia judicial horizontal y vertical. La independencia horizontal se refiere a que el Órgano Judicial, o sea sus operadores, deben decidir en las causas, sin ser influenciados ni condicionados por los otros Órganos del Estado (en nuestro país, Ejecutivo, Legislativo y Electoral). La independencia vertical consiste en que los jueces sean independientes al fallar de toda forma de presión en relación a los otros miembros del sistema de administración de justicia; en otras palabras, el juez no debería ser influenciado en uno u otro sentido por un autoridad superior jerárquica. Cfr. Pamela Delgadillo y Rogelio Mayta. Laberinto.bo – Notas para un diagnóstico de la justicia y algunas propuestas. La Paz, Bolivia: Red UNITAS y Diakonia, 2015. Pág. 183.

[3] Cfr. William Herrera Añez. El estado de la Justicia boliviana. Del Estado Republicano al Estado Plurinacional. Cochabamba, Bolivia: Grupo Editorial KIPUS, 2013. Pág. 31.

[4] Ciertamente, “la independencia judicial implica que los jueces resuelven los asuntos que conocen con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”, según los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.

 

Bolivia y el oscurantismo de la información pública

Somos ciudadanos del siglo XXI conviviendo con un aparato público del siglo XIX. Basta pasar unos minutos dentro de una instancia pública intentando acceder a información oficial para que esta afirmación se pegue a fuego en la piel.

La transparencia hacia el ciudadano no está dentro del glosario cotidiano de las instancias públicas ni tampoco en el vocabulario de los servidores públicos. Temen el escrutinio público y defienden a ultranza la cultura del statu quo.

Y esto debe preocuparnos y mucho. Porque si bien la información producida por el Estado es un bien común, se halla bajo un velo de secretismo que no hace más que restar. Y resta porque es a partir de los procesos de apertura de datos públicos que la sociedad civil organizada tiene la opción de participar en la construcción de país. Resta porque es con el análisis de las estadísticas que genera el Estado que podemos tener la posibilidad de proponer y participar en la elaboración de políticas públicas. Resta porque es munidos de información oficial que podemos ser parte del control social sobre lo que hacen quienes nos gobiernan y alertar sobre medidas gubernamentales que consideramos necesarias.

Aquí de lo que se trata es de sumar y para hacerlo requerimos instancias públicas que nos brinden la información sobre el funcionamiento del Estado de forma detallada, desagregada, sistematizada, gratuita y reutilizable. Tenemos el derecho como ciudadanos y como colectivos de la sociedad civil de buscar, recibir y difundir documentos e informes que son sujetos de escrutinio público.

Es el Estado el llamado a garantizar este derecho que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado, como en los artículos 21, 24, 28 y 106. Se trata, sin embargo, de letra muerta. Porque no importa si se trata de una oficina del municipio, de un ministerio o del Legislativo, tener acceso a información pública puede fácilmente resentir el hígado del ciudadano que se aventura a navegar por los engorrosos procesos que se requieren para acceder a los datos producidos por el Estado.

Y para agravar esta situación, hay que recordar que Bolivia es uno de los pocos países del continente que aún no cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, norma básica para asegurar los estándares mínimos de transparencia dentro de los gobiernos que garantizan que la información pública esté realmente a disposición del conjunto de la sociedad sin mayores trabas. Llevamos años esperando que esta ley salga a la luz. Pero no lo hará y se mantendrá en las tinieblas hasta que oficialismo y oposición asuman de una vez la decisión política de impulsar esta norma y de implementarla a cabalidad.

Bolivia se halla rezagada en el contexto internacional en lo que a procesos de transparencia y rendición de cuentas se refiere. En los últimos años, muchos países del mundo han adoptado estándares de transparencia a sus gobiernos y han abierto aspectos de su gestión a los ciudadanos. Esta apertura se alinea con los objetivos del movimiento por el gobierno abierto, que busca generar conciencia sobre la importancia de pasar de un sistema de secreto o con falta de información a uno abierto y participativo. Para eso, se deben implementar políticas amplias y eficaces de acceso a la información, gobierno abierto y datos abiertos.

Y aquí la sociedad civil organizada tiene su cuota de responsabilidad. Porque deben ser las voces de la sociedad civil las que deben exigir a nuestros representantes y autoridades que asuman su responsabilidad de sacar al aparato público del oscurantismo en el que se encuentra y encaminarlo hacia el rumbo de la transparencia, la participación, la colaboración y la apertura de datos. Todos estos ejes permitirán a las instancias del Estado aumentar su legitimidad, mejorar sus procesos de rendición de cuentas y tender puentes más directos con quienes deben ser su máxima prioridad: los ciudadanos.

Efectos de la privación de libertad

La privación de libertad conlleva una serie de consecuencias pues la situación de vida de la persona cambia radicalmente. La pérdida de la libre locomoción es un impacto emocional y social muy severo por el cambio involuntario abrupto de hábitos, contexto, gente, pérdida de intimidad, etc. Supone una pérdida de nexos familiares a corto, mediano o largo plazo, así como una posible pérdida de rol sexual, deterioro de su identidad y otros factores psicológicos, incluidos la percepción y la autoestima. La cárcel implica una sujeción a normas impositivas por el sistema en cuanto a horarios, espacios, vestimenta, comida y otros. Todo ello enlaza hacia el desarrollo de un nuevo código de conducta y valores, incluso más allá del sistema de control, más bien regido y dirigido por los internos más antiguos, quienes en su proceso de adaptación han generado ciertos roles y status al interior del penal, mismos que en muchos casos deben cumplirse, incluso con violencia.

Sin embargo no debemos olvidar que estos factores mencionados dependen mucho del tipo de cárcel. Bolivia tiene un sistema carcelario sui generis donde varios de estos elementos no se presentan o se presentan de distinta forma. Así se observa en las cárceles, en especial las de varones, una mayor permisividad al ingreso de los distintos miembros de la familia, inclusive con pernocte o que ingresen mujeres visitantes que se relacionan con los internos, factores que influyen sobre los efectos de la prisionalización. Sin embargo la cárcel genera de todas formas una subcultura per se en los internos, basada principalmente en acciones tendientes a defender los derechos de éstos frente al personal de guardias y el sistema. El objetivo es conservar su integridad personal manteniéndose firmes ante las adversidades, soportando las frustraciones para no perder la dignidad.

Esta nueva conducta del interno surge como un proceso de adaptación de sobrevivencia emocional-afectiva humana para no desestructurarse como persona haciéndoles frente a los sufrimientos psicológicos que conlleva la pérdida de libertad, al sentirse además rechazados por la sociedad.

Así es que la prisionalización resulta ser un proceso por el que atraviesa un interno por su permanencia en la cárcel, mismo que asume, incluso sin darse cuenta de ello y que le genera una conducta, acciones y valores propios de una subcultura carcelaria. El ser humano debe adaptarse a cualquier adversidad para sobrevivir y eso es lo que hace un interno durante su permanencia en mayor o menor escala.

En relación al tipo de delincuente, se pueden plantear 3 clases según Schrag, citado por Echeverri (2010):

►Delincuente Primario: internos que han cometido su primer delito por factores circunstanciales no premeditados, lo que genera en ellos un enorme nivel de ansiedad e impacto. El nuevo entorno les resulta especialmente intimidante y puede crear en ellos un efecto de arrepentimiento y reflexión. En este grupo se puede tener delincuentes que cometieron cualquier delito, pero que depende de su reacción ante el sistema y sus factores personales para que no reincida.

►Delincuente Ocasional: este delincuente ya ha pasado por el sistema carcelario por una clase o más de delitos, desde robos hasta delitos con connotación violenta. Este delincuente acepta las normas de la cárcel porque las conoce, pero también está dispuesto a transgredir minimizando su responsabilidad.

►Delincuente Habitual: son internos que han hecho del delito su modus vivendi y han estado entrando y saliendo de la cárcel toda su vida adulta. Su vuelta a prisión es considerada como de “mala suerte” y piensan que “la próxima no me agarran”. Sienten que la forma de vivir es la ilegal. Su adaptación al penal es rápida por la costumbre a ello. Este grupo puede incluir a psicópatas y dentro de éstos a los delincuentes sexuales. Para este tipo de personas la frialdad de sus reacciones será un factor importante para su supervivencia en la cárcel, al controlar sus reacciones, conductas y actitudes, pues en varias cárceles el “código” de éstas hacen del delincuente sexual una persona “no grata” en especial si su víctima fue un niño o una niña. A su vez este delincuente para sobrevivir deberá ser mostrar dureza personal, resistencia y fortaleza física y mental.

Los efectos de la prisionalización son variados y dependen básicamente de 3 factores:

► De la personalidad del individuo a través de la forma en la que razona, las metas que tenga, su autoestima, su nivel de agresividad, la presencia de rasgos psicopáticos, entre otros.

► De su familia a través de sus valores, presencia de dependencias de alcohol u otros similares, problemas intrafamiliares, presencia o no de apego afectivo primario, presencia o no de afectos recibidos, recursos económicos, grado académico, etc.

► De la sociedad: a través de la actitud que muestre la sociedad hacia conductas desadaptadas y en general, de la forma de influir en las personas.

La sintomatología o efectos propios de la privación de libertad se observan a través de los siguientes elementos:

► Ruptura con el mundo exterior: el hecho que se aísle de la sociedad le produce al interno un alejamiento de todo aquello que el mundo libre, implica.

► Contaminación psíquica e ideológica: el interno llega a contaminarse de la subcultura carcelaria, coadyuvando al deterioro de su persona en el campo afectivo, emocional, de los valores o la ideología en la que pudo formarse, restándole capacidad para resocializarse.

► Adaptación al medio carcelario: sufre un deterioro psíquico al adaptarse al medio, mismo que puede dificultarle en su proceso de resocialización.

► Proceso de desvinculación familiar: el interno se va alejando de su familia poco a poco y puede irse sintiendo cada día más solo, aislado, marginado por su propia familia y la sociedad.

► Identificación del desarraigo social: al pasar del tiempo y en el proceso de adaptación asumiendo la vida y códigos carcelarios, cada vez se relaciona más con los otros internos, lo que puede contribuir  a la mayor degradación de su conducta.

► Desadaptación social: permanecer por determinado período en prisión le hace olvidar que fue un ser social y que algún día, cuando recupere la libertad, le puede ser difícil el readaptarse y  vivir en sociedad.

La vida en prisión afecta a través de los siguientes factores psicológicos:

► Ansiedad: dependiendo de las circunstancias en las que haya sido encarcelado, la ansiedad del interno se torna elevada en especial al principio, reduciendo los niveles a medida que se va adaptando a la situación.

► Despersonalización: el hecho de tornarse un interno más del recinto, posiblemente no poder tomar decisiones personales sobre varios factores: celda, compañías, comida, manejo de su tiempo, etc., puede conducir ello a que se aleje de sí mismo.

► Pérdida de intimidad: el compartir una celda con otra persona y la dificultad de poder elegir y tener un espacio privado para encontrarse con uno mismo, genera dificultad en la propia intimidad, más aún si hay hacinamiento.

► Autoestima: el efecto social, familiar y personal de perder la libertad afecta directamente sobre la seguridad personal y el valor que la persona siente por sí misma, llegando a tener la sensación de ser una ser sin ningún valor.

► Falta de control sobre la propia vida: la rutina carcelaria en cuanto a horarios, comida, trabajo, aseo, etc. son factores que desestructuran al interno. A ello se suma la realidad que la permanencia en la cárcel le quita la posibilidad de seguir trabajando en su rubro habitual, así como la idea de desconocer y perder el contacto con su familia, le genera una sensación de desamparo.

► La sexualidad: en prisiones de estricto control y rigidez la sexualidad del interno queda truncada, por lo que muchos de los internos de esa situación optan por un posible cambio de orientación sexual o la abstinencia.

► Ausencia de expectativas: dependiendo del curso del proceso penal o de los años de prisión asignados, el interno suele ir perdiendo una meta de desarrollo personal productivo en el campo familiar, laboral u otro, pues se centra únicamente en la obtención de su libertad, sin pensar en realidad en lo que realmente hará cuando la tenga.

A manera de conclusión se puede plantear que los efectos de la privación de libertad dependen del sujeto, de su familia y de la sociedad, pero en nuestro medio boliviano, dependen adicionalmente del tipo de prisión en el que vive el interno, pues la rigidez o no en el tipo de control y en general, las particularidades de nuestros centros penitenciarios generan otros efectos o estos mismos pero en diferente forma y grado. Ello nos debe motivar a hacer una revisión sobre los efectos que generan nuestros sistemas carcelarios, en especial mirando hacia el objetivo de la cárcel: la resocialización.

* Dipl.Psych. Guiomar Bejarano Gerke - Psicóloga en Área Forense

Observatorio de sentencias

Jurisprudencia Constitucional

Sala de prensa

Monitoreo de Noticias



El magistrado del Tribunal Agroambiental (TA), Lucio Fuentes, quien fue presidente de esta instancia en 2014, señaló que se ha realizado un avance significativo en estos casi seis años de gestión, que se enfocan, sobre todo, en relación a la instalación de sistemas informáticos en los despachos de jueces y en salas de audiencia que permitieron optimizar el tiempo y la calidad en la resolución de causas.

El Consejo de la Magistratura otorgará información a la Asamblea Legislativa, sobre la existencia de antecedentes penales por violencia intrafamiliar o procesos ordinarios con imputación formal de todos los postulantes que se presenten para los cargos en el Órgano Judicial.

Hay 13 postulantes registrados para las elecciones judiciales de octubre, a cuatro días de cerrarse el plazo de presentación de requisitos, según los datos difundidos por la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Senadores.

Hasta el momento, al Tribunal Constitucional Plurinacional se postulan Willy Calle Mamani, de Oruro; Emilio Calle García, autoidentificado como indígena originario campesino, procedente de La Paz; y Bergman Cuéllar Arauz, del Beni. Para el Tribunal Supremo de Justicia Benigno Omar Durán Rojas (La Paz); Ernesto Félix Mur (Tarija); Loida Rita Iriarte Ramos (Tarija); Vianey Méndez Sotiz (Chuquisaca); y Juan Tomás Mostacedo Martínez (Chuquisaca).

A siete meses de concluir con su gestión de seis años, los presidentes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura hicieron una evaluación de su trabajo durante este tiempo. Si bien admiten las críticas y cuestionamientos por parte de la población hacia todo el Órgano Judicial, también señalan que hicieron el mayor esfuerzo por dar celeridad a la administración de justicia.

Con motivo de la Cumbre Nacional de Justicia, el 10 de junio de 2016, miembros de redes y organizaciones de la sociedad civil, nos pronunciamos sobre la necesidad de garantizar la independencia judicial, entre otros mecanismos, mejorando el proceso de preselección de postulantes para conformar el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, propuesta que fue acogida por la Cumbre y se incluye en sus conclusiones.

Esta propuesta, está basada en los estándares internacionales existentes para la selección de miembros/as de “altas cortes”, los cuales exigen que se regulen mecanismos públicos, trasparentes, participativos e incluyentes orientados a identificar el mérito y la capacidad profesional de los postulantes, y que aseguren condiciones de igualdad y no discriminación de ninguna índole, especialmente entre hombres y mujeres.

Estos estándares deben estar reflejados en el Reglamento de Preselección que será utilizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional para escoger a los postulantes mejor calificados. Es por ese motivo que, a manera de aporte para el debate legislativo, presentamos públicamente los siguientes puntos mínimos, que consideramos deben recogerse en el nuevo Reglamento, a fin de garantizar la selección y elección de los/as profesionales más idóneos/as para ocupar tan importantes cargos.

1. Los requisitos mínimos para acceder al cargo (tanto generales como específicos) deben ser claros y objetivos, y no ser susceptibles de interpretación 

Los requisitos mínimos constituyen el primer filtro que los/as postulantes deben superar para ser seleccionados/as. Por lo tanto, deben estar formulados objetivamente de forma clara y detallada, basados en la Ley. Deben evitarse requisitos formulados de forma amplia, vaga y susceptible de interpretación, pues ello puede generar que se excluyan o se incluyan posibles candidatos de manera arbitraria.

2. Además de los requisitos mínimos, debe regularse un perfil que describa las cualidades y aptitudes que se espera de los/as futuros/as magistrados/as e integrantes de las “altas cortes”.

El perfil es la principal herramienta para identificar el mérito de los/as postulantes; por lo tanto, el Reglamento de Preselección debe incorporarlo como un parámetro diferente de los requisitos mínimos para acceder al cargo, pues se trata de conceptos distintos.

Los requisitos (edad, nacionalidad, antigüedad en el ejercicio de la profesión, experiencia especifica en el ámbito judicial, ausencia de condenas disciplinarias, etc.) describen condiciones legales mínimas que habilitan a una persona para postular al cargo, y permiten descartar a quienes no pueden ser magistrados/as de las más “altas cortes”. El perfil, en cambio, describe el conjunto de cualidades, habilidades y aptitudes que debe tener el futuro magistrado/a, como parámetro para identificar a quienes serían los postulantes más idóneos.

El perfil de las más altas autoridades de justicia puede ser medido en base a criterios objetivos (que también deben desarrollarse en el Reglamento de Preselección), y debería incorporar cuando menos los siguientes elementos:

  • Independencia e imparcialidad frente a intereses políticos, sociales y económicos.
  • Reconocida honorabilidad, una historia de conducta intachable y trayectoria vinculada al ejercicio del derecho.
  • Conocimiento legal sobresaliente y especializado para el cargo al cual se postula.
  • Compromiso con la protección de los derechos humanos, los valores democráticos, la transparencia y la institucionalidad del Órgano Judicial.
  • Habilidad analítica y capacidad de expresión oral y escrita.
  • Capacidad para entender las consecuencias sociales y jurídicas de sus decisiones
  • Capacidad de realizar análisis de derechos, a partir del enfoque de género.
  • Aporte Intelectual en los procesos de reforma al sector judicial.

3. La instancia técnica de calificación de méritos debe ser autónoma, distinta de las entidades políticas encargadas de la pre-selección.

En ese sentido, el anuncio de una comisión académica, integrada por ocho profesionales y conformada desde el sistema universitario es un avance importante, pero deben precisarse sus atribuciones para que asuma la tarea técnica e independiente de calificar el mérito de los postulantes mediante el examen de sus conocimientos y el análisis de sus respectivos currículos, conforme a criterios de valoración y una escala preestablecida.

4. El proceso de preselección debe ser transparente y público en todas sus etapas

No basta que se haga público un listado con los nombres de los/as postulantes, sino que toda la información presentada por ellos, como sus hojas de vida, para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos y de los elementos del perfil, deben ser públicamente accesible a la ciudadanía, en un plazo razonable y suficiente para poder ser contrastada. Asimismo, deben ser públicos los informes que habiliten o inhabiliten aspirantes, y los reportes de calificación de cada una de las etapas de evaluación. De igual forma, debe definirse previamente una política para el manejo de eventuales conflictos de interés entre los miembros de la instancia de preselección y los postulantes.

5. Se deben realizar audiencias públicas con los postulantes para evaluar sus capacidades

Es importante que se celebren audiencias públicas que permiten evaluar o corroborar ciertos aspectos del perfil de los postulantes. Estas entrevistas deben ser de acceso público y transmitido por radio, televisión nacional e internet, para que la ciudadanía pueda conocer mejor las ideas de los postulantes en cuanto al derecho y el papel de la judicatura en la sociedad.

6. La participación de la sociedad civil debe ser un principio rector del proceso

El Reglamento de Preselección debe incorporar mecanismos y prever condiciones que permitan una participación ciudadana efectiva (Entidades civiles, centros de estudio, organizaciones de DDHH, colegios de abogados, entre otras), desde la posibilidad de presentar información relevante así como impugnar la participación de algunos de los postulantes, dentro de un plazo razonable (las que deben ser investigadas y verificadas), y de proponer -mediante un conducto adecuado- preguntas para las entrevistas públicas. 

En este proceso se debiera incorporar el uso de medios tecnológicos para mayor transparencia y participación ciudadana.

7. Se debe garantizar diversidad en la composición de las “altas cortes”

El Reglamento de Preselección debe incorporar mecanismos para que la composición de los tribunales de las “altas cortes” refleje la diversidad de la sociedad, tanto en lo referido a género como a interculturalidad.

La Paz, 27 de abril de 2017.

  • Acción Semilla
  • Alianza Libres Sin Violencia
  • Asociación de Mujeres Jumampi Lurata
  • Asociación Un Nuevo Camino
  • Capítulo Boliviano de Derechos Humanos
  • Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC)
  • Centro Fortaleza
  • Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Regional – CEDURE
  • Centro Integral de Defensores de Derechos Humanos
  • Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública
  • Centro de Investigación Social y Trabajo en Equipos Multidisciplinarios- CISTEM
  • Conexión Fondo de Emancipación
  • Confraternidad Carcelaria Bolivia
  • Construyendo Redes para el Desarrollo
  • Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres –ECAM
  • Defensores de Derechos Humanos: Sonia Soto
  • Fundación La Paz
  • Comunidad de Derechos Humanos
  • Centro Boliviano de Estudios Disciplinarios -CEBEM
  • Fundación Buen Gobierno
  • Fundación CONSTRUIR
  • Fundación Esperanza en la Justicia y los Derechos Humanos
  • Fundación para el Debido Proceso
  • FUNDAPPAC
  • Fundación TUTATOR
  • Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia
  • Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación -FUNDETIC – BOLIVIA
  • Hechos Imaginarios
  • Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social – IIPS
  • La Pública
  • Oficina Jurídica de la Mujer
  • Observatorio de Derechos Humanos
  • Pastoral Penitenciaria
  • Realidades Bolivia
  • Universidad NUR
  • Fundación Paz y Esperanza
  • Católicas por el Derecho a Decidir/ Bolivia
  • Derechos en Acción

La oposición considera que delegados del sistema universitario serán “floreros” en el proceso de evaluación de aspirantes a altos cargos judiciales.